Por Raúl López García
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM. La crisis en la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas entra en una nueva fase: mientras el Gobierno del Estado intervendrá para rescatar al personal operativo con apoyos económicos y oportunidades laborales temporales, la institución permanecerá cerrada en varios municipios, en medio de una ruptura con la sede nacional que ya perfila posibles demandas colectivas.
Lo anterior fue confirmado tras una rueda de prensa ofrecida por el Coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, Jesús Manuel Suárez Silveyra, acompañado por el representante del personal operativo, Francisco Castillo, quienes expusieron el panorama actual de la institución y la falta de respaldo por parte del nivel nacional.
De acuerdo con lo informado, el respaldo estatal se concretará mediante el pago de dos quincenas atrasadas al personal —adeudo que mantenía en incertidumbre a los trabajadores— además de la apertura de espacios laborales temporales en áreas como el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dirigidos tanto a paramédicos como a médicos y enfermeras. Este esquema busca garantizar el sustento de los trabajadores, no la reactivación institucional.
“El apoyo es hacia el personal, que es la base trabajadora. La institución tendrá que buscar otros donantes”, explicó Suárez Silveyra, al subrayar que la Cruz Roja, como ente privado, depende de recursos propios y acuerdos con su estructura nacional.
Sin embargo, pese a este respiro económico, la operatividad sigue detenida. Delegaciones clave como Ciudad Victoria, Tampico, Aldama, Xicoténcatl y Tula permanecen cerradas debido a la falta de insumos, recursos y certidumbre administrativa. La decisión, aseguró, responde a un criterio de responsabilidad médica.
“Si no tenemos insumos ni recurso, es más riesgoso abrir y dar una atención incompleta. El paciente sería el más afectado”, señalaron.
El impacto no es menor. La delegación estatal y sus 10 bases requieren alrededor de 2 millones de pesos mensuales para operar, una cifra que actualmente resulta insostenible sin ingresos por servicios, colectas o donaciones, varias de las cuales se han detenido ante la incertidumbre.
En contraste, algunas bases como Soto la Marina, Estación Manuel y Llera continúan operando parcialmente, al lograr sostenerse con recursos propios. No obstante, el propio personal reconoce que esta situación es frágil y temporal: “Puede durar una semana, un mes o seis meses, no sabemos”.
El punto más crítico de la crisis radica en la ausencia de la sede nacional. Trabajadores y voluntarios denuncian falta total de comunicación, respaldo y claridad tras las intervenciones realizadas semanas atrás, que incluyeron despidos y cambios internos.
“Estamos solos, sin el apoyo de la sede nacional. Ellos vinieron, hicieron cambios y se fueron. No han regresado ni han dado la cara”, expresó Francisco Castillo, portavoz del personal.
Esta situación ha generado no solo incertidumbre laboral, sino también un creciente malestar que podría escalar al ámbito legal. Aunque aún no hay una postura unificada, se reconoce que existe la posibilidad de que trabajadores interpongan demandas, ya sea de forma colectiva o individual.
“Es un derecho de cada trabajador. Habrá quienes decidan proceder legalmente”, indicaron.
El ambiente interno refleja una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, el pago de salarios pendientes da un respiro inmediato; por otro, la falta de certeza sobre el futuro de la institución ha llevado a algunos empleados a buscar nuevas fuentes de ingreso, mientras otros analizan emprender acciones legales.
A esto se suma la falta de resultados claros sobre auditorías realizadas por la sede nacional, de las cuales el personal asegura no tener información concluyente, lo que incrementa la percepción de opacidad en el conflicto.
En medio de este escenario, el Gobierno del Estado ha asumido un papel de contención social, evitando un impacto mayor en los trabajadores, pero sin intervenir directamente en la estructura de la Cruz Roja, lo que deja en manos de la sede nacional cualquier decisión sobre reapertura o continuidad operativa.
Por ahora, la institución sigue paralizada en puntos clave del estado, en una de las crisis más severas de su historia reciente en Tamaulipas, con un futuro incierto que dependerá del diálogo —hasta ahora inexistente— entre los niveles estatal y nacional.
