Por Staff
El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Marco Antonio García Barrientos, ofreció el miércoles una conferencia de prensa para contextualizar el litigio de más de tres años que el Gobierno de Tamaulipas mantiene con Grupo Empresarial Dalca, proveedor de despensas, y rechazar que se trate de una persecución política contra su propietario.
El caso arranca en marzo de 2023, cuando el gobierno rescindió el contrato de suministro de despensas firmado el 15 de ese mes, al considerar que la empresa incumplió con la presentación de las pólizas de garantía requeridas. En agosto de 2023, Dalca respondió con una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, reclamando indemnización por daños y perjuicios.
El 27 de enero de 2025, la Primera Sala Unitaria del tribunal emitió un fallo favorable a la empresa. Sin embargo, las dependencias estatales impugnaron esa resolución. El pleno del mismo tribunal la revocó por unanimidad el 27 de mayo de 2025 —incluso el magistrado que había emitido el primer fallo votó a favor de la revocación— y ordenó la reposición del procedimiento. La empresa promovió juicio de amparo, pero las instancias federales confirmaron la legalidad de la actuación del Estado.
En paralelo al proceso administrativo corre una investigación penal iniciada el 21 de abril de 2025 por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El detonante fue una contradicción detectada dentro del propio expediente: en la demanda, la empresa sostuvo que entregó las pólizas de garantía el 15 de marzo de 2023, el mismo día de la firma del contrato. Pero al solicitar información a la afianzadora, esta informó que los documentos fueron entregados en la Ciudad de México el 11 de abril de ese año, casi un mes después.
García Barrientos fue directo: «El empresario refiere en su demanda que presentó las pólizas el 15 de marzo, el día en que firmó el contrato, lo cual es materialmente imposible, ya que las recibió el 11 de abril, según informe de la propia afianzadora.» Las figuras que se investigan son falsedad en declaraciones e informes dados ante autoridad, y fraude procesal. Durante la conferencia, el funcionario presentó los documentos de respaldo para que los medios pudieran verificarlos.
García Barrientos desmintió que el empresario se encuentre arraigado. Presentó imágenes de su ingreso libre a las instalaciones de Palacio de Gobierno el 3 de junio de 2026, en el marco de una audiencia judicial en la que la representación de Dalca solicitó un receso para explorar una posible conciliación.
Fue el propio empresario quien contactó al consejero jurídico y acudió a la cita. La entrega de su visa y pasaporte al juzgado, aclaró el funcionario, fue voluntaria y como medida cautelar dentro del proceso penal, a decisión del juez.
Respecto a los señalamientos que circularon en medios sobre un presunto pago de moche a un familiar del gobernador, García Barrientos subrayó que ningún dato ni referencia al respecto obra dentro de los expedientes judiciales, y trazó una distinción clara: lo dicho en entrevistas no equivale a prueba; en un procedimiento judicial, todo argumento debe acreditarse.
El funcionario recordó que durante más de tres años de litigio, la empresa ejerció plenamente su derecho de defensa mediante demandas, recursos y amparos, sin que esas acusaciones aparecieran en ningún expediente. Tras la rescisión, el suministro de despensas fue asignado a Diconsa, con mejores condiciones para el Estado y para las familias beneficiarias.
«No estamos frente a un debate político ni mediático», concluyó García Barrientos. «Las decisiones de la justicia no se construyen en entrevistas o declaraciones: se construyen con hechos, pruebas y resoluciones.»
