4 junio, 2026

4 junio, 2026

59 minutos

EL FARO/FRANCISCO DE ASÍS

En 59 minutos la presidenta celebró un país que los ciudadanos no ven.
Cuatro días antes de aquel discurso, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025.

La ENCIG se construye mediante un procedimiento estadístico probabilístico desarrollado por el INEGI para representar a la población urbana del país. No mide simpatías políticas. Mide experiencias cotidianas.
No es la voz del INEGI.

Es la voz de millones de mexicanos que acuden por servicios médicos, esperan medicamentos, buscan un trabajo digno, realizan trámites y enfrentan la inseguridad.
Es su cotidianeidad la que evalúa todos los días a sus gobiernos.
Y esas voces describen un país muy diferente al que se presentó durante aquellos 59 minutos.

Desde el Monumento a la Revolución, la presidenta afirmó que “acabó la época de la corrupción”, que “hoy el pueblo está consciente, despierto y organizado”, que “aquí no hay espacio para corruptos” y que “ni grupos políticos del pasado ni agentes extranjeros podrán imponer condiciones a México”.

Sin embargo, la encuesta cuenta otra historia.
«Acabó la época de la corrupción», afirmó la presidenta.
Sin embargo, ocho de cada diez ciudadanos siguen considerándola frecuente.
Es difícil encontrar una distancia mayor entre el discurso y la percepción ciudadana.
Mientras el discurso habló de bienestar y transformación, la satisfacción con los servicios públicos de salud cayó de 58 a 49.7 por ciento. Más grave aún: apenas 37.3 por ciento de quienes acudieron al sistema público obtuvieron los medicamentos que necesitaban.

Para millones de mexicanos, la calidad de un gobierno se mide cuando llegan a una clínica y encuentran al médico, el tratamiento y el medicamento que necesitan.
La confianza en los gobiernos estatales apenas alcanza el 40 por ciento. En Sinaloa desciende hasta 27 por ciento. La confianza no se decreta: se construye cuando las instituciones funcionan y la ley se aplica por igual.

En materia de seguridad, el gobierno presume detenciones importantes y extradiciones relevantes. Sin embargo, la realidad sigue mostrando regiones donde grupos criminales mantienen capacidad para imponer condiciones a la población. Ahí está Tula, en Guerrero, donde tras los hechos recientes la propia Secretaría de Gobernación reconoció haber establecido comunicación con los grupos en conflicto para permitir el ingreso de las fuerzas federales.

Quizá uno de los momentos más reveladores del discurso fue la defensa política de personajes señalados por la justicia estadounidense.
No se trata únicamente de Rubén Rocha Moya. Junto a él aparecen un senador, un alcalde, exsecretarios y mandos policiales. Respecto al general Gerardo Mérida Sánchez, la jueza Katherine Polk Failla calificó la evidencia presentada como «abundante».

Si decenas de personas han sido extraditadas para responder ante tribunales extranjeros, ¿por qué estos casos merecen un tratamiento distinto?
Si son inocentes, que lo demuestren y regresen con la frente en alto.
Cada vez que el gobierno asume como propia la defensa de personajes cuestionados, vincula más estrechamente su destino político al de ellos.
Y algunos caminos, algunos no tienen retorno.

La presidenta también advirtió que agentes extranjeros intentan influir en la vida política nacional. Mientras la conversación gira hacia amenazas difíciles de identificar, los ciudadanos siguen señalando problemas perfectamente visibles: corrupción, inseguridad, falta de medicamentos y desconfianza institucional.
Los enemigos externos pueden dominar la conversación algunos días. Los problemas cotidianos gobiernan la vida de las personas todos los días.

Lo preocupante no es sólo la distancia entre el discurso y la realidad. Lo preocupante es la creciente impresión de que el gobierno ha dejado de concentrarse en resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos para enfocarse en la preservación del poder.

La realidad diaria contradice al discurso.
La confianza está rota.
La ENCIG sólo registró lo que millones ya sabían.
Tras esos 59 minutos, la desconexión se volvió oficial. El país del discurso no es el que viven los ciudadanos, ni muchos de sus votantes, ni todos los integrantes de su partido.

El gobierno no perdió la vista; simplemente decidió cambiar el rumbo de la mirada. Dejó de escuchar a la nación para atender a una minoría.
El peligro de ese aislamiento es absoluto: los privilegios de unos cuantos comienzan a confundirse con los intereses de la patria.

En 59 minutos la presidenta aplaudió un país inexistente, una ficción que solo ellos habitan. Un país que los ciudadanos no viven porque se enfrentan a una realidad que el poder ya no quiere resolver.

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