Por. Esteban Castro
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ciudad Victoria figura en los organigramas como la capital administrativa de Tamaulipas. En los hechos es también otra cosa: el escenario donde el poder político y el negocio privado llevan décadas operando la misma fórmula: gasto público llega, construye valor en el suelo, y ese valor termina en manos de quienes ya tenían posiciones tomadas cuando se anunció la obra.
Quienes conocen bien la ciudad la describen con ironía: un lugar de asientos nómadas. Cada seis años llegan políticos con sus redes, resuelven lo que tienen que resolver y emigran. Detrás quedan los negocios, administrados por quienes sí se quedan y conocen los ciclos del poder.
Los residentes permanentes acumulan activos que ningún cambio de gobernador puede desmantelar, porque están escritos en escrituras notariales, permisos de fraccionamiento y contratos de obra pública. El corredor urbano de Pajaritos, al norte de Ciudad Victoria, es la demostración más documentada de ese mecanismo, pero no es el único caso.
LA CONSTRUCTORA PRIVILEGIADA
Antes de los fraccionamientos, antes del hospital, está el ingeniero Antonio Carlos Valdez Balboa. Ocupó la Dirección de Obras Públicas del estado en dos periodos distintos —1963-1969 y 1987-1993— suficiente tiempo para conocer a fondo cómo se mueve el dinero público en Tamaulipas y con quién hay que moverse para que llegue.
De esas relaciones nació la Compañía Constructora del Noreste, la empresa familiar se convirtió en una de las más beneficiadas por el presupuesto estatal, y los hijos de Antonio Carlos ampliaron el esquema, Pedro Luis Valdez Garza ocupó el cargo de secretario técnico de la administración estatal, con acceso directo a la planeación del gasto, su hermano Javier operó la constructora Elyeiver, el resultado fue un modelo que colocó a la familia dentro del gobierno y en el mercado de la obra pública al mismo tiempo.
En 2005 la Compañía Constructora del Noreste firmó contratos por 27 millones de pesos para el Hospital General de Mante y sistemas de agua potable en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, en 2006 llegaron 87.6 millones para la segunda etapa del mismo nosocomio, y 2008 fue el año de la cosecha mayor, tres contratos por 207 millones para la construcción del Hospital General de Altamira por 148.9 millones, la ampliación del Hospital General de Victoria por 52.5 millones y obras de drenaje en Nuevo Laredo, en tres años la familia había facturado 321 millones de pesos al erario tamaulipeco, todo en infraestructura de salud pública.
La Auditoría Superior de la Federación en 2007 detectó irregularidades en el manejo de recursos federales destinados a Tamaulipas para obra pública y las observaciones documentaron omisiones en los procedimientos de contratación y adjudicaciones directas por invitación restringida en casos que, conforme a la ley, debieron abrirse a licitación pública. Las irregularidades no interrumpieron el flujo de contratos.
EL COMISARIADO EJIDAL
Los contratos de obra pública fueron la primera fase. Entre 2002 y 2005, Pedro Luis Valdez Garza ejecutó una operación paralela y de mayor alcance estratégico: hacerse del control de la tierra sobre la que crecería la expansión norte de la ciudad.
Mediante cabildeos documentados, se hizo elegir comisariado del ejido Guadalupe Victoria, cargo que ocupó durante dos periodos consecutivos. Desde esa posición, compró parcelas ejidales a precios de aproximadamente 18 mil pesos por hectárea; era tierra agrícola sin infraestructura, sin servicios y sin clasificación urbana, pero situada exactamente hacia donde apuntaba la lógica del crecimiento de la ciudad para quien conocía los planes de la administración.
El cargo de comisariado ejidal no es un formalismo, en los ejidos el comisariado representa legalmente a los ejidatarios, certifica actos de dominio sobre parcelas y sirve de interlocutor ante el Registro Agrario Nacional. Controlar esa posición mientras se compraba la tierra del mismo núcleo ejidal es una concentración de funciones que difícilmente pasa inadvertida, salvo que los beneficiados prefieran no advertirla.
Ignacio Ramos Gutiérrez, quien también fue comisariado ejidal en el mismo núcleo agrario, dejó constancia de lo ocurrido: «Los ejidatarios empezaron a vender su patrimonio. Aquí son 28 ejidatarios, y de los 28 son dos o tres los que conservan los terrenos, la mayor parte de las superficies quedaron en manos de Pedro Luis.»
Según documentos revisados, durante los cuatro años que Valdez Garza operó como comisariado adquirió el 70 por ciento de la superficie del ejido que hoy está desarrollada. El ejido Guadalupe Victoria comprendía originalmente 300 hectáreas, desde el panteón de La Cruz hasta los límites del ejido El Olivo, y esa concentración predial, comprada a precios rurales, es la base material de los fraccionamientos que hoy se comercializan a precios de ciudad.
Los números bastan: 300 hectáreas fueron adquiridas a 18 mil pesos cada una pero una hectárea desarrollada con vivienda de tamaño medio se vende hoy hasta por 16 millones de pesos. La diferencia entre ambas cifras explica, sin necesidad de más argumentos, por qué las ganancias de la familia Valdez se cuentan en cientos de millones de pesos.
LA LEY QUE SE APROBÓ EN TRECE DÍAS
Para que el negocio funcionara era necesario un marco legal que permitiera urbanizar tierra ejidal y ese marco llegó con una velocidad que sorprende incluso a quienes conocen los ritmos habituales del Congreso de Tamaulipas.
