POR NORA GARCÍA
EXPRESO-LA RAZÓN
Decenas de aerogeneradores de más de cien metros de altura giran sobre las tierras de tres ejidos en el kilómetro 22 de la Carretera Federal 83, en Llera, la electricidad que producen viaja por la red nacional hacia ciudades distantes, mientras las familias dueñas de esos predios denuncian que los pagos prometidos no llegaron en los montos pactados.
Cerca de 300 personas bloquearon el acceso al parque Mesa La Paz el 9 de marzo de 2025, según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, exigían información sobre las ganancias de la empresa porque aseguran que les corresponde un porcentaje por el uso de los predios, un reclamo que mucho tiempo despues sigue sin respuesta.
Ese bloqueo no fue un hecho aislado, fue el punto donde convergen dos realidades que en Tamaulipas contrasta con una situación evidente: la del estado que presume liderar la generación limpia nacional y la del estado que tiene miles de hogares sin electricidad y ejidatarios que litigan por pagos atrasados.
Trece parques eólicos operan hoy en Tamaulipas con una capacidad instalada de 1,722 megawatts, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético estatal, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional solo detrás de Oaxaca, que mantiene 2,758 megawatts según el Reporte Anual 2025 de la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
NEGOCIOS DE VIENTO
Mil megawatts separan a un estado del otro, una brecha que el gobierno tamaulipeco busca cerrar mediante siete proyectos en negociación que sumarían 4,542 megawatts adicionales, lo que en el discurso oficial la convertiría en el principal polo eólico del país hacia el cierre de 2026.
El peso de Tamaulipas en la transición nacional es real, durante 2025 la generación eólica mexicana alcanzó 20 teravatios hora, equivalente al 5.68% de la electricidad del país, y evitó la emisión de 8 millones de toneladas de dióxido de carbono según cifras de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, con la entidad fronteriza como una de las dos columnas de ese avance.
La capacidad instalada en megawatts marca el tope que una planta puede entregar, no lo que entrega en realidad, un parque eólico opera con un factor de planta cercano al 25% porque el viento no sopla parejo, de modo que los 1,722 megawatts del estado producen en promedio una fracción de esa potencia nominal.
El sector energético se volvió bandera del discurso económico estatal, el gobierno coloca a Tamaulipas como segundo lugar nacional en generación con 8,569 megawatts de todas las fuentes en 2025 y segundo en capacidad eólica con esos 1,722 megawatts, cifras que repite en cada informe de gobierno.
Ese liderazgo convive con un crecimiento industrial acelerado, en enero de 2026 la entidad alcanzó el segundo lugar nacional en actividad industrial con un avance anual de 11.8% según indicadores del INEGI, impulsado en parte por la generación y distribución de energía eléctrica que se presume como motor del estado.
Otro dato rara vez acompaña esos anuncios, Tamaulipas aprovecha menos del 20% de su potencial eólico estimado de acuerdo con proyecciones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, una proporción que revela cuánto del recurso sigue sin convertirse en electricidad pese al viento del territorio.
CAMBIO DE REGLAS DETUVO CRECIMIENTO
Esos vientos se concentran en la costa del Golfo y en el norte, se intensifican con los frentes fríos de otoño e invierno, son constantes, predecibles y de calidad excepcional, los mismos que atrajeron a las primeras firmas internacionales desde 2016.
El impulso se diluyó después, durante el sexenio federal anterior las reglas del mercado eléctrico fueron cuestionadas por no asegurar beneficios colectivos, y apenas en 2026 se proyecta inaugurar el primer parque nuevo desde 2018.
A la subutilización del recurso se suma un problema técnico que ningún anuncio resuelve, la falta de líneas de transmisión, especialistas reunidos en el Congreso Internacional de Energía 2025 advirtieron que la saturación de la red mantiene bloqueada energía ya generada por parques que sí están en operación.
El sector lo llama curtailment, el recorte forzado de generación cuando la red no puede admitir toda la electricidad disponible, viento que las aspas ya transformaron en energía pero que el sistema obliga a desperdiciar por falta de líneas de salida.
