Por Staff
Expreso-La Razón
Tres operativos ejecutados en los últimos cuatro meses, acumulan más de 3.35 millones de litros decomisados, decenas de autotanques y vehículos de trasiego, y al menos dos detenidos en Reynosa.
El municipio fronterizo concentra los mayores aseguramientos relacionados con huachicol fiscal en el estado.
Autoridades federales y estatales ejecutaron esta semana dos cateos en predios de la periferia de Reynosa que resultaron en el aseguramiento de más de 1.35 millones de litros de hidrocarburo y la captura de dos personas.
Sumado al operativo del 29 de marzo en la misma ciudad —donde se decomisaron más de dos millones de litros— el total cuantificado en litros asegurados en Tamaulipas durante 2025 supera los 3.35 millones, en una secuencia de golpes que apuntan a desmantelar redes de almacenamiento y distribución de combustible de origen ilícito.
Los operativos fueron ejecutados en inmuebles ubicados en caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, a partir de investigaciones iniciadas tras denuncias anónimas sobre almacenamiento ilegal de combustible.
En el primer predio, agentes federales localizaron 1,200,000 litros de combustible, 24 autotanques, 18 contenedores tipo fractank, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, cargadores, cartuchos y diversa documentación. Durante la intervención fueron detenidos dos individuos que se encontraban al interior de una bodega industrial utilizada para el trasiego. Las autoridades no revelaron sus identidades.
En el segundo inmueble se aseguraron otros 155,000 litros de hidrocarburo, ocho fractanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y aproximadamente 190,000 litros de alcohol.
El mayor decomiso individual del año en el estado ocurrió el 29 de marzo, también en Reynosa. En ese cateo, autoridades aseguraron más de 2,000,000 de litros de combustible, 49 fractanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un cubitanque. La magnitud del arsenal logístico sugería la operación de un centro de concentración y distribución de escala regional.
Matamoros, 25 de abril: golpe valorado en 8.3 millones de pesos.
Un mes después del operativo en Reynosa, el 25 de abril, autoridades intervinieron un predio en Matamoros donde se aseguraron dos pipas, 13 contenedores tipo fractank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca, además del propio inmueble. Las autoridades cuantificaron el golpe a la estructura criminal en 8.3 millones de pesos. El lugar operaba como centro de concentración, almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilegal.
El mes pasado, la FGR informó el desmantelamiento de una de las redes de contrabando de combustible más relevantes detectadas en el país, derivada de investigaciones iniciadas a partir de un operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira. Las empresas involucradas en ese caso utilizaban documentación falsa o con datos inexactos y recurrían a compañías fachada para encubrir sus actividades. La red operaba bajo un esquema logístico multimodal que integraba transporte marítimo, ferroviario y terrestre, lo que facilitaba la introducción, traslado, almacenamiento y distribución ilegal del combustible.
A diferencia del ordeño de ductos, el huachicol fiscal no requiere intervención física sobre la infraestructura de Pemex. El hidrocarburo —obtenido por robo, triangulación portuaria o desvío en refinerías— es introducido a la cadena comercial mediante facturas que acreditan una procedencia inexistente. El comprador final adquiere combustible más barato que el de mercado, el intermediario se apropia del diferencial fiscal del IEPS y del IVA no enterado, y el SAT asume la pérdida recaudatoria.
Las estructuras operativas suelen incluir: empresas fachada registradas ante el SAT con actividad comercial simulada; fractanks y autotanques como infraestructura de almacenamiento temporal fuera de la red de ductos de Pemex; y esquemas de traslado que combinan transporte terrestre y, en casos como el de Altamira, marítimo y ferroviario para dificultar el rastreo. Las pérdidas estimadas para el erario mexicano por esta modalidad ascienden a decenas de miles de millones de pesos al año, según estimaciones de organismos del sector energético.
