POR NORA M GARCIA RODRIGUEZ
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- La violencia sexual en Tamaulipas se mantiene como uno de los delitos de género más persistentes del estado; las cifras oficiales muestran una realidad que no ha logrado modificarse en los últimos años, las denuncias continúan registrándose con frecuencia en distintas regiones y las víctimas siguen enfrentando un sistema de justicia que avanza con lentitud.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los delitos sexuales se mantienen de forma constante en las estadísticas del estado; tan solo en 2023 se registraron alrededor de 1,646 denuncias por delitos sexuales en Tamaulipas, entre violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento, dentro de ese total el abuso sexual fue el delito con mayor incidencia, seguido por la violación.
Entre enero y septiembre de 2025 se abrieron más de mil carpetas de investigación por delitos sexuales, de las cuales 601 correspondieron a abuso sexual y 404 a violación, cifras que confirman que el problema permanece activo en la entidad.
En promedio en Tamaulipas se denuncia al menos un delito sexual cada ocho horas, lo que evidencia que la violencia sexual forma parte de un problema estructural que atraviesa comunidades, escuelas, espacios laborales y hogares.
Sin embargo especialistas y organizaciones civiles advierten que los registros oficiales representan solo una parte del fenómeno; la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI señala que en México la llamada cifra negra, delitos que no se denuncian, supera el 90 %, lo que significa que la mayoría de las víctimas nunca llega a presentar una denuncia formal.
La violencia sexual ocurre con frecuencia en espacios que deberían ser seguros; el hogar, las escuelas, centros laborales o incluso instituciones públicas pueden convertirse en escenarios donde las agresiones permanecen ocultas durante años.
Cuando las víctimas deciden denunciar aparece un segundo obstáculo; colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado que los procesos de investigación suelen ser largos, burocráticos y desgastantes, la integración de las carpetas enfrenta problemas que van desde la falta de personal especializado hasta la escasez de peritos y ministerios públicos con formación en perspectiva de género.
El resultado es que las carpetas de investigación se abren, pero pocas llegan a una sentencia condenatoria.
Diversos diagnósticos nacionales sobre procuración de justicia señalan que los delitos sexuales se encuentran entre los ilícitos con menor proporción de castigo en México; el camino que va de la denuncia a la sanción judicial puede durar años y muchas víctimas abandonan el proceso antes de que concluya.
En Tamaulipas organizaciones civiles han advertido que uno de los principales problemas es la falta de seguimiento efectivo a las denuncias.
Frente a este panorama las autoridades han impulsado distintas medidas en los últimos años, fiscalías especializadas, protocolos de atención a víctimas, unidades de investigación con perspectiva de género y campañas de prevención; sin embargo los resultados todavía no logran modificar la tendencia.
Las estadísticas siguen apareciendo año tras año; las denuncias continúan acumulándose y las víctimas siguen esperando justicia.
La información disponible permite observar que la violencia sexual en Tamaulipas no es un fenómeno aislado ni reciente, sino un problema persistente que se refleja en las estadísticas oficiales y en los testimonios de víctimas que buscan justicia.
Las denuncias continúan registrándose cada año, mientras las investigaciones avanzan con ritmos distintos y las sentencias siguen siendo limitadas en comparación con el número de carpetas abiertas.
Las cifras también muestran que el problema va más allá de los registros institucionales. La alta cifra negra de delitos no denunciados indica que una parte importante de las agresiones permanece fuera de los sistemas de justicia, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud real del fenómeno.
En este contexto, la violencia sexual se mantiene como uno de los desafíos más complejos para las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y la protección de los derechos de las mujeres. La prevención efectiva, la investigación especializada y la atención integral a víctimas aparecen como elementos centrales para reducir un delito que sigue afectando a cientos de personas cada año.
Más que un problema estadístico, la violencia sexual representa una realidad social que exige respuestas institucionales sostenidas, coordinación entre autoridades y políticas públicas capaces de prevenir, investigar y sancionar un delito que continúa presente en la vida cotidiana de la entidad.