El propio subsecretario de Electricidad y Energías Renovables reconoció que el obstáculo no está en los contratos detenidos sino en la capacidad de transmisión, una declaración que confirma el cuello de botella, la entidad produce más de lo que su infraestructura puede mover hacia los centros de consumo. Resolver ese atasco depende de la Federación, no del estado, el Plan de Expansión 2025-2030 de la Comisión Federal de Electricidad contempla 8,177 millones de dólares para construir 275 líneas de transmisión y 524 subestaciones en el país, una obra de gran escala con plazos que rebasan el corto plazo.
TRES SUBESTACIONES, INVERSIÓN MULTIMILLONARIA
Para Tamaulipas ese plan se traduce en nueve subestaciones nuevas previstas para el verano de 2026, una inversión de 309 millones de dólares con 428.5 kilómetros de tendido de acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Desarrollo Energético estatal, que, según las autoridades, descongestionaría la red y activaría parques hoy detenidos por falta de salida.
Mientras la red se satura con la energía que sí logra generarse, la Comisión Federal de Electricidad reporta un avance del 99.96% en la electrificación estatal al cierre de 2025, una cifra alta que esconde un universo concreto de exclusión en las comunidades más alejadas.
Detrás de ese 0.04% restante hay 1,821 solicitudes activas de viviendas sin servicio eléctrico, repartidas en 36 de los 43 municipios, registradas entre agosto de 2025 y enero de 2026 según los avances que la Secretaría de Desarrollo Energético presentó ante presidentes municipales. La meta oficial contempla dotar de paneles solares a 8,700 viviendas sin acceso a electricidad antes de que termine 2026, un programa coordinado con la Secretaría de Bienestar, el DIF estatal y la CFE, dirigido a hogares alejados de la red o en zonas urbanas marginadas de ciudades como Victoria y Altamira.
El estado que aspira a abastecer de energía a buena parte del país necesita instalar paneles solares casa por casa para atender a las familias que viven a pocos kilómetros de los aerogeneradores que ya exportan electricidad a la red nacional.
EL CASO DE LLERA: ABUSO EMPRESARIAL
Llera ofrece el rostro humano de esa contradicción y permite rastrear quién captura el valor del viento, el parque eólico La Mesa se inauguró en 2016 sobre tierras de los ejidos Emiliano Zapata, Las Compuertas y Pedro J. Méndez, predios que estaban sin producir y prometían volverse fuente de ingreso para 330 familias.
Nueve años después, lo que parecía un buen negocio derivó en litigio, los comisariados ejidales acusan incumplimiento del contrato de arrendamiento, pagos insuficientes que no se actualizaron conforme a lo pactado, falta de transparencia en las ganancias y promesas de infraestructura comunitaria que quedaron sin cumplir.
El reclamo económico tiene cifra precisa, los ejidatarios de las tres comunidades buscan demandar a las empresas propietarias del complejo Tres Mesas, GBM Infraestructura y Goldman Sachs a través de su fondo GS Infrastructure Partners, por un adeudo que supera los 15 millones de dólares acumulado por el uso de sus tierras durante años. Desde la construcción nacieron los señalamientos, las comunidades denunciaron la falta de consultas previas y el incumplimiento de acuerdos sobre pagos, infraestructura y mitigación ambiental, reclamos que el nuevo marco federal de impacto social busca prevenir hoy, pero que para Llera llegaron casi una década tarde.
El secretario de Desarrollo Energético calificó como justa la demanda de los ejidatarios y reconoció que fueron agraviados por el incumplimiento de un contrato firmado por los tres ejidos, una postura que coloca al gobierno estatal como mediador entre las comunidades y los operadores privados.
La empresa ofreció un pago menor a lo reclamado, propuesta que las comunidades rechazaron, así que el caso entró en una etapa de revisión jurídica con miras a la demanda formal, mientras el gobierno estatal asumió la tarea de asesorar y acompañar a los afectados en ese proceso legal.
