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Expreso-La Razón
Cuando la Cámara de Diputados votó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas quedó al descubierto.
De sus cuatro diputados federales en el estado, solo uno siguió la línea de la bancada nacional del partido: Cassandra De los Santos. Los otros tres —José Braña Mojica, Carlos Canturosas Villarreal y Mario López Hernández— votaron con Morena.
La escena no sorprendió a nadie. Ni siquiera al dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, quien lo explicó así: “Los tres han dejado muy en claro ser morenistas, cosa que la dirigencia del Verde tiene muy puntual desde el día uno; ellos llegaron a las candidaturas del 2024 bajo las siglas del Partido Verde, pero ellos siempre han manifestado ser morenistas.”
No habló de disciplina partidaria ni de consecuencias. «Simple y sencillamente», dijo, «cada quien cumplió con lo que correspondía». Con esa frase, Muñoz Cano describió la naturaleza del Verde en el estado: un partido que no tiene control sobre sus propios legisladores.
Para entender por qué el Verde acepta esta condición con tanta naturalidad, hay que remontarse a la lógica con la que se construyó la alianza electoral en Tamaulipas.
El llamado Plan C de la Cuarta Transformación —diseñado para ocupar la mayoría en todos los espacios legislativos posibles— llevó a Morena a ceder candidaturas a sus partidos satélite, entre ellos el PVEM y el Partido del Trabajo, aunque los candidatos fueran figuras abiertamente identificadas con el partido en el poder.
La mecánica es conocida: candidatos de Morena se registran bajo las siglas del Verde o del PT para ampliar el efecto de arrastre electoral. Una vez electos, su fidelidad no es con el partido que les prestó el emblema, sino con quien les dio la candidatura.
Muñoz Cano confirmó que una dinámica similar ocurrirá ahora con el Plan B de la presidenta Sheinbaum:
“Eso quiere decir, en mi opinión, que la Presidenta sabía que la Reforma Electoral no iba a ser votada favorablemente y desde hace días, su equipo habría trabajado ya una propuesta diferente pero donde se incluían a los aliados.”
El antecedente: el Congreso del Estado
Lo ocurrido en la Cámara de Diputados ya tiene un antecedente. En el Congreso del Estado ya había ocurrido algo similar, con consecuencias más visibles para el Verde.
En la legislatura anterior, el partido había alcanzado la condición de grupo parlamentario con cuatro diputadas electas bajo sus siglas: Silvia Chávez Garay, Blanca Anzaldúa Nájera, Katalyna Méndez Cepeda y Ana Laura Huerta Valdovinos. Solo esta última tenía un vínculo previo con el partido, pues había sido diputada federal por las mismas siglas. Las otras tres eran, en los hechos, militantes de Morena.
Cuando las cuatro legisladoras abandonaron la fracción parlamentaria del Verde para incorporarse a la bancada de Morena, el partido perdió toda representación en el congreso local. La dirigente nacional del PVEM, la senadora Karen Castrejón Trujillo, lo denunció públicamente:
“Tenemos muy claro que estas presiones políticas las realizan personas ajenas a la democracia y que desafortunadamente actúan abusando de sus encargos públicos para intimidar.”
La respuesta no tardó. El Consejo Estatal y el Comité Directivo de Morena en Tamaulipas, encabezados por Rómulo César Pérez Sánchez y María Guadalupe Gómez Núñez, acusaron a Castrejón de actuar de manera desesperada e intentar responsabilizar al gobierno del estado por la crisis interna de su propio partido.
Argumentaron que las diputadas habían actuado «en un acto de congruencia y lealtad con el pueblo que las eligió» y recordaron los porcentajes que avalaban su postura: en el Distrito 13 (San Fernando), Morena obtuvo el 86.98% de los votos; en el Distrito 14, el 82.45%; en el Distrito 15, 38 mil 178 sufragios individuales.
La diputada Katalyna Méndez Cepeda lo hizo aún más explícito. En un comunicado público, rechazó la versión de las presiones y aclaró ser consejera estatal de Morena representando a Ciudad Victoria:
“Las mujeres, sobre todo en este caso, hablando por las mujeres que estamos en puestos de toma de decisión en Tamaulipas, somos muy conscientes de que tenemos la capacidad, el talento y la inteligencia para tomar nuestras propias decisiones y no necesitamos que nadie venga y nos diga qué hacer y qué no hacer.”
Los números que no mienten
La amenaza, recurrente en los últimos meses, de que el Verde podría romper la alianza con Morena y competir de forma independiente en algunos municipios de Tamaulipas, resulta difícil de sostener cuando se revisan los datos históricos del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
El desempeño electoral del PVEM en el estado, en los ciclos donde compitió sin el respaldo de un partido mayor, dibuja un partido marginal.
