Por Staff
Expreso-La Razón
El abogado Andrés Norberto García Repper Favila fue designado titular de la Fiscalía Anticorrupción, con una votación de mayoría calificada, una institución que en menos de una década ha acumulado una pesada carga de expedientes abiertos y cuentas pendientes. Sustituye en el cargo a Jesús Eduardo Govea.
El nuevo fiscal llega a un órgano creado en 2017, en la etapa en que el PAN diseñó el andamiaje local anticorrupción, y que desde entonces ha navegado entre el rezago, la baja judicialización y una credibilidad golpeada por la percepción de selectividad.
El primer problema está en el inventario de casos, al cierre de 2025, se reportó que la Fiscalía Anticorrupción cerró el año con más de mil carpetas de investigación, de las cuales 200 tenían resolución, 843 seguían en trámite, y además cargaba 37 averiguaciones previas heredadas de administraciones anteriores.
Ese rezago equivale a expedientes iniciados hace años, con integración incompleta, peritajes financieros pendientes y líneas de investigación que no llegaron a imputación.
Además, en enero de 2025 se reportó que la Fiscalía Anticorrupción investigaba a 573 exfuncionarios y tenía 790 carpetas en trámite, con un posible desfalco estimado en hasta 500 millones de pesos, mientras que en el último año se logró que 29 ex servidores públicos fueran vinculados a proceso.
La historia de la fiscalía también explica el ruido político que acompaña su arribo: fue creada en 2017 con promesas de castigo, pero reportes periodísticos documentaron que entre 2017 y 2022 llegaron más de mil denuncias, se judicializó alrededor de 5%, y apenas se registraron cinco sentencias condenatorias, según información obtenida vía transparencia.
En su etapa panista, la fiscalía quedó marcada por la acusación recurrente de selectividad, no siempre por lo que hacía, sino por lo que no hacía, casos de alto impacto permanecieron sin resolución judicial, mientras expedientes contra adversarios políticos eran usados como señal de fuerza, aunque no llegaran a sentencia.
García Repper es como abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales, egresado de la UAM Azcapotzalco, con formación y experiencia en materia electoral y representación ante órganos electorales.
Su currículum público lo ubica como diplomado en Derecho Electoral y con trayectoria vinculada a asesorías y tareas jurídico-políticas.
En el terreno partidista, el propio García Repper ha sostenido públicamente que no es militante de Morena, aunque su trayectoria incluye cercanía profesional con ese partido.
El Congreso, por su parte, condujo un proceso que incluyó una convocatoria en diciembre y enero, revisión de requisitos, entrevistas, lista de finalistas y designación el 5 de febrero, un carril institucional que ahora se mide por resultados, no por el expediente legislativo.
Los pendientes concretos que asoman en el corto plazo son tres: ordenar el inventario de más de mil carpetas, priorizar el bloque de 790 asuntos ligados al sexenio anterior, y construir casos que resistan juzgado.
De alto impacto
La Fiscalía Anticorrupción tiene bajo su responsabilidad una larga lista de expedientes contra exfuncionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En proceso se encuentran las acusaciones contra María de Lourdes «A», exsecretaria de Finanzas, señalada de aplicar 139 millones de pesos del erario a fines distintos de los autorizados el 5 de agosto de 2021. El monto involucrado convierte este caso en uno de los más relevantes por su impacto económico. También el exsecretario de Desarrollo Urbano Gilberto «E» enfrenta denuncias por ejercicio ilícito del servicio público, mientras que el exsecretario de Administración Jesús Alberto «S» tiene orden de aprehensión vigente por no acudir a audiencias, habiendo sido vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones.
La ex contralora gubernamental Elda Aurora «V» también aparece mencionada en carpetas de investigación junto con Jesús Alberto «S», señalados de adjudicar de manera directa 14 contratos a dos personas morales y una física por un monto de 8 millones 233 mil 500 pesos en hechos registrados durante 2022. Estos casos evidencian presuntos esquemas de corrupción que involucraron a múltiples niveles de la estructura gubernamental anterior.
