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Expreso – La Razón
La Cuenca de Burgos y el yacimiento Eagle Ford de Texas son la misma roca. La misma formación geológica que corre desde el sur de Texas cruza el Río Bravo y se extiende por 208 mil 600 kilómetros cuadrados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, con las mayores reservas de gas de lutita del país.
Del lado texano, esa roca generó una de las mayores bonanzas energéticas de la historia reciente de Estados Unidos. Del lado mexicano, en ese mismo periodo, los municipios que se asientan sobre ella fueron vaciados. La pregunta que durante años circuló en voz baja —si el vaciamiento fue funcional al negocio— tiene hoy respaldo estadístico, bibliografía académica y expedientes judiciales federales en Houston. Lo que falta es el eslabón que nadie ha documentado aún en forma pública: quién lo ordenó, si alguien lo ordenó.
LA MISMA ROCA, DOS MUNDOS
En 2008, cuando el boom del fracking comenzaba a transformar el sur de Texas, la industria petrolera texana operaba más de 90 mil pozos en la porción estadounidense de la cuenca. En la porción mexicana, Pemex tenía activos 3 mil 500 pozos de gas convencional, sin haber perforado un solo pozo de lutita a escala comercial.
Para 2016, Eagle Ford producía el equivalente energético de cientos de miles de barriles diarios y había convertido condados rurales como Webb, La Salle y McMullen en ejes de la segunda región petrolera más grande de Estados Unidos. Ese mismo año, la Cuenca de Burgos aportaba apenas 15 por ciento de la producción nacional de gas natural, cifra en declive sostenido desde 2012.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos calcula que México posee las sextas reservas de gas de esquisto más grandes del mundo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos estima que Tamaulipas concentra alrededor de 65 por ciento de ese potencial. Ninguno de esos recursos fue tocado durante el periodo en que el sur de Texas vivió su mayor auge en décadas.
Entre 2012 y 2014, la autoridad mexicana autorizó 27 pozos de exploración distribuidos en municipios de los tres estados norteños. Varios de esos proyectos fueron suspendidos o nunca arrancaron. La razón oficial fue siempre la misma: inseguridad.
DESPOBLAMIENTO DOCUMENTADO
Investigadores de El Colegio de México construyeron una base de datos con los 132 municipios que conforman Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, cruzando siete variables durante dos décadas, de 2000 a 2020. El hallazgo principal es preciso: los municipios más afectados por el despoblamiento y el abandono de viviendas se ubican dentro del área de la Cuenca de Burgos, con una correlación estadísticamente significativa con la violencia homicida del quinquenio 2010-2015.
No es el único trabajo. Un estudio publicado en 2025 en la revista Norteamérica, del CISAN-UNAM, que cruzó datos de 73 municipios con pozos activos e inactivos, encontró una correlación espacial positiva moderada entre actividades hidrocarburíferas y tasas de homicidio. Los investigadores señalan que la correlación no implica causalidad directa, pero que su magnitud y consistencia geográfica merece ser explicada.
La antropóloga Séverine Durin, investigadora del CIESAS, realizó trabajo de campo en localidades rurales de la frontera chica tamaulipeca y registró que la violencia criminal afectó con fuerza desproporcionada a las comunidades rurales de esa franja, al grado de perder porcentajes considerables de su población. Su libro, publicado en 2019, compila testimonios de familias desplazadas hacia el Valle de Texas.
Ciudad Mier es el caso más documentado. En 2010, prácticamente toda la cabecera municipal fue vaciada durante los enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y Los Zetas. Quienes tenían recursos cruzaron a Roma y Hancock, Texas. El municipio de Mier se asienta sobre la Cuenca de Burgos.
ASÍ OCURRIÓ EL DESPOJO
La idea de que el desplazamiento forzado puede funcionar como mecanismo de despojo territorial —y no solo como daño colateral de la violencia— tiene una genealogía académica que precede a los estudios sobre Burgos. En 2003, el académico Peter Dale Scott argumentó que Estados Unidos había desarrollado una pauta de operar guerras en zonas de reservas petroleras con apoyo de aliados del narcotráfico. Una década después, la periodista canadiense Dawn Paley extendió ese argumento a México en su libro Drug War Capitalism, publicado en 2014 por AK Press.
Paley fue directa sobre Tamaulipas. En entrevista con el Texas Observer, señaló que múltiples desplazamientos masivos habían ocurrido en los campos de Burgos, que el área del Eagle Ford al sur de Nuevo Laredo era esencialmente una de las zonas más violentas de México y que había que estar abiertos a la posibilidad de que eso no fuera una coincidencia.
Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora de la Universidad de Texas, planteó desde 2013 —en un documento de trabajo publicado por la red desiguALdades.net de Berlín— que el crimen organizado transnacional en la frontera noreste operaba en la misma dirección que los flujos globales formales, reforzando las desigualdades entre las ciudades fronterizas mexicanas y las texanas. Su libro posterior, Los Zetas Inc., publicado en 2017 por University of Texas Press, desarrolló el argumento de que los grupos criminales tamaulipecos operaban como corporaciones transnacionales con negocios que incluían el tráfico de hidrocarburos.
La síntesis más reciente es el artículo de Iglesias Nieto y Gaussens en Geopolítica(s), publicado en 2022, que formula la hipótesis en términos estadísticos: el desplazamiento forzado en el noreste mexicano responde a una lógica de despojo capitalista expansivo, asociada con estrategias de desarrollo extractivo. Los investigadores citan como antecedente metodológico los trabajos de Dawn Paley y los estudios colombianos de Oslender sobre desplazamiento como política de control territorial.
CONDENSADO ROBADO Y EMPRESAS TEXANAS
La cadena de beneficio tiene un tramo documentado en expedientes judiciales federales de Houston. En 2010 y 2012, Pemex presentó demandas civiles contra 23 empresas estadounidenses y seis individuos por la compra de condensado natural robado por cárteles en la Cuenca de Burgos. Las demandas de Pemex establecen que los cárteles robaban hasta 40 por ciento de la producción de condensado de los campos de Burgos desde 2006, mediante el secuestro de camiones cisterna a punta de arma, el secuestro de funcionarios de la empresa y la construcción de ductos propios.
El condensado era trasladado a la frontera, transferido a camiones que cumplían normas estadounidenses y cruzaba con documentos falsos. Entre los demandados figuraban empresas con sede en Texas, incluyendo sucursales de ConocoPhillips y Shell Chemical, así como Murphy Energy Corp., Trammo Petroleum y empresas operadoras en el Puerto de Brownsville.
Pemex argumentó que la venta del condensado robado requería una conspiración concertada en Estados Unidos para hacer pasar el gas robado por la frontera y disimular su origen. El monto reclamado fue de 300 millones de dólares. La empresa recuperó 71 millones en sentencias contra cinco empresas y un individuo.
En ese contexto, un jurado federal en Houston condenó al empresario texano Alexandro Rovirosa por su participación en un esquema de soborno a funcionarios de Pemex. El Departamento de Justicia señaló que Rovirosa tenía vínculos con miembros de cárteles mexicanos. La pregunta que los expedientes judiciales no responden es la inversa: si los compradores del condensado tenían incentivo en que la zona productora permaneciera inaccesible para la inversión rival, si ese incentivo se tradujo en financiamiento de los grupos que la vaciaron, y si ese financiamiento fue deliberado o simplemente funcional. Esa es la brecha que la investigación periodística no ha cerrado.
