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Expreso-La Razón
El monto no recaudado por la evasión que representa el huachicol fiscal llegaría hasta los 4 mil millones de pesos al año, lo que representa por ejemplo, el 5% del presupuesto de egresos de Tamaulipas.
El IEPS aplicable al diésel en México representa entre el 20 y el 35 por ciento del precio final al consumidor, dependiendo de la cotización internacional del petróleo y del tipo de cambio peso-dólar vigente al momento de la importación.
En un cargamento de un millón de litros de diésel, evadir ese impuesto supone una ventaja de entre dos y cuatro millones de pesos frente al importador que cumple sus obligaciones fiscales, sin contar los aranceles, ni el IVA no acreditado.
Multiplicado por los volúmenes asegurados en operaciones ilegales de contrabando como las detectadas en Altamira y Tampico durante 2025, que sumaron decenas de millones de litros según los reportes de la Marina y la FGR, la evasión acumulada en esos operativos se estima en miles de millones de pesos.
Tamaulipas, por ejemplo, recaudó en 2024 alrededor de veinte mil millones de pesos por concepto de participaciones federales derivadas del IEPS de combustibles, lo que representa uno de los ingresos más significativos para el estado dentro del sistema de coordinación fiscal.
El SAT reportó en su informe tributario de 2024 que el sector de importación y distribución de combustibles concentraba uno de los índices más altos de discrepancia entre volúmenes importados y registros de inventario en terminales de almacenamiento.
La brecha entre lo que entra al país y lo que se declara al fisco tiene un nombre técnico en la contabilidad regulatoria: merma no justificada, y en los casos de Tamaulipas esa merma alcanzó proporciones que superan cualquier explicación técnica razonable.
El caso Altamira fue el operativo de mayor escala documentada en la historia reciente del control aduanal de hidrocarburos en México, y su impacto sobre la recaudación proyectada del IEPS fue suficiente para que la Secretaría de Hacienda emitiera una alerta formal al sistema financiero.
La aritmética del huachicol fiscal
El modelo del huachicol de importación implica comprar el combustible en el mercado internacional a precio de referencia, introducirlo al país con una clasificación arancelaria que paga menos IEPS, y venderlo en el mercado interno al precio que incluye el impuesto que nunca se pagó.
El diferencial entre el precio de compra con evasión y el precio de venta con impuesto incluido representa el margen del negocio, que en condiciones normales de mercado oscila entre el 15 y el 25 por ciento del valor de la transacción.
Para una empresa que mueve diez millones de litros mensuales, ese diferencial representa ingresos brutos extraordinarios de entre treinta y sesenta millones de pesos al mes, sin contar la ventaja competitiva que obtiene frente a los distribuidores que sí cubren sus obligaciones fiscales.
La ventaja competitiva es el elemento que más distorsiona el mercado formal, porque el combustible ilegal puede ofrecerse a los distribuidores intermedios o a las estaciones de servicio a un precio menor al del producto legítimo, generando un incentivo de mercado para participar en la cadena aunque sea de manera involuntaria.
La Comisión Federal de Competencia Económica documentó en su análisis del mercado de gasolinas de 2023 que la dispersión de precios entre estaciones en zonas urbanas de Tamaulipas era significativamente mayor que el promedio nacional, un indicador indirecto de la presencia de producto con costo fiscal diferenciado.
El mercado informal de combustible tiene su propio mecanismo de precio, una negociación directa entre operadores, con márgenes que varían según el volumen, la urgencia y el riesgo de la operación.
Especialistas consultados advierten que lo que hace al modelo sostenible es la complejidad del esquema contable que lo cubre, con cadenas de facturas electrónicas, contratos de intermediación y declaraciones aduanales que requieren expertise fiscal para ser detectadas.
Las empresas como instrumento
La infraestructura portuaria tiene un valor estratégico que va más allá de su precio de mercado, porque quien controla la terminal controla la cadena logística, desde la llegada del buque hasta la salida del autotanque.
Las investigaciones sobre el Grupo Tabasco, asociado a los nombres de Saúl Vera Ochoa y Antonio Dávila Capiterucho, y a su vez a una relación con el senador Adán Augusto López, apuntan precisamente al control de ese nodo, con la capacidad de decidir qué entra, cómo se registra y hacia dónde sale.
Una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en el Golfo puede recibir entre 50 y 200 millones de litros al mes, dependiendo de su capacidad instalada, y su tarifa de maniobra y almacenaje representa un negocio legítimo de decenas de millones de pesos por año.
Pero el verdadero valor para una operación de huachicol fiscal no es la tarifa de almacenaje sino el control del registro, la capacidad de documentar un ingreso diferente al producto real, de emitir un certificado de calidad que no corresponde con el análisis del cargamento.
Los reportes sobre el Grupo Tabasco sugieren que la operación habría incluido ese componente de manipulación documental en la fase de recepción portuaria, que es el punto donde el producto irregular adquiere su cobertura legal para el resto de la cadena.
La Administración General de Aduanas tiene atribuciones de verificación en los puertos, pero su capacidad operativa para analizar cada cargamento de hidrocarburos es limitada, y la complejidad de las mezclas petroquímicas requiere análisis de laboratorio que no siempre se realizan.
