Han pasado casi cinco años desde que comenzaron a acumularse señalamientos, investigaciones y acusaciones legales contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y desvío de recursos públicos, entre otros.
En ese mismo caso, también ha sido mencionado su hermano Ismael, actual diputado local. Sin embargo, más allá de los expedientes en manos del Poder Judicial de Tamaulipas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué no existe una respuesta definitiva para la sociedad tamaulipeca?
El caso ha trascendido del ámbito jurídico a convertirse en un asunto de confianza ciudadana. No se trata únicamente de presentar las denuncias; hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias, para hacer valer la ley cuando los acusados, ocupan u ocuparon altos niveles de poder. La ciudadanía tiene memoria, cómo salió y cómo se fue el ex gobernador; el pueblo exige justicia; es una demanda recurrente; cada que el sujeto se asoma en las redes sociales, los comentarios siempre son los mismos, pidiendo su detención a las autoridades del poder judicial, como prometieron cuando llegaron al cargo.
La solicitud de extradición presentada ante las autoridades estadounidenses del exmandatario, es parte de la cadena de impunidad; mientras tanto, el exgobernador continúa residiendo en Estados Unidos, muy activo en sus redes sociales, difundiendo la vida de privilegio que lleva en aquel país al que huyó días antes de concluir su encargo, para fugarse de la ley, pero además, desde allá se le atribuye que opera una estrategia de confrontación mediática contra el gobernador, Americo Villarreal Anaya y su familia, alimentando un tema que no existe, primero porque en su caso enfrenta procesos legales y una solicitud de extradición que continúa sin resolverse, mientras Américo ejerce el cargo para el que fue electo con un alto nivel de aceptación y calificación que le dan los ciudadanos.
La oposición, respaldada por algunos medios nacionales, que difunden sus versiones, insiste en que se trata de una persecución política. Sin embargo, existen pilas de expedientes en contra de Cabeza de Vaca y de varios de sus colaboradores; algunos de ellos, por cierto, ya se encuentran en prisión enfrentando procesos judiciales, que desmantelan tal afirmación.
Ya son cinco años, como lo dijo en su momento la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, Norma Angélica Pedraza: la ciudadanía quiere verlos en la cárcel, pero tenemos que cuidar el debido proceso, y así debe ser. Sin embargo, ya son cinco años… ¿cuántos más faltarán para dar cumplimiento a la orden de aprehensión?
Seguramente como viene el inicio de un proceso electoral, evitarán acelerar el caso, “para que no se vuelva a hacer la víctima”, sin embargo el problema no es únicamente el burocratismo de la justicia, sino el mensaje que reciben los ciudadanos, cuando un caso de esta magnitud permanece abierto durante tantos años sin resultados concretos. Cada día que pasa con ese rostro de impunidad, fortalece la percepción de que existen distintos niveles de acceso a la justicia y distintas velocidades para la aplicación de la ley en función de quien se trate el expediente.
Si las instituciones mexicanas sostienen que existen elementos suficientes para investigar y perseguir estos hechos, la sociedad espera resultados. Si no los hay, la incertidumbre se convierte en molestia y escala al hartazgo social y desgaste de la credibilidad en la institucionalidad.
También resultan inevitables los cuestionamientos a la falta de cooperación efectiva para concretar la extradición. La relación entre ambos países ha demostrado capacidad para coordinarse en múltiples asuntos de seguridad y procuración de justicia. Por ello, la ausencia de resultados en un caso tan visible genera más preguntas que respuestas.
Lo que ocurre con Cabeza de Vaca merece ser estudiado más allá de la coyuntura política. Es un caso que permite analizar los límites de las instituciones, la eficacia de los mecanismos de cooperación internacional y la capacidad real del sistema para actuar, cuando se trata de personajes con poder político y recursos suficientes para prolongar litigios.
La pregunta sigue vigente: ¿cuánto más habrá que esperar para ver cumplida la oferta de justicia contra los saqueadores del Estado?
De no concretarse pronto, quedará la percepción entre la ciudadanía de que la justicia nunca le hizo, ni le hará nada a Cabeza de Vaca.
