Por. Mario Prieto
TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas inició en Tampico un Programa de Atención a Socavones, una estrategia prioritaria para dar solución de fondo a esta problemática que afecta a miles de familias del sur del estado, mediante intervenciones estructurales orientadas a reducir riesgos, fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar mayor seguridad a la población.
El programa contempla en una primera fase 27 intervenciones estratégicas con una inversión inicial de 50 millones de pesos, orientadas a brindar una solución estructural y de largo plazo en los puntos de mayor riesgo de la zona conurbada. Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la infraestructura sanitaria, protege a la población y sienta bases más seguras para el desarrollo del sur de Tamaulipas.
El arranque del programa tuvo lugar en la calle México, entre las avenidas Primera y Segunda de la colonia Laguna de la Puerta, donde se ejecuta la rehabilitación de un colector de 15 pulgadas de diámetro con una extensión de 95 metros lineales, una obra clave para estabilizar el subsuelo y prevenir nuevos colapsos.
Estas acciones responden a las gestiones realizadas por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y se ejecutarán de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y COMAPA Sur, como parte de una estrategia conjunta para atender de manera integral los puntos críticos detectados en la infraestructura sanitaria.
La implementación de este programa se da en un contexto complejo, luego de que durante 2025 se registraran 268 socavones en el sur de Tamaulipas, de los cuales 122 correspondieron a Tampico y 146 a Ciudad Madero; mientras que en lo que va de 2026 ya se han contabilizado 23 nuevos casos, lo que dimensiona la magnitud del reto que enfrenta la región.
Las condiciones generadas tras la sequía de 2024, aunadas al desgaste acumulado de la infraestructura sanitaria a lo largo de varias décadas, evidenciaron la necesidad de una intervención extraordinaria que permita estabilizar colectores principales, reducir riesgos estructurales y garantizar mayor seguridad para las familias de la zona conurbada.
