Por. Perla Reséndez
EXPRESO-LA RAZÓN
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El diputado Gerardo Peña Flores propuso la castración química y la “muerte civil” para violadores de niños y niñas tamaulipecas, “nunca más una niña o un niño violado en nuestro estado”.
El legislador del Partido Acción Nacional señaló que las propuestas buscan garantizar que este tipo de agresiones no vuelvan a repetirse y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas.
El diputado señaló que se busca endurecer las sanciones contra quienes cometan abuso sexual en perjuicio de menores de edad, a través de un punto de acuerdo para reformar, mediante dos iniciativas, la Constitución y el Código Penal del Estado.
La primera iniciativa plantea modificaciones a la Constitución para incorporar el principio de no repetición, mientras que la segunda propone reformas al Código Penal estatal para establecer la castración química como medida aplicable a los responsables y restringirles el acceso a beneficios y programas sociales.
Peña Flores explicó que la “muerte civil” implica que quienes hayan sido condenados por violación de menores no puedan recibir apoyos gubernamentales ni acceder a beneficios otorgados por el Estado.
Apuntó que este tipo de delitos va a la alza, pero se calcula que la incidencia puede ser mucho mayor derivado de la cifra negra de eventos no reportados, particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de dichos delitos, quienes muchas veces no reportan por culpa y miedo al haber sido víctimas de los mismos.
Por otra parte, como ocurre con muchos delitos, el gran problema es también la impunidad, pues de acuerdo a cifras del Censo Nacional de Sistema Penitenciario, del INEGI; de cada 157 delitos sexuales, solo una persona pisa la cárcel por dicha conducta.
El de mayor incidencia en dicha población es el de violación, que reporta según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el lugar sexto de los delitos cometidos por varones a nivel federal y local, por lo que se encuentran recluidos, representando más de un 6 por ciento del total.
Cuando se trata de menores, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, 4 de cada 10 víctimas de violación son menores de 15 años, y muchos de los agresores forman parte del entorno cercano o familiar de la víctima.
De acuerdo con la iniciativa, estudios en materia de psicología criminal, señalan que parte de los delincuentes sexuales, sin llegar ser inimputables, y por tanto no sujetos al proceso penal; padecen de problemas de desarrollo cognitivo, dificultándoles su autorregulación a los impulsos sexuales y al lívido.
Se explica que en países como Perú, Colombia, Estados Unidos, y algunos de Europa, se ha implementado, con independencia a la pena de prisión, un tratamiento médico que les ayude a controlar su impulsividad.
Con ello, se evita que cometan violaciones y ataques sexuales, tanto al interior de los reclusorios, así como en el exterior una vez cumplida su sentencia y evitar que reincidan en otros delitos sexuales.
El congresista llamó a los demás legisladores a tomar conciencia sobre el daño que este tipo de acciones causa en la vida de los menores de edad, daño que lo llevará por el resto de sus vidas.
“El hecho de que una persona que se ha atrevido a agraviar a un menor y que le afectará durante su vida entera, el agraviante también sufra durante su vida entera las consecuencias”, dijo Peña Flores.
A la iniciativa propuesta por el diputado de Acción Nacional, se adhirieron la bancada de Movimiento Ciudadano y el diputado de Morena, Marco Antonio Gallegos Galván.
La primera iniciativa que adiciona el artículo 276 sixies al Código Penal del Estado, fue turnada a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera y de Justicia.
Mientras que la reforma al artículo 22 de la Constitución del Estados en materia de tratamientos médicos para delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a la Comisión de Gobernación para su estudio de elaboración de los dictámenes correspondientes.