En enero de 2006 el Congreso del Estado aprobó la Ley para el Desarrollo Urbano de Tamaulipas, el proceso fue catalogado como fast track con dispensa de estudios y trámites, trece días transcurrieron desde que la iniciativa llegó al Legislativo hasta su aprobación, y la nueva ley otorgó a la Secretaría de Medio Ambiente y a los ayuntamientos la autoridad para reclasificar tierras ejidales como suelo urbano y autorizar su fraccionamiento.
La reforma ocurrió durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, el mismo periodo en que los contratos de mayor valor para la familia Valdez fueron adjudicados y la coincidencia temporal entre esos contratos, la compra de tierras ejidales y la aprobación exprés de la ley urbanizadora dibuja una secuencia de eventos difícilmente atribuible a la casualidad.
La nueva ley habilitó al Ayuntamiento de Victoria para crear el Plan de Ordenamiento Territorial Pajaritos, el instrumento que estableció las reglas para desarrollar complejos habitacionales sobre las antiguas parcelas agrícolas. Durante seis años, la urbanización se mantuvo en pausa, pero en las últimas sesiones del cabildo encabezado por Miguel Ángel González Salum, el plan fue autorizado de manera acelerada.
González Salum fue alcalde priista de Ciudad Victoria entre 2010 y 2013 y llegó al cargo con antecedentes en el sector empresarial local: en los años noventa había participado en sociedades como Mirasierra Desarrollos S.A. de C.V. y Corporativo Empresarial Victoria S.A. de C.V. Actas de cabildo de 2013 y 2015 registran la aprobación acelerada de nombres de calles, lotificaciones y cambios de uso de suelo en la zona de Pajaritos.
Las empresas que operaron la urbanización formal fueron Inmobiliaria Valle de Pajaritos S.A. de C.V. y Promotora y Urbanizadora del Noreste S.A. de C.V. Los fraccionamientos Mirlos, Cardenal, Canarios y Paseo de los Cisnes fueron las primeras unidades residenciales que convirtieron el ejido en producto inmobiliario registrado y comercializado.
MÁS QUE UN HOSPITAL
Lo que detonó el valor del suelo en Pajaritos no fue una decisión del Cabildo ni una reforma legal, fue un hospital federal de alta especialidad pagado con recursos de la Secretaría de Salud.
El 27 de marzo de 2009 el presidente Felipe Calderón y el gobernador Eugenio Hernández Flores inauguraron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, conocido como Bicentenario 2010, una instalación que en su momento fue presentada como un logro de primer nivel para la región.
Lo que nadie mencionó en los discursos de inauguración fue el efecto inmediato sobre el suelo circundante, el valor de las propiedades del norte de la ciudad subió cerca del 30 por ciento según estimaciones del sector inmobiliario, y las empresas promotoras de la zona comenzaron a mercadear el área como un cluster médico, un proyecto que se materializó sólo parcialmente y terminó siendo, sobre todo, un conjunto de fraccionamientos residenciales de mediano y alto valor.
La lógica era impecable: hospital federal de alta especialidad, universidad privada del sistema La Salle y hospital privado universitario, todo construido sobre suelo que el mismo grupo había adquirido a precios ejidales, la infraestructura pública generaba el valor y la inversión privada lo capturaba.
El 8 de octubre de 2014 el gobernador Egidio Torre Cantú colocó la primera piedra del Hospital Victoria La Salle junto al rector José Ramón Cubilla Romero, en un predio dentro del área de influencia directa del grupo Valdez, y Torre Cantú resumió el momento con una frase que quedó registrada: “Este es una muestra real de cómo los victorenses y los tamaulipecos logramos las cosas, trabajando muy duro”.
El 11 de septiembre de 2016 el mismo gobernador inauguró el hospital, cuya primera etapa incluyó urgencias, cinco quirófanos, hospitalización y estacionamiento para 200 vehículos, con una segunda etapa que contemplaba torre de consultorios de cuatro pisos, 22 habitaciones, imagenología en tercera dimensión y unidad de cuidados intensivos.
La familia Valdez integra hoy el Consejo de Administración del hospital, uno de los negocios médicos privados más rentables de la capital, la tierra que costó 18 mil pesos la hectárea sostiene ahora una clínica privada que atiende, entre otros, a los pacientes que el deterioro del sistema público ha empujado hacia la medicina privada por falta de medicamentos, especialistas y camas, el presupuesto público construyó el valor del suelo y el colapso del sistema público entrega la clientela.
EL PATRÓN DE SIEMPRE
La secuencia del caso Pajaritos cubre más de dos décadas: compra de tierra ejidal entre 2002 y 2005, control del comisariado ejidal en dos periodos, reforma legal aprobada en trece días en enero de 2006, contratos hospitalarios por 321 millones de pesos entre 2005 y 2008, inauguración del hospital federal en 2009, programa de ordenamiento territorial municipal entre 2010 y 2013, hospital privado inaugurado en 2016. Cada eslabón bajo una administración distinta. El beneficio concentrado siempre en el mismo grupo.
Ciudad Victoria seguirá creciendo hacia el norte, el corredor se densificará, llegarán más obras públicas, más instalaciones privadas, más programas de ordenamiento, y con cada una llegará la misma pregunta: quiénes son los dueños del suelo que las rodea, y qué pagaron por él antes de que se anunciara la inversión.
En Tamaulipas hay muchas más historias que contar, son interesantes porque definen el entramado del Poder y Negocios, y este el nombre de la columna que hoy se publica por primera vez.
