La economía mexicana no está inmersa en una discusión ideológica sino en una decisión estratégica, una secuencia de movimientos donde cada política pública relevante:fi scal, comercial, energética o regulatoria, se adopta bajo la expectativa de que el otro actor reaccionará para maximizar su propio beneficio, incluso si el resultado agregado termina siendo peor; visto con frialdad macroeconómica, México opera hoy dentro de un juego repetido, donde las decisiones no se miden por su efecto inmediato sino por la forma en que alteran incentivos, reputación y expectativas a lo largo del tiempo, un entorno donde la consistencia institucional pesa más que el discurso y donde los errores no se cancelan, se acumulan.
La disyuntiva es estructural; cooperar implica reglas estables, certidumbre jurídica y consistencia institucional, mientras que desviarse supone decisiones unilaterales que privilegian control político de corto plazo; en teoría de juegos el resultado eficiente se alcanza cuando ambas partes cooperan, pero la racionalidad individual empuja a cubrirse, en términos macroeconómicos la cooperación reduce riesgo país, baja primas de financiamiento y eleva el valor esperado de la inversión, la desviación introduce incertidumbre, encarece el crédito y deteriora expectativas, cuando ambos jugadores se protegen al mismo tiempo el crecimiento se erosiona y el equilibrio resultante es subóptimo pero persistente.
Los datos confirman el costo de ese equilibrio defensivo; durante la última década México creció en promedio apenas 1.2% anual, de acuerdo con el Banco Mundial, por debajo del promedio de América Latina y muy lejos de economías emergentes comparables, un ritmo insuficiente para absorber fuerza laboral, elevar productividad o sostener ingresos reales, a ello se suma que la productividad total de los factores se ha mantenido prácticamente estancada desde 2018, según estimaciones de la OCDE, lo que explica por qué incluso en años de recuperación cíclica el crecimiento potencial sigue siendo bajo.
A esta fragilidad estructural se añade que más del 55% de la población trabaja en el sector informal, según INEGI, lo que implica baja recaudación, escasa protección social y una economía dual que limita la transmisión de políticas públicas; el Banco Mundial estima que esta informalidad resta entre 1.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento potencial, un lastre que convierte cualquier choque externo en un problema interno amplificado, en una economía de ingresos bajos cada mala señal tiene un efecto multiplicado.
La relación con Estados Unidos convierte este juego en uno de largo plazo; más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese mercado y alrededor del 50% de la inversión extranjera directa proviene directa o indirectamente de empresas vinculadas a su cadena productiva, lo que hace racional la cooperación, aunque nunca automática, Estados Unidos también maximiza su función de pago mediante subsidios industriales, relocalización selectiva, control tecnológico y presión logística, como lo muestran la Ley de Reducción de la Inflación y los programas de reindustrialización estratégica; aquí la interacción adopta la forma de un dilema del prisionero, ambos países estarían mejor cooperando, México ofreciendo certidumbre e integración productiva, Estados Unidos garantizando acceso preferencial y trato no discriminatorio, pero la desconfianza altera los incentivos y empuja a un equilibrio de menor inversión y mayor volatilidad.
El equilibrio de Nash perfecto entre México y Estados Unidos no surge de discursos ni de gestos simbólicos, sino cuando ambas economías internalizan que desviarse es más costoso que cooperar en cualquier etapa del juego; para Estados Unidos implica cadenas de suministro eficientes y estabilidad fronteriza, para México certidumbre comercial y flujos constantes de inversión, en ese punto ninguno mejora su pago imponiendo sanciones, aranceles encubiertos o incertidumbre regulatoria, porque hacerlo activa represalias técnicas que reducen el beneficio agregado.
El nearshoring ilustra esta lógica; la geografía reduce costos, pero no elimina riesgos, la inversión fija bruta aún no recupera plenamente los niveles previos a 2018 y se mantiene alrededor del 22% del PIB, lejos del 25% recomendado para crecer de manera sostenida, de acuerdo con la CEPAL, además la inversión privada responde más a señales institucionales que a anuncios políticos, el capital no evalúa intenciones, evalúa probabilidades.
La política fiscal también forma parte de esta matriz de pagos; México ha mantenido disciplina relativa frente a otros emergentes, pero enfrenta presiones crecientes por Pemex, cuyo endeudamiento supera los 100 mil millones de dólares, y por un gasto social que se ha vuelto estructural, cooperar implicaría ampliar la base tributaria y reducir evasión, estimada por el SAT en más del 20% del potencial recaudatorio, desviarse significa postergar ajustes y trasladar el costo al futuro, en economías abiertas la reputación fiscal se construye lentamente y se pierde con una sola desviación.
El peor resultado en un juego repetido no es el colapso inmediato sino el estancamiento persistente; ese es el riesgo real para México si combina bajo crecimiento, informalidad estructural y señales de incertidumbre, el castigo no llega como crisis, llega como salarios que no despegan, productividad estancada y movilidad social limitada, como muestran los datos del Coneval.
México no está condenado al peor resultado, pero tampoco puede actuar como si esta partida se jugara una sola vez; cada decisión ajusta expectativas, cada señal modifica el comportamiento del otro jugador, en este juego repetido desviarse puede parecer rentable por un momento, cooperar es la única estrategia racional cuando el horizonte es de largo plazo y el costo de equivocarse se paga con años.
