Se acaba de publicar el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch deja una cifra que debería encender todas las alertas: el 72 % de la población mundial vive hoy bajo gobiernos con rasgos autoritarios o en contextos de regresión democrática, de acuerdo con Larry Diamond profesor de la universidad de Stanford, nos encontramos en una “recesión democrática”. No se trata solo de dictaduras tradicionales o regímenes cerrados.
El fenómeno alcanza también a democracias formales, países con elecciones,
parlamentos y tribunales que, en la práctica, han comenzado a vaciar de contenido los derechos y las libertades que dicen proteger.
La regresión no es abstracta ni distante. Se expresa en el debilitamiento de los contrapesos institucionales, en la estigmatización de la prensa, en la normalización de la violencia estatal y en el uso del miedo —real o fabricado— como mecanismo de control social.
Uno de los casos más ilustrativos de esta regresión es el de Estados Unidos. El informe de HRW subraya que la presidencia de Donald Trump ha tenido un impacto profundo y duradero en el sistema global de derechos humanos . No solo por sus políticas internas, sino por el mensaje que proyectó al mundo: el desprecio por las normas internacionales, el ataque sistemático a la prensa, la criminalización de migrantes, los asesinatos cometidos por el ICE y tolerados por el gobierno, ha aniquilado la asistencia alimentaria y los subsidios a la atención de la salud, atacado la independencia judicial, desobedecido órdenes judiciales, deshecho avances en los derechos de las mujeres. Trump anunció un plan estadounidense alarmante que busca transformar a Gaza en una “Riviera del Medio Oriente” sin población palestina, lo que equivaldría a limpieza étnica. Cuando una democracia central relativiza los derechos humanos, legitima que otros hagan lo mismo.
Ese efecto cascada es visible en múltiples regiones. Gobiernos que antes se cuidaban de guardar las formas hoy actúan con mayor descaro. Ocurre en democracias consolidadas como Estados Unidos, en regímenes iliberales como Hungría o India, y en experiencias latinoamericanas como El Salvador. Las elecciones permanecen, pero los derechos se erosionan; los tribunales existen, pero pierden independencia; la ley sigue escrita, pero se aplica de manera selectiva., sabiendo que el costo internacional es mínimo o inexistente. La ley del más fuerte sustituye al derecho, y la excepción se vuelve regla.
México: cifras que no admiten eufemismos
En este contexto global, México no es una excepción; es uno de los casos más graves. HRW México documenta que el país continúa registrando niveles extremadamente altos de violencia criminal, con una tasa de homicidios superior a 25 por cada 100 000 habitantes, una de las más elevadas del mundo . La impunidad es estructural: solo uno de cada diez homicidios intencionales llega a resolverse.
La violencia no solo proviene del crimen organizado. El informe señala abusos persistentes cometidos por fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y una creciente militarización de tareas civiles . A ello se suma una reforma judicial que ha encendido alertas sobre la independencia del Poder Judicial, debilitando uno de los últimos contrapesos efectivos del Estado.
México sigue siendo, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En 2025, al menos siete periodistas fueron asesinados, y se documentaron decenas de casos de acoso judicial contra comunicadores críticos . Informar se ha vuelto un acto de riesgo; investigar, una amenaza.
El retroceso es real
El mensaje del Informe Mundial 2026 es incómodo, pero claro: el mundo está retrocediendo. Y en México, ese retroceso se ve profundizado por una combinación letal: delincuencia organizada que controla territorios, impunidad crónica y un Estado que responde a la violencia con operativos contra delincuentes, pero evita tocar a los políticos que los protegen y se benefician de ellos, debilitando aún más la justicia y la rendición de cuentas. El reporte es claro y contundente: La reforma constitucional al poder judicial amenaza su independencia y no aborda los principales obstáculos a los que se enfrentan los mexicanos para acceder a la justicia.
No estamos frente a una crisis pasajera ni a un problema de percepción. Estamos frente a un deterioro sostenido del Estado de derecho, normalizado por el discurso oficial y amortiguado por la costumbre. Cuando el miedo se vuelve rutina y la violencia se administra como política pública, la regresión deja de ser una advertencia y se convierte en una realidad.
El mundo tiene una regresión. México, también. Y seguir llamando “estabilidad” a esta deriva no es prudencia: es complicidad.
