Por. Antonio H. Mandujano
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un grupo de ejidatarios del municipio de Llera acudió la mañana de este lunes a solicitar la intervención del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para avanzar en la anulación del contrato firmado con la empresa Eólica Mesa La Paz, al considerar que dicho acuerdo presenta irregularidades desde su origen.
Guillermo Flores Medina, representante de los ejidatarios y originario del ejido Las Compuertas, explicó que la petición central de los tres núcleos agrarios involucrados es la cancelación del contrato firmado entre 2007 y 2008, debido a presuntas deficiencias en el proceso mediante el cual fue aprobado.
Indicó que, según el análisis jurídico que han realizado con apoyo de autoridades, cuando se elaboró el acuerdo no se habrían cumplido adecuadamente algunos requisitos legales, entre ellos la correcta convocatoria a los ejidatarios ni el acompañamiento jurídico necesario para la toma de decisiones dentro de las asambleas.
“El proyecto de demanda ya está elaborado. La instrucción del señor gobernador fue echarnos la mano para que, por medio de la Secretaría de Energía y con la Procuraduría Agraria, se caminara del lado de nosotros para presentar el recurso ante el Tribunal Unitario Agrario”, señaló.
Flores Medina detalló también que la acción legal ya fue presentada ante esa instancia y actualmente se encuentra en proceso, por lo que los ejidatarios buscan que el procedimiento continúe sin retrasos hasta llegar a la primera audiencia programada para los días 26 y 27 de este mes.
El representante agrario aclaró que los pagos estipulados en el contrato sí se han realizado en tiempo y forma; sin embargo, señaló que existen otras inquietudes relacionadas con la transparencia en la operación del parque eólico.
Y es que dijo que uno de los puntos que han señalado ante la Secretaría de Energía es que la empresa no ha mostrado los registros completos de la energía que se inyecta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que impide a las comunidades tener certeza sobre los cálculos utilizados para determinar los pagos que reciben.
“Nos pagan, pero no tenemos el sustento de cuánto se está generando realmente, porque no se nos muestran los libros de registro de lo que se inyecta a la CFE”, afirmó.
Flores Medina subrayó que, más allá del litigio, los ejidatarios buscan mantener una relación de cooperación con la empresa, siempre que se logre un nuevo acuerdo que beneficie tanto a la compañía como a las comunidades.
“Nosotros queremos practicar el buen vecino, de ahí parte todo, pero también queremos que la empresa cumpla con lo que marca la ley cuando entra a los estados, que es destinar un porcentaje al sector social, a infraestructura, caminos, escuelas y otros beneficios para las comunidades”, expresó.
Finalmente, reiteró que la principal solicitud que presentaron al mandatario estatal es que continúe el acompañamiento institucional para que el proceso legal avance y se pueda concretar un contrato modificatorio que garantice condiciones más justas para los ejidos involucrados.
Por su parte, el subsecretario general de Gobierno de Tamaulipas, Tomás Gloria Requena, explicó que el conflicto deriva de la inconformidad de los ejidatarios con las condiciones actuales del acuerdo firmado con la empresa, las cuales (según señalan) no han reflejado beneficios proporcionales para los propietarios de la tierra.
“El planteamiento que están haciendo es un replanteamiento del contrato que tienen con la empresa, derivado de que las condiciones en que se firmó originalmente han tenido varias modificaciones y muy pocas, o ninguna, han impactado positivamente a los dueños de la tierra, que son los ejidatarios”, indicó.
Señaló que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya se dio seguimiento al tema a través de la Secretaría de Energía del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, instalando mesas de diálogo entre las comunidades y la empresa para buscar una solución.
Sin embargo, tras varias reuniones entre ambas partes, no se logró alcanzar un acuerdo, por lo que los ejidatarios optaron por acudir a la vía legal.
“Después de varias reuniones de diálogo entre las dos partes, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces las comunidades rurales decidieron presentar una demanda para la disolución o, en su caso, la renegociación del contrato empresarial”, explicó.
El funcionario estatal agregó que el Gobierno de Tamaulipas continúa dando seguimiento al caso en atención a la instrucción del mandatario estatal, con el objetivo de que el proceso se desarrolle conforme a derecho y se atiendan las inquietudes de las comunidades.
Asimismo, destacó que los representantes ejidales han expresado su reconocimiento al respaldo brindado por el gobierno estatal para atender el conflicto y facilitar el acompañamiento institucional durante el proceso.