El núcleo del conflicto no es solo el monto sino la opacidad, los ejidatarios sostienen que nunca tuvieron acceso a la información sobre las ganancias reales del parque que opera sobre sus predios, una asimetría que les impidió saber si el pago pactado correspondía al valor de lo generado. Las consecuencias rebasan el dinero no pagado, los afectados denuncian que ya no pueden acceder con normalidad a sus tierras por el deterioro de los caminos provocado por el paso constante de maquinaria pesada, lo que ha reducido la productividad de cultivos como el sorgo y el maíz en la zona.
A esos perjuicios se añade un costo ambiental documentado, un informe interdisciplinario de instituciones académicas advierte que las instalaciones eólicas inciden en la mortalidad de aves y murciélagos y en la pérdida de hábitat de algunas especies, impacto que se añade a las quejas productivas de las comunidades. Cinco años antes del bloqueo, el propio aparato institucional había nombrado el problema, durante un foro de la Comisión de Energía de Tamaulipas realizado en 2021, su entonces encargada, Ma. Antonieta Gómez López, lo resumió en una frase, no sirve de nada anunciar inversiones si eso no trasciende en la vida de los tamaulipecos.
El complejo Tres Mesas concentra varios proyectos en la zona de Llera, Mesa La Paz, Mesa Las Chinas y Mesa La Sandía, que en conjunto fueron proyectados para generar 593 megawatts, equivalentes al consumo eléctrico de cerca de 126,000 hogares, según la información difundida durante su construcción.
El parque de mayor producción del estado se ubica en Reynosa, con 424 megawatts, seguido por Mesa La Paz en Llera con 300 megawatts, El Cortijo en Reynosa con 183 megawatts y Vicente Guerrero en Güémez con 118 megawatts, un mapa que concentra la generación en unos cuantos municipios del centro y el norte.
El conjunto de operadores revela la dimensión del capital, empresas como Acciona, Engie, Zuma Energía y Thermion mantienen parques en operación, esta última con la mayor participación local, junto a firmas de la primera ola de inversión renovable. Capital internacional reciente se sumó al mapa, la empresa SPIC-Zuma Energía, de origen chino, firmó un convenio con autoridades locales para capacitar a corporativos regionales y participar en nuevos complejos bajo el esquema de contratos mixtos que el gobierno federal impulsa en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.
La propia CFE prepara su entrada como generadora directa, con dos parques que el organismo busca detonar en el estado, uno en Reynosa de aproximadamente 400 megawatts y otro en Matamoros de 700 megawatts, lo que sumaría 1,100 megawatts de capacidad pública a la matriz tamaulipeca.
Una comparación dimensiona lo que está en juego, de los cerca de 30 parques en desarrollo en el país que suman alrededor de 5,000 megawatts según el pipeline de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, unos 2,629 megawatts corresponden a proyectos ubicados en Tamaulipas, la entidad concentra buena parte de la expansión eólica nacional prevista.
El argumento del empleo aparece de manera constante en la promoción del sector, la Asociación Mexicana de Energía Eólica proyecta 40 puestos de trabajo por cada 100 megawatts instalados, una proporción que, de concretarse todos los parques en desarrollo, alcanzaría una meta cercana a 7,800 fuentes laborales repartidas en la entidad.
Ese cálculo mezcla etapas distintas, la fase de construcción de cada parque concentra cientos de empleos temporales, la fase 3 de Tres Mesas significó 400 empleos durante su edificación según informó la empresa en su momento, pero la operación permanente requiere muchos menos trabajadores de planta.
La intensidad de empleo depende además de un factor que el discurso oficial pondera poco, la eólica genera mucha mano de obra cuando hay fabricación nacional de componentes, y muy poca cuando solo se importan y montan turbinas, una distinción que define cuánto trabajo queda en el territorio.
La industria defiende su modelo con un argumento de convivencia, sostiene que un parque ocupa apenas el 5% de la superficie y que el resto sigue disponible para agricultura y ganadería, afirmación que en Llera choca con la denuncia de caminos dañados y acceso restringido a las parcelas.
El desglose entre empleos temporales de obra, empleos permanentes de operación y la proporción de mano de obra local frente a personal externo no se difunde de forma pública, una ausencia que impide medir el beneficio laboral real que queda en los municipios.
