Por Pedro Alfonso García
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- El lunes 19 de marzo de 2012 la redacción de este periódico trabajaba en jornada de cierre, con el personal distribuido entre los escritorios y el taller, ajeno a lo que ocurría en la acera de la avenida Almendros, a metros de la entrada principal al edificio.
A las 20:20 horas, un hombre con el rostro cubierto dejó un vehículo estacionado frente a la entrada al taller, se alejó a pie sin prisa, y segundos después la detonación sacudió el edificio con una potencia que retumbó en gran parte de la mancha urbana del norte de Ciudad Victoria.
La onda expansiva apagó la energía eléctrica del inmueble, desprendió fachadas, destruyó o averió trece vehículos en la acera lateral, y alcanzó la guardería ubicada frente al periódico, que también registró daños estructurales de consideración en esa misma noche del atentado.
La edición del 20 de marzo no salió a la calle, la primera vez en la historia de este diario que la violencia directa contra sus instalaciones detuvo la impresión, y el personal se trasladó esa misma noche a una sede alterna para intentar continuar operando con los recursos disponibles.
Por azar, no hubo muertos, no hubo heridos de gravedad, aunque la potencia del artefacto y la hora del ataque, con la redacción en plena actividad de cierre, convirtieron esa ausencia de víctimas en un dato que el periódico tardó en procesar como algo más que suerte.
Ciudad Victoria llevaba dos años bajo el fuego cruzado de dos grupos en disputa por el control de la plaza que habían rebasado a las policías locales, hecho intransitables varias carreteras y convertido colonias enteras en zonas de riesgo permanente para la población.
Las armas de grueso calibre circulaban por las brechas con la misma frecuencia que los vehículos del Ejército Mexicano, la Presidencia Municipal había recibido granadas con mantas firmadas por grupos criminales días antes, y varias personas habían muerto en ataques en la misma semana del atentado contra el periódico.
El director general del periódico llamó por teléfono a Morelos Jaime Canseco Gómez, Secretario General de Gobierno de Tamaulipas desde el 1 de enero de 2011, el segundo funcionario del ejecutivo estatal bajo el gobernador Egidio Torre Cantú, para informar del ataque y solicitar la respuesta del estado.
La respuesta que recibió el periódico quedó registrada en la memoria de quienes estuvieron presentes esa noche: «No es un asunto de nuestra competencia», dijo el secretario, y colgó, sin instrucciones, sin personal enviado al lugar, sin el mínimo protocolo de respuesta que un atentado contra un medio de comunicación exige.
Canseco Gómez era abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con trayectoria en el Senado de la República y en la Secretaría de Gobernación federal, antes de asumir el cargo en el gabinete de Torre Cantú.
No era un funcionario sin formación ni sin recursos: era el segundo hombre del ejecutivo de una entidad bajo ataque, y su respuesta al llamado del periódico fue la decisión deliberada de no intervenir frente a un atentado terrorista mientras el personal de la redacción trabajaba en el interior del edificio.
Las amenazas llegaron esa misma noche y en los días siguientes, con una instrucción directa y sin ambigüedades: publicar cualquier cosa sobre la explosión, sobre los daños materiales o sobre los posibles autores, ocasionaría un segundo ataque contra las instalaciones de este periódico.
Expreso guardó silencio sobre su propio bombazo, y esa imposibilidad de informar sobre el ataque que le habían infligido quedó como la primera consecuencia visible de lo que los organismos internacionales definirían, años después, con un concepto preciso: efecto silenciador sobre el periodismo regional.
El expediente nunca avanzó
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió la investigación inicial sin que en los días y semanas siguientes produjeran comunicados sobre detenidos, testigos citados o líneas de investigación que la institución hiciera públicas ante la sociedad tamaulipeca.
La Unidad Antiterrorismo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO de la entonces Procuraduría General de la República, atrajo el caso al fuero federal por tratarse de un ataque con explosivos contra un medio de comunicación en funciones.
La atracción federal generó expectativa dentro del periódico: la sensación de que el caso adquiriría una dimensión distinta, que el aparato federal de investigación aplicaría recursos que la procuraduría estatal no tenía o no quería destinar al expediente que se había abierto en Ciudad Victoria.
