Entre la innovación y la responsabilidad
MIGUEL DOMINGUEZ FLORES
La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología reservada para laboratorios especializados o empresas del sector tecnológico. Su presencia se extiende cada vez más a ámbitos tan diversos como la educación, la salud, la seguridad y, de manera creciente, la administración pública. En ese contexto, el principal desafío ya no consiste únicamente en adoptar estas herramientas, sino en establecer las condiciones que permitan utilizarlas con transparencia, responsabilidad y apego a principios éticos.
Ese fue uno de los temas centrales abordados durante la Semana de la Evaluación 2026 organizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. Más allá de las posibilidades técnicas de la inteligencia artificial, el encuentro puso sobre la mesa una discusión relevante para el futuro de las instituciones públicas: cómo aprovechar el potencial de estas tecnologías sin perder de vista la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de evaluación gubernamental representa una oportunidad significativa. La capacidad de procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y generar análisis en tiempos reducidos puede contribuir a mejorar la medición de resultados y el diseño de políticas públicas. En una administración cada vez más orientada a la toma de decisiones basada en evidencia, estas capacidades adquieren un valor estratégico.
Sin embargo, la discusión también evidencia que la tecnología, por sí sola, no garantiza mejores resultados. La calidad de las decisiones continúa dependiendo de los criterios humanos, de la calidad de los datos utilizados y de la existencia de mecanismos que permitan comprender cómo se generan determinadas conclusiones o recomendaciones.
En este sentido, resulta particularmente relevante el planteamiento sobre la necesidad de transparentar el uso de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación. La utilización de algoritmos para analizar información pública o generar diagnósticos no puede convertirse en una práctica opaca. Por el contrario, las instituciones tienen la responsabilidad de informar cuándo utilizan estas herramientas, con qué propósito y bajo qué criterios operan.
La transparencia adquiere una importancia especial porque las decisiones gubernamentales impactan directamente en la vida de las personas. La asignación de recursos, la evaluación de programas o la definición de prioridades públicas requieren mecanismos que permitan garantizar la trazabilidad y la comprensión de los procesos utilizados para llegar a determinadas conclusiones.
Otro aspecto destacado durante la jornada fue la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para transformar los resultados de las evaluaciones en modelos predictivos que apoyen la toma de decisiones. La capacidad de anticipar escenarios o identificar tendencias puede fortalecer la planeación gubernamental y facilitar respuestas más oportunas a las necesidades de la población.
No obstante, esta posibilidad también plantea interrogantes relevantes. Los sistemas de inteligencia artificial trabajan a partir de información disponible y de patrones detectados en los datos. Cuando la información es incompleta, presenta sesgos o refleja desigualdades existentes, existe el riesgo de reproducir esas mismas limitaciones en los resultados obtenidos. De ahí la importancia de combinar la innovación tecnológica con criterios sólidos de supervisión, validación y control institucional.
