A unas horas del silbatazo inaugural, el gobierno federal llama «provocación» a las marchas que rodearán el estadio; y sin embargo, cuando el descontento es general, el problema rara vez está en quien protesta, casi siempre en quien gobierna.
El jueves, mientras el balón rueda en el Estadio Banorte y el país se asoma al Mundial, al menos seis contingentes buscarán estrangular los accesos al inmueble: maestros de la CNTE, trabajadores de Pemex y CFE, madres buscadoras, campesinos, personal de salud y transportistas, cada uno con un agravio distinto, todos con la misma sospecha de que nadie arriba los escucha.
Desde Palacio Nacional la lectura fue otra; la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no existe un descontento social generalizado, atribuyó a la CNTE rasgos de provocación y pidió que cualquier manifestación se realice de forma pacífica.
La escena no es inédita; en 1986, cuando México organizó por segunda vez la Copa del Mundo, el país arrastraba el agravio del sismo del año anterior, y las luchas por vivienda del movimiento urbano popular también salieron a las calles, de modo que la idea del torneo como escaparate impecable choca, cada cierto tiempo, con un país que usa los reflectores para enseñar lo que el discurso prefiere esconder.
Los números dibujan un cuadro más incómodo que el discurso; la aprobación presidencial sigue alta, cerca del 69% en algunas mediciones de mayo, aunque otras la colocan alrededor del 51%, mientras la percepción de la inseguridad como principal problema del país saltó de 60% a 79% entre febrero y marzo, y la evaluación positiva en seguridad cayó al 25%, la más baja del sexenio.
Conviene detenerse en esa grieta que el promedio esconde; un gobierno puede ser popular y, al mismo tiempo, administrar un malestar que crece por debajo, porque la aprobación mide el afecto hacia quien gobierna, no la satisfacción con lo que se vive cada día, y cuando ambas se separan el respaldo se vuelve un dato menos tranquilizador de lo que aparenta.
A esa tensión se suma una herida que el poder fue sacando de la agenda; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas rebasa los 130 mil casos, y diversos análisis de ese registro muestran que en el primer año de esta administración la desaparición trepó a unas 40 víctimas diarias, justo cuando bajaban los homicidios dolosos.
Lo saben las madres buscadoras, que cargan un dato que ninguna estadística transmite, el de salir a escarbar, con sus propias manos, la tierra que el Estado dejó de remover.
A pie de calle las demandas son más prosaicas y más urgentes: renta que sube más rápido que el salario, transporte que se cae a pedazos, plazas que se prometen y no llegan, búsquedas que no terminan, hospitales que cargan con el desabasto; ninguna se inventó esta semana, ninguna nació de un manual extranjero, todas estaban ahí mucho antes de que se fijara la fecha del torneo.
Ese contraste pesa más que cualquier consigna; un país que en pocos meses remodela estadios, despliega operativos y monta una fiesta global tiene, por definición, capacidad de Estado, y entonces el argumento de que la vivienda, la salud o la búsqueda exceden sus posibilidades se cae solo, porque el problema no es la falta de recursos, es el orden de las prioridades, y un presupuesto es la confesión de prioridades más honesta de un gobierno, mucho más que cualquier discurso.
El reflejo más cómodo del poder es viejo y conocido, el de atribuir todo malestar amplio a unos cuantos agitadores, cuando lo más probable es justo lo contrario, pues cuando el descontento se vuelve general y recurrente lo que falla suele estar en la conducta del gobierno, no en el ánimo de la gente, que rara vez se moviliza por gusto y casi siempre porque algo dejó de funcionar.
Hay además una verdad incómoda que conviene recordar: la gente no tiene interés en el desorden, de modo que cuando se equivoca suele ser por error y rara vez por cálculo, y reducir su protesta a provocación no responde la pregunta, solo la patea hacia adelante y deja intacta la causa que la origina.
Hay un detalle de lenguaje que pesa más de lo que aparenta; nombrar provocación lo que es reclamo, negar lo generalizado frente a seis sectores que marchan a la vez, retirar de la mañanera las cifras de desaparición, no borra el problema, apenas administra su visibilidad, y administrar la visibilidad de una herida no es lo mismo que curarla.
El proyecto que llegó en 2018 prometió gobernar para los de abajo; esa promesa es hoy la vara con la que esos mismos de abajo lo miden, y la distancia entre lo que se prometió y lo que se vive es justamente el suelo donde germina el descontento, no como sabotaje opositor, sino como factura de las expectativas que el propio discurso encendió.
Leerlo como conspiración ahorra el trabajo incómodo de revisar la gestión propia, aunque ningún malestar se apaga negando que exista.
El Mundial terminará en julio, los reflectores se apagarán, y el malestar seguirá ahí, porque estaba antes del silbatazo y no depende de él, de modo que la pregunta no es cómo contener las marchas del jueves, sino si alguien en el poder está dispuesto a leerlas como lo que son.
Un síntoma se atiende, una provocación se reprime, y confundir uno con la otra es la forma más elegante de no resolver nada.
