Los números no mienten, pero sí incomodan.
Los más de 14 mil 414 millones de pesos observados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de las cuentas públicas 2024 representan mucho más que una cifra récord. Son la radiografía de una administración pública que sigue arrastrando viejos vicios: desorden financiero, controles internos deficientes y una preocupante cultura de la improvisación en el manejo del dinero público.
El incremento de casi 26 por ciento respecto al año anterior podría interpretarse de dos formas. La primera, como sostiene el auditor Francisco Noriega Orozco, que hoy existe una fiscalización más rigurosa, técnica e imparcial. La segunda, quizá más preocupante, es que las irregularidades siguen creciendo a pesar de los constantes discursos sobre transparencia y rendición de cuentas.
Si algo revela el informe presentado ante el Congreso local es que el problema no se limita a casos aislados. El 88 por ciento de los ayuntamientos auditados obtuvo una calificación de “no cumplió”. Es decir, prácticamente nueve de cada diez gobiernos municipales presentaron observaciones relevantes en el manejo de recursos públicos.
Pero donde la alarma se convierte en crisis es en las Comapas.
Los organismos operadores del agua acumulan observaciones por más de 11 mil 300 millones de pesos y el cien por ciento de ellos recibió una opinión negativa. No se trata solamente de fallas administrativas; se trata de instituciones financieramente enfermas que durante años han servido como refugio de prácticas opacas, nóminas infladas, carteras vencidas incobrables y una ausencia casi permanente de controles efectivos.
Resulta difícil creer que después de tantos diagnósticos, recomendaciones y llamados de atención, las Comapas continúen siendo uno de los mayores agujeros financieros del sector público tamaulipeco.
La explicación de que 2024 fue un año de transición política ayuda a entender parte del fenómeno, pero no lo justifica. De hecho, la revelación de que en numerosos procesos de entrega-recepción existían documentos reportados en las actas que físicamente nunca aparecieron debería encender focos rojos en todas las instancias de control gubernamental.
Porque cuando desaparecen expedientes, comprobantes o registros contables, desaparece también la posibilidad de verificar el destino real del dinero público.
Y ahí es donde la frase del auditor cobra relevancia: “Gasto que no se acredita documentalmente, es gasto que se observa”.
La pregunta es si las observaciones terminarán traducidas en sanciones ejemplares o quedarán atrapadas en el largo laberinto burocrático que históricamente ha permitido que muchos expedientes concluyan sin consecuencias.
Los 153 servidores públicos sancionados entre 2024 y 2025 son un dato importante, pero insuficiente frente a una bolsa de observaciones que supera los 14 mil millones de pesos. Más aún cuando los expedientes por presuntas faltas graves apenas involucran alrededor de 60 millones.
La distancia entre las observaciones detectadas y las responsabilidades efectivamente fincadas sigue siendo enorme.
En política, las auditorías suelen convertirse en instrumentos de presión, negociación o ajuste de cuentas. Sin embargo, la verdadera prueba para la Auditoría Superior del Estado apenas comienza. No está en detectar irregularidades, sino en demostrar que los hallazgos tienen consecuencias reales.
Porque si al final los números quedan sólo en informes, comparecencias y discursos de buenas intenciones, la fiscalización se convierte en una estadística más y la impunidad conserva intacto su lugar dentro del sistema.
Los más de 14 mil millones observados representan una cifra histórica. Lo verdaderamente histórico sería que alguien respondiera por ellos.
