“Más de una vez he intentado explicar este extraño y doloroso fenómeno histórico: la incapacidad de México para avanzar simultáneamente hacia la libertad política y el bienestar material para todos”.
Daniel Cosío Villegas escribió estas palabras en noviembre de 1946, en su ensayo La crisis de México.
En ese mismo texto lanzó una advertencia que hoy resulta inquietantemente actual: si el país no enfrenta con claridad sus problemas podría terminar “vagando sin rumbo, a la deriva, perdiendo un tiempo que no puede perder”.
Han pasado casi ocho décadas desde entonces y, sin embargo, al leer esas líneas resulta difícil evitar una sensación incómoda: México parece seguir atrapado en el mismo dilema que Cosío Villegas describió en 1946.
A lo largo de su historia moderna el país ha avanzado en una especie de vaivén. En algunos momentos ha logrado estabilidad y crecimiento económico, pero con libertades políticas limitadas; en otros ha proclamado ideales democráticos y sociales sin lograr que el bienestar material alcance a la mayoría de los ciudadanos.
Ese dilema sigue presente.
Hoy México enfrenta una realidad marcada por la violencia criminal, la fragilidad institucional y profundas carencias sociales. Millones de ciudadanos tienen dificultades para acceder a servicios de salud adecuados, empleos formales o incluso servicios básicos. Más de la mitad de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y una proporción importante permanece en condiciones de pobreza.
Sin embargo, buena parte del debate político gira alrededor de otros temas.
El gobierno ha concentrado una parte importante de su energía en reformas institucionales que reorganizan el poder político: la modificación constitucional del Poder Judicial de la Federación y el debate sobre una nueva reforma electoral. Son asuntos relevantes para la arquitectura del Estado, pero difícilmente pueden considerarse las prioridades más urgentes para millones de mexicanos que enfrentan problemas mucho más inmediatos.
En materia de seguridad, la acción del Estado parece responder en gran medida a presiones externas —particularmente de Estados Unidos— sin que se observe un esfuerzo equivalente por desmantelar las redes de protección política que permiten a la delincuencia organizada operar en diversas regiones del país.
En el terreno económico, México depende en gran medida de su integración con la economía norteamericana. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía al permitir acceso al mercado más grande del mundo. Pero esa relación también implica creciente sensibilidad a las presiones políticas provenientes de Washington.
Al mismo tiempo, el país necesita atraer inversión productiva que genere empleos formales para los cientos de miles de jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa. Sin crecimiento económico sostenido, ninguna política social puede sostenerse en el largo plazo.
Es justo reconocer que programas como el fortalecimiento de las pensiones para adultos mayores han mejorado la situación de muchos mexicanos. Pero su permanencia depende de una economía capaz de financiarlos mediante crecimiento y productividad, no mediante endeudamiento permanente.
Nada de esto es completamente nuevo. La corrupción, por ejemplo, era ya un problema ampliamente reconocido cuando Cosío Villegas escribió su ensayo en 1946. Tampoco lo era la tendencia de la política mexicana a concentrarse en la disputa por el poder antes que en la construcción paciente de instituciones eficaces.
Cosío Villegas advertía que los gobiernos pierden autoridad moral cuando sus fines terminan confundiéndose con la simple permanencia en el poder. Ese riesgo no pertenece a una época ni a un partido en particular; aparece siempre que la política deja de concentrarse en resolver los problemas de la sociedad y se orienta a preservar el control del poder.
México no carece de recursos, talento ni oportunidades. Lo que con frecuencia ha faltado es algo más difícil de lograr: gobiernos capaces de colocar las prioridades nacionales por encima de la lucha inmediata por el poder y ciudadanos dispuestos a exigir que así sea.
Si después de casi ochenta años seguimos enfrentando el mismo dilema que Cosío Villegas describió en 1946, la pregunta ya no es solo qué han hecho los gobiernos con el país.
La pregunta más incómoda es otra: qué hemos permitido los mexicanos que ocurra con él.