El resultado fue idéntico al de la investigación estatal: cero detenidos, cero imputados, cero sentencias en los catorce años que han transcurrido desde el ataque, y un expediente que los propios fiscales federales describen con una imagen que condensa la impunidad estructural del sistema de procuración de justicia.
Meses después del atentado, periodistas de este diario preguntaron al fiscal federal a cargo del caso en qué estado se encontraba la investigación, y la respuesta fue una imagen antes que un argumento: una larga fila de carpetas apiladas en el piso de la oficina, sin orden aparente ni señalización.
Cada carpeta representaba un periodista atacado o asesinado en México, el expediente de Expreso era una más entre ellas, y el fiscal señaló al conjunto con una sola frase que los reporteros presentes no olvidaron: «Está en el expediente de los periodistas que han sufrido atentados o fueron asesinados.»
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en diciembre de 2012 que la Procuraduría General de la República había procesado al menos 28 ataques contra instalaciones de medios en todo el país entre 2007 y 2012, sin que ninguno de esos expedientes produjera condena por el ataque a las instalaciones.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, procesó el caso dentro de su catálogo sin que avanzara hasta la fase de imputaciones, en el mismo patrón que Reporteros Sin Fronteras identificó como falla estructural del organismo para atender casos del noreste.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, señaló que las medidas de protección no han sido implementadas de manera suficiente, y el Comité para la Protección de Periodistas documentó que los problemas del mecanismo son de magnitud sistémica y persistente.
Tamaulipas concentraba 46 casos activos bajo ese esquema cuando Voz de América publicó su investigación especial, la tercera entidad del país con mayor número de periodistas inscritos bajo protección federal, una cifra que habla tanto del nivel de riesgo como de la insuficiencia de la respuesta institucional para resolverlo.
Desde el 19 de marzo de 2012, tres gobernadores han administrado la entidad: Egidio Torre Cantú del PRI, Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, el primer gobernador no priista en Tamaulipas desde 1930, y Américo Villarreal Anaya de Morena, los tres con resultados equivalentes en materia de impunidad por agresiones documentadas contra la prensa.
El primer laboratorio del silencio en México
El bombazo del 19 de marzo de 2012 no fue el inicio de la violencia contra los medios en Tamaulipas, sino el eslabón más visible de una cadena que comenzó seis años antes y que los organismos internacionales documentaron como el origen de un modelo que después se replicó en otras regiones del país.
El 6 de febrero de 2006, hombres armados irrumpieron en la redacción del diario El Mañana de Nuevo Laredo, detonaron una granada e hicieron disparos con armas de grueso calibre, hiriendo a un periodista, en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos catalogó como el primer ataque armado con explosivos contra un medio en tiempos de la guerra contra el narcotráfico.
La CIDH lo definió como uno de los primeros mensajes de intimidación a la prensa desde los grupos criminales que se instalaban en diversas zonas del país, una lectura que el tiempo confirmó: lo que ocurrió en Nuevo Laredo en 2006 fue el modelo que los cárteles aplicarían en toda la región noreste de México durante los años siguientes.
El 27 de agosto de 2010, dos coches bomba detonaron en Ciudad Victoria: el primero frente a las instalaciones de Televisa, el segundo frente a las oficinas de la Dirección de Tránsito, ambos con placas del estado de Texas, sin víctimas pero con daños estructurales en los edificios y en los vehículos del entorno inmediato.
En ese mismo año de 2010, Televisa fue atacada en cinco ocasiones en el noreste del país, con granadas lanzadas contra sus instalaciones en Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Monterrey, en una escalada que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó como parte de al menos ocho atentados contra medios de comunicación ese año en el país.
El 23 de marzo de 2012, cuatro días después del bombazo contra Expreso, Televisa Matamoros fue atacada de forma similar, y el 11 de mayo de ese año hombres armados dispararon y lanzaron un artefacto explosivo contra El Mañana de Nuevo Laredo, en lo que Article 19 catalogó como el séptimo ataque con explosivos o armas de fuego contra medios en Tamaulipas en seis años.
