Por. Pedro Alfonso García
Aún no se disipa del todo el ruido que provocó la investigación y el encarcelamiento del alcalde de Tequila, Jalisco, cuando empieza a insinuarse algo más amplio, la posibilidad de que otros municipios entren al mismo terreno de exposición pública, espacios donde la relación entre autoridades locales y grupos criminales dejó de ser excepcional y terminó por integrarse a la vida cotidiana. En Tamaulipas, ese telón de fondo existe desde hace tiempo y hay episodios conocidos que podrían activarse en cualquier momento.
Lo de Tequila es solamente la confirmación de una dinámica que se fue instalando de manera gradual, cuando el poder municipal aprendió a convivir con actores ilegales no siempre por afinidad ni por acuerdo explícito, sino por presión territorial, dependencia económica o simple cálculo político, una convivencia rara que por largo tiempo se ha reflejado en decisiones administrativas y prioridades que se repiten y que no son precisamente las que marca la agenda ciudadana.
Después de la narcoguerra, el fenómeno dejó de expresarse sólo en términos de violencia abierta y comenzó a operar en el plano administrativo, la disputa ya no fue únicamente por calles o rutas, también por presupuestos, permisos, contratos y controles internos, el municipio se volvió una pieza central porque concentra atribuciones clave con escasa supervisión y una cercanía cotidiana con el territorio.
En muchos casos esa relación no se manifiesta en hechos espectaculares, sino en la normalización, policías que operan con márgenes reducidos, obras públicas que no llaman la atención, negocios que funcionan sin demasiados obstáculos y autoridades que administran la tensión como parte del oficio, no como una anomalía que deba corregirse.
En nuestro Estado se conoce bien esa lógica que por lo menos en más de un siglo ha sido condición persistente, por la combinación de frontera, puertos marítimos, comercio formal e informal y rutas estratégicas que generan una presión constante sobre las administraciones locales, una presión que no siempre se traduce en carpetas judiciales, pero sí en alertas políticas y señales diplomáticas.
Ahí están los antecedentes que rara vez llegan a tribunales, suspensiones de visas, señalamientos indirectos, mensajes que se emiten fuera del país y que regresan convertidos en tensiones internas, síntomas de una desconfianza acumulada que no necesita resoluciones judiciales para hacerse evidente.
En otras zonas del estado, la presencia de la delincuencia organizada se percibe de manera menos visible, pero no menos efectiva, gobiernos municipales que ajustan su operación para evitar fricciones, decisiones tomadas con cautela excesiva y administraciones que prefieren la inercia antes que el conflicto abierto.
La diferencia con décadas anteriores es que hoy estas relaciones son más difíciles de ocultar, no porque hayan desaparecido los mecanismos de protección, sino porque el seguimiento financiero, la cooperación internacional y el intercambio de información reducen el margen de discreción, aunque no necesariamente incrementan la capacidad de sanción.
Por eso Tequila difícilmente será el último nombre en aparecer en los titulares, otros municipios, en distintos estados y con trayectorias diversas, terminarán por salir a la superficie, algunos a través de detenciones, otros por filtraciones y otros por decisiones externas que exhiben lo que internamente se prefirió administrar en silencio.
El problema de fondo no es el escándalo ni su impacto mediático, es la forma en que estas relaciones se volvieron parte del funcionamiento ordinario del poder local, mientras el municipio siga siendo la puerta más accesible para la captura institucional, los casos seguirán apareciendo, con nombres distintos y una lógica conocida.
La pregunta ya no es si habrá otro Tequila, sino cuánto tiempo más permanecerán en segundo plano los municipios donde esa convivencia forma parte de la rutina diaria y qué terminará por hacerla visible.
