Perla Reséndez
EXPRESO-LA RAZÓN
Entre febrero y mayo de 2018, una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo colocó a Tamaulipas en el centro de una de las investigaciones más delicadas sobre presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas federales en México.
Lo que comenzó como denuncias aisladas de familias que buscaban a hijos, hermanos, esposos y padres terminó convirtiéndose en una investigación nacional e internacional que apuntó hacia integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México desplegados en esta ciudad fronteriza.
Entre enero y mayo de 2018, la Secretaría de Marina tenía desplegados 257 elementos en diferentes bases de operaciones en Nuevo Laredo, para hacer frente a la avanzada del Cartel del Noreste, sin embargo, en ese corto lapso de tiempo, se documentaron desapariciones de civiles adjudicadas a los marinos.
Ocho años después, el saldo judicial es controvertido: los 30 marinos que fueron procesados por desaparición forzada en cuatro casos quedaron absueltos por jueces federales, mientras decenas de familias continúan sin saber qué ocurrió con sus seres queridos.
En 2018, Nuevo Laredo atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia reciente. La disputa territorial entre grupos del crimen organizado había convertido a la ciudad en uno de los principales focos de atención para las fuerzas federales.
La Marina asumía un papel preponderante en las labores de seguridad y realizaba constantes operativos en colonias consideradas de alta incidencia delictiva y fue en ese escenario donde comenzaron a acumularse denuncias de desaparición.
Familiares reportaban que hombres jóvenes eran interceptados por convoyes integrados por vehículos oficiales, detenidos por personal armado y posteriormente desaparecían sin dejar rastro.
Las denuncias coincidían en varios elementos: la participación de camionetas oficiales, operativos nocturnos, personas uniformadas y la ausencia de registros formales de detención.
LAS PRIMERAS DENUNCIAS
Durante meses, madres y familiares acudieron a ministerios públicos, cuarteles militares, instalaciones de la Marina, hospitales y cárceles buscando información.
La respuesta era siempre la misma: no existía registro de las personas desaparecidas.
Ante la falta de resultados, los casos comenzaron a ser documentados por organizaciones de derechos humanos y la prensa nacional e internacional.
Los testimonios permitieron construir un patrón que apuntaba hacia la posible participación de elementos navales en desapariciones ocurridas entre febrero y mayo de 2018.
El caso dio un giro decisivo cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación formal, recopilando testimonios, evidencia documental, registros de geolocalización, videos y otros elementos de prueba.
Finalmente la CNDH concluyó que existían evidencias suficientes para acreditar la participación de integrantes de la Marina en desapariciones forzadas.
En su recomendación 36VG/2020, la Comisión estableció que elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) participaron en la desaparición forzada de al menos 27 personas en Nuevo Laredo.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y familiares, señalan 54 víctimas, entre desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los marinos.
La investigación también documentó que 19 víctimas, incluyendo tres menores de edad y dos mujeres fueron posteriormente localizadas sin vida por las mismas familias que los buscaban. Otras tres personas fueron halladas con vida.
La recomendación de la CNDH, representó uno de los señalamientos más severos emitidos por el organismo nacional contra una institución de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Organizaciones como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y diversos organismos internacionales comenzaron a dar seguimiento a las investigaciones.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los hallazgos y pidió garantizar investigaciones independientes y exhaustivas.
Para entonces, Nuevo Laredo ya era considerado un caso emblemático centro de la crisis nacional de desapariciones. La Fiscalía General de la República integró diversas carpetas de investigación.
Las pesquisas incluyeron análisis de telefonía, geolocalización de vehículos oficiales, declaraciones de testigos, bitácoras operativas y documentación militar.
Las investigaciones se enfocaron especialmente en la actuación de personal adscrito a la Unidad de Operaciones Especiales de la Sevcretaría de Marina (Unopes).
De acuerdo con las autoridades ministeriales, existían elementos para presumir la participación de integrantes de esa unidad en varias desapariciones denunciadas durante 2018.
En abril de 2021 la Fiscalía General de la República ejecutó órdenes de aprehensión contra 30 elementos de la Marina que fueron acusados de desaparición forzada relacionada con cuatro víctimas desaparecidas el 19 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo.
La propia Secretaría de Marina entregó a los elementos requeridos por la autoridad ministerial y posteriormente, un juez federal los vinculó a proceso.
La decisión fue considerada histórica debido a que pocas veces integrantes de las Fuerzas Armadas habían enfrentado acusaciones penales por desaparición forzada.
Desde el inicio, el caso enfrentó múltiples obstáculos, luego que las defensas de los marinos cuestionaron la integración de las carpetas de investigación y la validez de diversas pruebas.
Durante los años siguientes se promovieron recursos legales, apelaciones y juicios de amparo, por lo que las audiencias se prolongaron durante varios años mientras la Fiscalía intentaba sostener las acusaciones ante los tribunales.
Los representantes de las víctimas denunciaron retrasos, dilaciones procesales y dificultades para avanzar hacia una sentencia en firme y conocer la verdad de lo que había ocurrido con sus familiares desaparecidos.
Entre 2023 y 2026 comenzaron a emitirse resoluciones favorables para los militares procesados, varios jueces federales concluyeron que las pruebas aportadas por la Fiscalía resultaban insuficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados más allá de toda duda razonable.
Las absoluciones fueron acumulándose hasta cerrar los únicos cuatro procesos derivados de las acusaciones iniciales.
El golpe definitivo llegó eL 16 de abril de 2026 cuando un juez federal absolvió a los últimos siete marinos que permanecían sujetos a proceso, cerrando así el último expediente abierto contra integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales.
Se trató del caso de la desparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, ocurrida en mayo del 2018, según quedó establecido en la caerpeta 13/2025 y en la que, pese a contar con 54 testigos, incluyendo a su esposa que estaban en el Yonke Pepe´s en un convivio, hasta donde llegaron los marinos para llevarse a su esposo, el juez los absolvió.
Incluso en este caso, uno de los elementos de evidencia presentado era la ubicación del celular de José Luis, que estuvo en manos de uno de los marinos, por lo menos hasta febrero de 2019.
Con todo ello, la resolución significó que ninguno de los 30 marinos procesados recibió condena pues se señalaron deficiencias en la acreditación de responsabilidades individuales.
Los jueces absolvieron a personal naval acusado de desapariciones al considerar que la Fiscalía no probó su intervención específica. El estándar penal exige certeza sobre la responsabilidad individual, requisito que el Ministerio Público Federal no satisfizo, según las sentencias.
Las absoluciones causaron indignación en las familias, que ven más impunidad y siguen sin respuesta sobre el paradero de sus desaparecidos. A ocho años, muchas víctimas siguen ausentes y las familias afirman que la falta de condenas no niega los hechos, sino fallas en las investigaciones.
