México no tiene un problema de empleo; tiene un problema de ingresos. La diferencia no es menor. Durante años, la discusión pública ha asumido que una economía con bajo desempleo funciona. Bajo ese criterio, México parecería estar en una posición relativamente estable: la población económicamente activa supera los 61 millones de personas y más de 59 millones están ocupadas. La tasa de desocupación se mantiene alrededor del 2.5%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.
Sin embargo, ese dato, aislado, describe una parte muy limitada de la realidad. El empleo mide cuántas personas participan en el mercado laboral, pero no dice nada sobre la calidad de ese trabajo ni sobre su capacidad para generar bienestar. Cuando se incorpora la variable de ingresos, el diagnóstico cambia sustancialmente.
El ingreso laboral en México se mantiene en niveles bajos en relación con el costo de vida. Diversas mediciones del INEGI muestran que una proporción importante de los trabajadores percibe ingresos que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Esto se refleja en un fenómeno persistente: una parte significativa de la población ocupada no logra superar condiciones de vulnerabilidad económica aun teniendo trabajo de manera regular.
El problema no radica en la falta de esfuerzo. México es, de hecho, uno de los países donde más horas se trabajan. Una fracción relevante de la población supera las 48 horas semanales, lo que indica que el volumen de trabajo no es el factor limitante. El punto crítico es la baja remuneración asociada a ese esfuerzo, y esa baja remuneración está directamente vinculada con la estructura productiva del país.
Una gran parte del empleo en México se concentra en actividades de bajo valor agregado: comercio minorista, servicios de pequeña escala, autoempleo y micronegocios. Estas actividades son fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la economía, pero operan con márgenes reducidos, baja tecnificación y una capacidad de crecimiento limitada. En ese contexto, los ingresos tienden a mantenerse contenidos, independientemente del número de horas trabajadas.
Por eso, los incrementos recientes del salario mínimo y las reformas laborales han tenido efectos positivos, pero no han sido suficientes para modificar la lógica de fondo. Los salarios pueden mejorar en el margen, pero su nivel estructural depende de la productividad. Y la productividad, a su vez, depende de factores como el nivel tecnológico, la capacitación del capital humano, el tamaño de las empresas y su integración en cadenas de valor más complejas. Sin cambios en estos elementos, el potencial de ingreso sigue acotado.
La informalidad es otro componente clave, pero no debe interpretarse como la causa principal del problema. Más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones informales, sin acceso a seguridad social ni a esquemas de protección laboral. Sin embargo, la informalidad es más bien la consecuencia de una economía que no genera suficientes empleos formales de alta productividad. Es el mecanismo mediante el cual el sistema absorbe a quienes no logran incorporarse a segmentos más dinámicos.
El resultado es una economía que logra ocupar a la mayor parte de su población, pero no logra traducir esa ocupación en ingresos suficientes para consolidar una base amplia de bienestar. Esto tiene implicaciones económicas claras, como la debilidad del mercado interno y la limitada capacidad de ahorro de los hogares, pero también implicaciones sociales y políticas.
Cuando el trabajo no garantiza condiciones de vida estables, la movilidad social se reduce y la incertidumbre se vuelve estructural. Esto limita la consolidación de una clase media sólida y genera un entorno en el que amplios sectores de la población dependen de ingresos inestables. En ese contexto, el crecimiento económico pierde la capacidad de convertirse en una experiencia tangible para la mayoría.
El error en el análisis ha sido insistir en el empleo como indicador suficiente de desarrollo. México ya resolvió, en buena medida, el problema de la participación laboral. El desafío pendiente es distinto: elevar el valor del trabajo. Esto implica transformar la estructura productiva hacia actividades con mayor contenido tecnológico, mayor escala y mayor integración en mercados más complejos.
Mientras esa transición no ocurra, el país seguirá enfrentando la misma contradicción: altos niveles de ocupación coexistiendo con ingresos insuficientes. No es una falla del mercado laboral en términos de cantidad, sino en calidad. Y esa diferencia es la que, en última instancia, define la distancia entre trabajar y prosperar.
