POR STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
Madero, Tam.- Acciones legales, asociaciones políticas y esquemas empresariales sin trayectoria operativa han definido, a lo largo de tres sexenios, los movimientos inmobiliarios en Playa Miramar, mediante procesos que operan en los márgenes y más allá de la legalidad formal en una zona estratégica por su alto valor turístico.
No se trata de un episodio aislado ni de decisiones inconexas, sino de una secuencia de gobiernos que utilizaron el patrimonio público para convertirlo en negocios con apariencia de beneficio comunitario y como mecanismo de ajuste político, administrativo y financiero, trasladando suelo estratégico a manos privadas bajo marcos legales cambiantes.
El primer movimiento siempre bajo sospecha se ubica entre 1999 y 2004, durante el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba, cuando el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Pablo Zárate Juárez, facilitó la salida de 163,886 metros cuadrados a consorcios vinculados al poder estatal.
La operación se realizó a un precio de 10 pesos por unidad de superficie, en un contexto donde la vocación turística del sur de Tamaulipas ya estaba definida, implicando una descapitalización deliberada del patrimonio público frente a una plusvalía en formación.
Ese primer desplazamiento de suelo sentó las bases de una tenencia fragmentada que condicionó los siguientes sexenios, al consolidar la tierra como activo privado antes de que existiera un modelo integral de desarrollo urbano y ambiental para el litoral. El segundo momento ocurre en 2021, ya durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando el Estado recupera predios de Playa Miramar no como restitución social, sino como resultado de una limpieza jurídica vinculada a procesos penales.
En ese contexto se utilizó la figura de la dación en pago para extinguir responsabilidades derivadas de delitos como peculado, entre ellos el caso de Benito Torres Ramírez, transformando deudas penales en activos inmobiliarios que ingresaron al inventario estatal.
Lejos de consolidarse como reserva estratégica, esos terrenos recuperados fueron preparados para una nueva fase de enajenación, evidenciando que la recuperación operó como un eslabón intermedio dentro de una lógica continua de transferencia patrimonial.
El tercer momento se produce en 2022, aún bajo el sexenio de García Cabeza de Vaca, cuando la administración estatal ejecuta la venta de cinco lotes estratégicos de Playa Miramar, con una superficie conjunta de 5.8 hectáreas, mediante licitaciones públicas nacionales.
Los contratos fueron protocolizados ante la Notaría Pública número 271, a cargo de Joel Vela Robles, confirmando que la operación no fue informal, sino jurídicamente estructurada desde el aparato gubernamental. El 8 de marzo de 2022, Hospitals & Investments S.A. de C.V., representada por Miguel Isaac Khoury Simán, obtuvo los lotes catastrales 35041, 35042 y 35043, con una superficie de 40,050 metros cuadrados, por 158.3 millones de pesos.
El esquema financiero estableció plazos de hasta ocho años con periodos de gracia de tres años, permitiendo la adquisición de derechos reales sin desembolsos inmediatos significativos y trasladando el ingreso efectivo al erario hacia administraciones futuras.
Este diseño desarticuló la relación entre desarrollo y propiedad, al permitir la tenencia prolongada del suelo sin inversión física, mientras el Estado absorbía el costo de oportunidad de no contar con recursos líquidos.
El 18 de agosto de 2022, Discovering México Destination Club S.A.P.I. de C.V., filial de Grupo Xcaret, formalizó la compra de los lotes 35044 y 35045, con 17,817 metros cuadrados, por 106.2 millones de pesos. La operación se cerró a menos de cien horas del relevo en el Poder Ejecutivo, sin dictámenes de impacto ambiental ni flujogramas de obra validados, un vacío técnico que comprometió la viabilidad del proyecto desde su origen.
Las bases de licitación exigían proyectos ejecutivos completos, sin embargo ambos consorcios omitieron el flujograma de obra, una carencia documentada por áreas técnicas del propio gobierno estatal sin que se activaran sanciones o rescisiones.
El cuarto momento se activa en septiembre de 2023, cuando la LXV Legislatura de Tamaulipas, con mayoría de Morena y el Partido del Trabajo, deroga los decretos que autorizaron la venta, argumentando vicios de origen y ausencia de beneficio social verificable. La revocación declaró la nulidad de los actos derivados y ordenó la reincorporación de 58,000 metros cuadrados al patrimonio estatal, bloqueando el uso de los terrenos como activos de apalancamiento financiero. La Auditoría Superior del Estado determinó que el esquema de pagos diferidos constituyó un daño patrimonial cuantificable, al perder el Estado el control del suelo sin recibir su valor comercial presente.
El análisis señaló que el municipio de Ciudad Madero absorbió el costo de oportunidad, mientras los particulares conservaron títulos susceptibles de valorización sin ejecución material. La respuesta de los consorcios se manifestó en juicios de amparo ante juzgados federales, alegando derechos adquiridos, aunque la ausencia de inversión física debilitó su posición frente a la facultad revocatoria del Estado.
El quinto momento se configura en 2026, cuando el expediente se reactiva en los hechos a partir de la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El ajuste técnico modificó el trazo de la franja federal, colocando algunos predios fuera de ese ámbito y reconfigurando su estatus administrativo, sin revertir formalmente la revocación legislativa. Hasta ahora no se han publicado dictámenes técnicos completos ni planos georreferenciados, generando un vacío documental que volvió a tensar la relación entre la decisión legislativa estatal y la administración federal
En paralelo, peritajes ambientales de 2025 revelaron una degradación del 22 por ciento de la duna costera y señalaron que el 40 por ciento de la superficie se ubica en zona de riesgo por marea de tormenta. Estos datos elevaron la exigencia técnica para cualquier desarrollo futuro, obligando a incorporar medidas de mitigación hidráulica omitidas en las licitaciones de 2022 y redefiniendo el costo real de intervención.
La nueva fase, denominada Miramar Punta Sur, sustituyó la venta directa por esquemas de concesión, manteniendo la titularidad pública del suelo y condicionando su uso a estándares de sostenibilidad y ejecución inmediata. Han manifestado interés el Consorcio Atlante, Iniciativa Litoral integrada por empresarios regionales y Global Shore Group con capital extranjero, todos obligados a iniciar obra en un plazo máximo de seis meses.
En el plano jurídico, la fiscalía especializada mantiene carpetas abiertas contra ex funcionarios de las secretarías de Administración y Turismo que firmaron escrituras en condiciones desfavorables para el erario.
El Registro Público de la Propiedad mantiene notas preventivas sobre los folios reales, inmovilizando los bienes mientras se resuelven los recursos legales, tomando como referencia un valor comercial estimado de 12,400 pesos por metro cuadrado. Playa Miramar permanece como un expediente abierto donde cada sexenio dejó capas que no se cancelan, sino que se superponen, definiendo un sistema donde el patrimonio público se mueve, se limpia, se vende y se reconfigura sin que el ciclo haya concluid
