“Hacer más con menos” siempre ha sido una bandera políticamente rentable. Hoy, bajo el discurso de la austeridad republicana impulsado por Sheinbaum, el llamado Plan B de la reforma electoral coloca nuevamente en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿hasta dónde el ahorro del erario puede justificar la reconfiguración de la representación democrática?
En la propuesta de modificación del artículo 115 constitucional para establecer que los ayuntamientos se integren por una presidencia municipal, una sindicatura y entre siete y quince regidurías, se argumenta que se trata de corregir excesos, eliminar estructuras sobredimensionadas y liberar recursos públicos para destinarlos a servicios y obra. En abstracto, la idea resulta difícil de cuestionar.
Veamos el ejemplo de Tamaulipas, una entidad con 43 municipios, pocos frente a entidades como Veracruz y Puebla que cuentan con más de 200 municipios y Oaxaca con 570.
En Tamaulipas, los 43 ayuntamientos del estado presentan una integración diferenciada según su población, combinando regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional, además de dos sindicaturas en la mayoría de los municipios, aquellos mayores a 30 mil habitantes.
Con el rediseño propuesto, en términos generales, los ayuntamientos sufrirían dos cambios sustantivos:
• Reducción de dos a solo una sindicatura en los 14 municipios más grandes: Aldama, González, Tula, San Fernando, Valle Hermoso, El Mante, Río Bravo, Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria. Un total de 14 cargos menos.
• Homologación y tope de regidurías: aunque en municipios pequeños incluso habría un ligero aumento, aumentando en 29 regidurías; en los municipios medianos y grandes se produciría una reducción de alrededor de 40 cargos.
Por ejemplo, municipios como Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria transitarían de cabildos de hasta 24 integrantes a esquemas de 17 —una presidencia municipal, una sindicatura y 15 regidurías con una posible distribución de 10 de mayoría relativa y 5 de representación proporcional—, lo que implica una reducción cercana a un tercio de su integración. En contraste, municipios de menor tamaño como Miquihuana o San Nicolás registrarían incluso un ligero incremento en el número de regidurías.
Con base en lo anterior y si se considera que las percepciones salariales son más elevadas en los municipios de mayor tamaño, el impacto de la reforma disminuirá el gasto público. No obstante, se trata de un ajuste que, aunque generaría ahorros, difícilmente modificaría de fondo la estructura de la hacienda pública municipal.
Al mismo tiempo, la reducción de regidurías, principalmente en los siete municipios más grandes de Tamaulipas, puede tener efectos políticos relevantes como limitar la representación de fuerzas minoritarias en los cabildos y favorecer un mayor control político.
¿Usted qué opina?