En la elección de gobernador de 1998, el Verde presentó a Nelly López Vera como candidata y apenas reunió 2 mil 719 sufragios, el 0.30% del total. Tres años después, en la intermedia de 2001, subió marginalmente a 6 mil 170 votos —0.64%—, todavía compitiendo solo. En 2004 obtuvo 3 mil 474 sufragios por sí solo, el 0.33%, aunque ese mismo ciclo llegó a cinco alcaldías y 17 diputaciones locales, resultado que solo fue posible en alianza con el PRI. En 2007 sumó 11 mil 118 votos, pero esa cifra representó apenas el 0.09% de la votación total, lo que ilustra cuánto creció el padrón y la participación sin que el Verde creciera con ellos. En 2010 no intentó siquiera competir de forma independiente y volvió a refugiarse en la alianza priista. En 2013 obtuvo 8 mil 702 votos (0.71%) y en 2016 rebasó apenas esa marca con 8 mil 850 sufragios (0.61%).
El quiebre llegó cuando el Verde encontró un nuevo paraguas. En 2019, ya alineado con Morena, escaló a 15 mil 759 votos (1.30%). En 2021, empujado por el viento lopezobradorista en su punto más alto, llegó a 37 mil 527 sufragios (2.61%). En 2022 participó en la coalición que ganó la gubernatura, sin que eso se tradujera en ningún gobernador verde, ningún proyecto propio, ninguna agenda identificable. Y en 2024 alcanzó su techo histórico en el estado: 89 mil 336 votos, el 5.59% del total.
Ese último número es el que suele citarse cuando se habla del Verde como una fuerza con peso propio. Lo que el número no dice es que es inseparable del efecto Sheinbaum y del arrastre de la marca Morena en la boleta. Sin ese contexto, la serie histórica cuenta una historia distinta: la de un partido que, por sí solo, nunca ha superado los 15 mil votos en el estado, y que cada vez que intentó competir de forma independiente terminó por debajo del uno por ciento.
La guarida de los inconformes
Bajo la conducción de Muñoz Cano, el Verde en Tamaulipas ha adquirido un perfil singular en el espacio político local: el de refugio para morenistas inconformes con los equilibrios internos del partido en el poder.
En los últimos meses se han acercado a la estructura del Verde figuras como Maki Ortiz —exalcaldesa de Reynosa— y su hijo, el actual alcalde Carlos Peña Ortiz, así como el senador José Ramón Gómez Leal. Esta confluencia ha alimentado la narrativa de que el Verde podría convertirse en plataforma de lanzamiento para disputar algunos municipios de manera independiente, de cara a la sucesión en el estado.
Es, sin embargo, un escenario que las cifras históricas hacen difícil de sostener. Y es también un escenario que añade una capa más a la complejidad del Verde: un partido que no tiene legisladores propios, que perdió su fracción parlamentaria local, y que ahora acoge a figuras cuya motivación principal no es construir al Verde, sino utilizarlo como trampolín.
Al contexto adverso que vive actualmente el Partido Verde se debe sumar la suspensión de las juezas que otorgaron un amparo definitivo a Eugenio Hernández Flores, el ex gobernador que fue su candidato al Senado y actualmente ocupa una cartera en su comité nacional.
Todo lo anterior ocurre en un momento de creciente tensión entre el PVEM y la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional, con implicaciones directas para Tamaulipas.
La propuesta de la presidenta para prohibir el nepotismo electoral desde el proceso de 2027 —es decir, impedir que familiares directos de quienes ocupan un cargo compitan por el mismo puesto— puso al descubierto los intereses divergentes dentro de la alianza. La iniciativa presidencial establece que los aspirantes a un cargo de elección popular no deberán tener vínculos matrimoniales ni de parentesco en los tres años anteriores a la elección con quien ejerce ese cargo.
La bancada del Verde en el Senado fue uno de los principales actores en modificar el dictamen para postergar esa prohibición hasta el ciclo de 2030. El motivo fue señalado sin ambages por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña:
“Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí; de hecho hoy fue aludida la senadora Ruth [González Silva], esposa del gobernador, es senadora con el Verde y está perfilada de entrada, una condición natural para ser candidata a gobernadora.”
La maniobra también contó con el respaldo del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López —lo que subrayó su distanciamiento político de la presidenta—, y generó reacciones desde la Cámara de Diputados, donde legisladores de Morena y de oposición se pronunciaron por retomar la redacción original.
En Tamaulipas, la discusión por el nepotismo tiene un referente concreto. En Reynosa, Maki Ortiz y su hijo Carlos Peña se habrán repartido el poder municipal durante doce años. La reforma presidencial, en su versión original, habría cerrado esa posibilidad a partir de 2027. La versión aprobada en el Senado, impulsada en buena medida por el Verde, la deja abierta hasta 2030. Y no es casual que Maki Ortiz y Peña sean ahora figuras que orbitan alrededor de la estructura del PVEM en el estado.
Sheinbaum respondió con ironía al ser cuestionada sobre las aspiraciones de quienes se verían afectados por su propuesta original: «Están jóvenes, que se esperen al 2036».
