Por José Luis Rodríguez Castro
Expreso – La Razón
Elevar el monto máximo de las pensiones jubilatorias de 67 mil 145 a 134 mil 290 pesos mensuales, restablecer los pagos catorcenales y reembolsar los descuentos efectuados a jubilados fueron los acuerdos tomados entre Pemex y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).
El secretario general de la organización, Martín Ruiz Gámez informó que son los compromisos asumidos por Petróleos Mexicanos para aplicarse a partir de la primera catorcena del mes de julio
La empresa productiva del Estado, agrego, que prevé concretar las modificaciones durante los primeros 15 días de julio.
“Este paso atrás de PEMEX no es un regalo, ni una dádiva, es producto de la lucha política y jurídica de la UNTyPP, jubilados y movimientos sociales”, expuso.
De acuerdo con el documento, el incremento del tope de las pensiones representa una corrección a la reducción aplicada previamente, además de incluir la devolución de recursos descontados y el retorno al esquema tradicional de pagos cada 14 días.
La organización sindical sostuvo que el conflicto aun no concluye debido a que permanece vigente la disposición constitucional que vincula los límites de las pensiones con la remuneración presidencial, situación que consideran mantiene la incertidumbre para miles de jubilados.
“Tenemos argumentos jurídicos sólidos e irrefutables, y tenemos la fuerza de la unidad”.
El organismo gremial, dijo que continuará con las acciones legales y de movilización emprendidas desde hace varios meses hasta garantizar que se derogue la ley de “Pensiones Doradas”
La UNTyPP argumentó que el monto de 134 mil 290 pesos corresponde al total de la remuneración ordinaria líquida mensual presidencial establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, por lo que considera que la medida anunciada no modifica de fondo el marco legal vigente.
Ante ese escenario, el sindicato informó que mantendrá las entrevistas con jubilados contempladas en su agenda de trabajo y continuará convocando acciones políticas y jurídicas para buscar una solución definitiva al conflicto relacionado con las pensiones del sector petrolero.
