Por Raúl López García
Expreso
CIUDAD VICTORIA.- La revisión interna de la Secretaría de Salud de Tamaulipas no tiene fecha de cierre. Más de dos meses después de que la doctora Adriana Marcela Hernández Campos asumiera la titularidad de la dependencia, el proceso de entrega-recepción sigue abierto, las observaciones administrativas continúan acumulándose y dos instancias del Estado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Fiscalía General de Justicia ya tienen en sus manos información derivada de esas revisiones.
«Sí hemos hecho observaciones y eso es lo importante, que se turnen y que aquí no se va a ocultar nada», declaró Hernández Campo al ser cuestionada sobre posibles irregularidades heredadas de la administración anterior.
La funcionaria no precisó el número ni la naturaleza de las observaciones detectadas, pero dejó claro que el proceso de transición aún puede arrojar nuevos hallazgos. «Hasta el momento no hemos terminado la entrega-recepción, estamos analizando todo, entonces todavía tenemos un espacio para seguir realizando observaciones», afirmó.
Dos instancias, una misma información
El camino que siguió la Secretaría de Salud ante los hallazgos detectados no fue el silencio ni el expediente archivado: la información fue remitida a las dos instancias con facultades para investigar y sancionar. «Toda esta información la tiene la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como también la Fiscalía. Ellos son los adecuados para emitir alguna información al respecto», subrayó Hernández Campo, quien justificó la reserva de la dependencia por el riesgo de afectar el debido proceso.
La titular también confirmó que existen investigaciones en curso derivadas de denuncias recientes presentadas por personal de la propia Secretaría. En ese contexto, señaló que ya solicitó una revisión exhaustiva de los señalamientos difundidos públicamente. «He solicitado revisar toda la información concerniente al caso para poder tener también elementos objetivos. Y claro que procederemos conforme a la normatividad del marco jurídico», sostuvo.
Un proceso que se alarga
Que una entrega-recepción supere los dos meses no es, por sí solo, una anomalía en la administración pública. Sin embargo, el hecho de que las observaciones sigan surgiendo y que ya hayan derivado en denuncias de los propios trabajadores de la dependencia revela que el tejido administrativo que encontró Hernández Campo presentaba problemas de fondo, cuya dimensión real aún no se conoce con precisión.
La secretaria evitó anticipar si los hallazgos derivarán en procedimientos formales contra ex servidores públicos, y remitió esa determinación a las autoridades competentes. Lo que sí quedó claro es que la dependencia no cerrará el expediente de manera anticipada: mientras haya documentos y procedimientos por revisar, el proceso seguirá.
