En política, hay errores que pasan desapercibidos y otros que simplemente exhiben. Lo ocurrido en Tribuna con la diputada Francisca Castro Armenta, durante la pasada Sesión del Congreso Local, pertenece, sin duda, a la segunda categoría.
Y es que más allá del momento incómodo —que rápidamente se volvió viral en las redes sociales— el episodio revela algo más profundo, sistémico y generalizado: una preocupante ligereza en el ejercicio de la función legislativa.
No estamos hablando de un lapsus menor, un titubeo natural o de un simple error de dicción; estamos hablando del acto de subir a la máxima Tribuna del Estado a presentar una iniciativa sin siquiera tener claridad sobre el contenido, el alcance, inclusive, conocimiento de la estructura del documento que se está leyendo ante el Pleno.
Ser diputado no es —o, por lo menos, no debería ser— una actividad de medio tiempo, ni un cargo de meramente de farol; aunque en la práctica, las sesiones se concentren en dos o tres días a la semana y el calendario legislativo formal no cubra la totalidad del año, la investidura y la responsabilidad del cargo exigen una dedicación permanente.
Dicho de otra manera: la representación popular no termina al bajar de la Tribuna; implica horas de estudio previo, preparación técnica, análisis de impacto social y, sobre todo, una seriedad inquebrantable frente al mandato otorgado por el voto popular.
Quien asume esa responsabilidad tiene la obligación mínima de conocer y entender los temas que decide llevar al debate público. No se trata solo de leer un texto redactado por terceros: se trata de ser capaz de sostenerlo y defenderlo ante los cuestionamientos y señalamientos.
Cuando un legislador ignora lo que firma, lo que lee o lo que declara, convierte al ejercicio legislativo en una simulación vacía, donde el fondo se pierde en la forma.
En este caso, también pone sobre la mesa otro elemento igual de relevante y que pocas veces se discute con rigor: el papel de los equipos de trabajo.
Detrás de cada legislador hay un engranaje humano y técnico que rara vez se ve —y aún más raramente se valora—, pero que resulta fundamental para el adecuado funcionamiento de la democrática. Asesores, secretarias, equipos de comunicación y personal técnico… todos forman parte de la construcción diaria del trabajo parlamentario y son corresponsables del éxito o el fracaso de una gestión.
Y cuando ese engranaje falla por descuido o falta de pericia, las consecuencias son públicas, ruidosas y, a menudo, lamentables.
Lo ocurrido evidencia que no basta con tener una gran nómina de asesores o fotógrafos —como algunos legisladores—, es indispensable que ese equipo funcione con rigor ético y profesional. Que revise cada coma, que anticipe escenarios, que cuide la integridad de quien representan. Porque, así como un buen equipo puede potenciar el perfil de un legislador y elevar el nivel del debate, uno descuidado o improvisado puede exponerlo de manera innecesaria al escrutinio público.
La lección es clara y aplica en doble vía. Por un lado, las y los diputados deben asumir con disciplina “espartana” su papel, prepararse con antelación y entender que cada intervención en Tribuna es un acto de rendición de cuentas.
Por el otro, sus equipos deben operar con un profesionalismo a toda prueba, conscientes de que su trabajo —aunque muchas veces invisible a los ojos de la ciudadanía— tiene un impacto directo en la calidad del trabajo parlamentario.
Al final, lo que está en juego en estos episodios no es solo la imagen personal de un legislador o un desliz anecdótico, sino la credibilidad del sistema parlamentario que ya de por sí enfrenta un profundo y doloroso desgaste ante la mirada de la sociedad.
Porque cuando la improvisación sustituye al trabajo metódico, la política deja de ser un espacio de representación para transformarse en un espectáculo de bajo presupuesto… Y ese, mis gentiles lectores, es un lujo que el poder público, en tiempos de tanta exigencia social, simplemente ya no se puede permitir.