Varios de los expedientes sobre el Grupo Tabasco permanecen en etapas previas al juicio oral, con la FGR acumulando evidencia documental que incluye pedimentos de importación, contratos de almacenaje y registros de inventario de las terminales involucradas.
El corredor terrestre: logística del autotanque
El autotanque es el eslabón más vulnerable de la cadena del huachicol fiscal porque es el momento en que el producto que ya tiene cobertura documental se mueve por carretera y puede ser interceptado con análisis de laboratorio in situ.
Intanza aparece en investigaciones periodísticas como operador de transporte en el corredor noreste, con flota propia de autotanques y contratos de distribución que alcanzaban a múltiples estados, incluyendo Tamaulipas, Nuevo León y Tamaulipas.
Mefra Fletes es la otra referencia del corredor terrestre, citada en reportajes sobre distribución regional de combustibles con origen fiscal no acreditado, en una operación que habría utilizado facturas de empresas ya auditadas o en proceso de cancelación de permisos.
El mercado de fletes de hidrocarburos en México factura alrededor de cuarenta mil millones de pesos anuales, con más de diez mil unidades de autotanques operando en todo el país, lo que hace casi imposible un control de tráfico sistemático por parte de las autoridades.
La Guardia Nacional realiza operativos de verificación en carretera, pero la detención de un autotanque cargado de combustible ilegal requiere el análisis de la documentación fiscal, el contraste con los permisos de la CRE y en muchos casos una orden judicial previa.
Tampico Terminal Marítima es la tercera empresa del corredor citada con mayor frecuencia, con operaciones en el puerto tamaulipeco que habrían servido como punto de transición entre el cargamento marítimo importado y la distribución terrestre hacia el interior del país.
La combinación de terminal marítima, flota de autotanques y red de distribución regional configura una cadena logística completa que puede operar con apariencia de formalidad en cada eslabón por separado, ocultando la irregularidad fiscal en la fractura entre ellos.
El expediente judicial: FGR, CRE, SAT y los límites del sistema
La FGR tiene competencia en los casos de huachicol que involucren operaciones de comercio exterior, contrabando de hidrocarburos y defraudación fiscal calificada, con penas que van de tres a nueve años de prisión en la modalidad básica y hasta quince en la calificada.
El SAT es el organismo con mayor volumen de información disponible sobre las discrepancias entre importaciones declaradas y registros de inventario, pero sus procedimientos administrativos tienen plazos que pueden extenderse por años antes de derivar en una denuncia penal formal.
La CRE puede suspender o cancelar permisos de distribución e importación cuando detecta incumplimiento de las condiciones de operación, pero esa sanción administrativa no impide que los mismos operadores reconstituyan su actividad bajo nuevas razones sociales.
El amparo es el instrumento procesal que más consistentemente retrasa los casos en materia fiscal y energética, con suspensiones provisionales que en algunos expedientes han durado más de dos años sin que el fondo del asunto se resuelva.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tiene capacidad para bloquear cuentas bancarias de personas físicas y morales identificadas como riesgo de lavado, pero sus resoluciones también son susceptibles de impugnación mediante amparo.
El resultado acumulado de estos plazos y recursos es que un expediente de huachicol fiscal iniciado en 2021 puede estar todavía en etapa de investigación ministerial en 2025, mientras el negocio continúa operando bajo nuevas estructuras societarias.
La coordinación entre FGR, SAT, CRE y UIF existe formalmente a través de mesas de trabajo interinstitucionales, pero los resultados públicos de esa coordinación en Tamaulipas son escasos, con muy pocos casos que hayan llegado a sentencia condenatoria ejecutoriada.
La dimensión regional
El impacto del huachicol no es solo fiscal sino también sobre la infraestructura de Pemex, porque el combustible que entra al mercado evadiendo impuestos compite directamente con el producto de la refinería de Madero, que opera en Tamaulipas y cuya rentabilidad depende del precio de mercado.
La refinería de Ciudad Madero, con capacidad de procesamiento de alrededor de ciento setenta mil barriles diarios, es uno de los activos industriales más relevantes del estado, y la distorsión de precios generada por el huachicol fiscal afecta directamente su ecuación de rentabilidad.
La competencia desleal también impacta a los grupos gasolineros formales que operan en el estado, porque la diferencia de precio que genera el combustible irregular obliga a los distribuidores legales a ajustar márgenes en los mercados donde ambos productos compiten.
El índice de informalidad energética en Tamaulipas, medido como la proporción de estaciones que presentan discrepancias entre volúmenes declarados al SAT y volúmenes despachados al público, se ubicó por encima del promedio nacional en los reportes de verificación de la CRE de 2023 y 2024.
El dato agrega una dimensión cuantitativa a un fenómeno que a menudo se discute en términos cualitativos, y sugiere que el problema no es marginal sino sistémico en el mercado de distribución de combustibles del estado.
El negocio del combustible ilegal en Tamaulipas genera miles de millones de pesos anuales, distorsiona el mercado formal, financia estructuras que conectan empresa y política, y opera sobre una geografía logística que el estado no puede simplemente cerrar.
Lo que los expedientes abiertos, los decomisos documentados y los testimonios no sustanciados en sentencia permiten afirmar es que el modelo existe, que tiene escala industrial y que sus raíces en la estructura económica y política de Tamaulipas son más profundas de lo que los operativos puntuales pueden corregir,