El 10 de julio de 2012, en una jornada de doce horas, tres medios del noreste fueron atacados con granadas y disparos, y la investigadora Séverine Durin, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, unidad noreste, documentó que entre 2006 y 2015 se registraron 26 atentados con armas de alto poder contra edificios de medios en la región.
Los grupos armados en disputa no solo atacaban los edificios: también incursionaban en las redacciones para imponer criterios sobre qué informar y en qué términos, según lo documentó la CIDH con evidencia directa de casos en Tamaulipas y en Veracruz durante el período de violencia escalada contra la prensa regional.
Expreso siguió cubriendo la violencia en Tamaulipas con las restricciones que el contexto imponía, y el atentado del 19 de marzo de 2012 fue, en el análisis de la CIDH y de Article 19, una consecuencia directa de esa decisión editorial que el periódico sostuvo frente a las presiones armadas.
Lo que documentó el mundo
El atentado contra este periódico fue registrado por medios internacionales y organismos de defensa de la prensa como parte de un patrón de violencia en Tamaulipas, y la documentación acumulada en los años siguientes convirtió a Expreso en referencia recurrente de los informes sobre la situación de la prensa en México.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicó a Tamaulipas el primer caso emblemático de su informe «Zonas Silenciadas», publicado en 2017, el único de México entre los tres casos que el organismo seleccionó para ese documento en todo el continente americano.
El informe menciona a Expreso de manera explícita entre los medios de Tamaulipas atacados con explosivos, define al estado como la raíz del miedo para la prensa en México, y establece tres condiciones comunes a todas las zonas silenciadas: estructuras criminales con control territorial, colusión u omisión de funcionarios, y ausencia de respuesta institucional efectiva.
Las tres condiciones se verifican con precisión en Ciudad Victoria el 19 de marzo de 2012: el grupo que colocó el artefacto controlaba la plaza, el Secretario de Gobierno colgó el teléfono sin dar instrucción alguna, y el expediente federal acumula doce años sin avances procesales visibles ni resolución de ningún tipo.
Tamaulipas es la entidad con más periodistas desaparecidos en México en el período 2003-2023, con seis casos registrados según los datos de Article 19, y los años con mayor concentración de desapariciones fueron 2010 y 2012, el mismo año en que este periódico recibió el coche bomba en la avenida Almendros de Ciudad Victoria.
El periódico que siguió publicando
El atentado del 19 de marzo de 2012 fue el primero de al menos tres ataques documentados contra Expreso en el período posterior, en una secuencia que los organismos de defensa de la prensa describieron como una campaña sostenida de intimidación contra el diario y su personal en Ciudad Victoria.
En diciembre de 2018, una cabeza humana fue depositada dentro de una hielera frente a las instalaciones del periódico, acompañada de una nota dirigida a los periodistas con una instrucción que reproducía la lógica del bombazo de 2012: guardar silencio sobre la violencia que ocurría en la ciudad.
El 29 de junio de 2022, el periodista Antonio de la Cruz, reportero de este diario durante casi tres décadas, fue asesinado a balazos frente a su domicilio en Ciudad Victoria, y su hija Cynthia, quien viajaba con él, recibió impactos de bala y falleció dos días después por las heridas sufridas en el ataque.
La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión atrajo la investigación por el asesinato de De la Cruz, en un procedimiento que replicó el de 2012 con el coche bomba, y con el mismo resultado que el expediente del atentado: las carpetas de los periodistas de Tamaulipas siguen abiertas y sin resolución procesal.
Lo que el expediente del 19 de marzo de 2012 deja sin respuesta no es solo quién colocó el artefacto frente al taller de este periódico, sino quién lo ordenó, qué información específica motivó la decisión de atacar, y por qué el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, eligió no resolver ese crimen en doce años.
El 19 de marzo de 2012, a las 20:20 horas, alguien creyó que un coche bomba bastaría para detener a este periódico, las amenazas posteriores buscaron completar lo que la explosión no logró, y catorce años después el diario sigue publicando en Ciudad Victoria mientras el expediente espera en ese rincón de la impunidad que el fiscal federal describió sin eufemismos.
