El domingo 22 de febrero, el Ejército mexicano realizó un operativo contundente, bien planeado y ejecutado, para apresar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Como resultado, el capo cayó abatido cuando era trasladado a la Ciudad de México. Nadie puede regatearle al Ejército, a García Harfuch y, mucho menos, a la presidenta, la relevancia de esta operación.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que, dentro del marco de coordinación bilateral con Estados Unidos, se contó con información de inteligencia proporcionada por autoridades de ese país. A su vez, la embajada estadounidense precisó que la acción fue planificada y ejecutada por fuerzas mexicanas, con apoyo de inteligencia norteamericano. Ambos gobiernos reconocen la cooperación. En ningún momento se vulneró la soberanía: el operativo fue mexicano; el intercambio, estratégico.
Es importante considerar las acciones que antecedieron al hecho: el ingreso de doce elementos de los Navy SEALs y de la Joint Interagency Task Force–Counter Cartel (JITF-CC), el cierre temporal del aeropuerto de El Paso para pruebas tecnológicas y la designación del CJNG como organización terrorista. Ello permitió, dentro del marco legal en materia de terrorismo y seguridad nacional en Estados Unidos, el uso de tecnologías avanzadas —satélites de intercepción, drones de vigilancia y herramientas de inteligencia artificial—, cuya información fue clave para ubicar los movimientos de “El Mencho”.
No es la primera vez que las Fuerzas Armadas cumplen estas tareas. Lo hicieron en 2009 con Arturo Beltrán Leyva; en 2010 con Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, y en 2015 con Servando Gómez, “La Tuta”. Conforme al artículo 89, fracción VI de la Constitución, están mandatadas para preservar la seguridad nacional, demostrando estar preparadas, en los hechos, para una guerra que desde hace años se libra en territorio nacional.
Este operativo marca, una vez más, el fin práctico de la política de “abrazos, no balazos”. El Small Wars Journal, en su artículo “El Cártel de Jalisco Nueva Generación: El mayor reto de seguridad en la relación México-Estados Unidos”, documentó cómo el CJNG aprovechó la transición política y la disminución de la ofensiva contra el crimen organizado bajo esa estrategia, lo que redujo la presión sobre determinadas estructuras criminales. El cambio de enfoque es evidente: la neutralización de quien era considerado imbatible envía un mensaje claro de que el Estado recupera la iniciativa y demuestra que siempre será más fuerte que cualquier organización criminal cuando esta intenta avanzar.
La eliminación de “El Mencho” es relevante porque esta organización no solo domina el tráfico de drogas, sino también el huachicoleo, la extorsión, el robo y la trata de personas. No se trata únicamente de mercados ilícitos: son estructuras de poder criminal que financian campañas, imponen autoridades e influyen en las decisiones públicas.
Eliminar al líder no significa arrancar la raíz. Lo vimos con “El Chapo” y con “El Mayo”. Las organizaciones permanecen porque generan ingresos, reclutan, compran voluntades y cuentan con protección institucional. Mientras no se rompa el vínculo entre la delincuencia y las autoridades, el problema seguirá reproduciéndose.
Este logro fortalece políticamente a la presidenta frente a un gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, el cual ha ejercido una presión constante en materia de seguridad. Un Estado que demuestra capacidad negocia desde la fortaleza. Evitar las presiones ideológicas en México exige resultados concretos, y este operativo lo es.
La reacción criminal tuvo un alto costo humano y económico. Más de 60 personas perdieron la vida —entre ellas 25 elementos de la Guardia Nacional y de las fuerzas de seguridad, al menos 34 presuntos integrantes del CJNG y una civil— durante los enfrentamientos y bloqueos. A ello se suman pérdidas cercanas a los 1,500 millones de pesos por incendios y paralización de actividades, según las cámaras empresariales. Sin embargo, el mensaje de muchos comerciantes fue claro: “No importa, estamos con ustedes… acaben con ellos”. La sociedad parece dispuesta a soportar el impacto inmediato si realmente se ataca la raíz.
La verdadera soberanía no es retórica. Es vivir en paz, trabajar sin extorsión, invertir con certeza jurídica y confiar en que la ley se aplica sin excepciones. La seguridad, el Estado de derecho y la coordinación responsable entre naciones no debilitan a México; lo fortalecen.
El camino es claro: desmantelar las estructuras y cortar de raíz el vínculo entre el crimen y el poder público. Sin desarticular liderazgos, finanzas y complicidades oficiales, nada cambiará en el fondo. La historia del narcotráfico en México ha visto a demasiados nombres caer; falta que caiga el sistema que los sostiene, de lo contrario sólo será un golpe mediático más.
