Por. Cynthia Gallardo
La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- La exposición de conflictos familiares y procesos judiciales relacionados con niñas, niños y adolescentes en redes sociales puede generar afectaciones permanentes a su privacidad y desarrollo, advirtió Juan Manuel Becerril de la Llata, abogado litigante en derecho constitucional, procesal, amparo y litigio civil.
Previo a impartir uno de los módulos del diplomado “Litigación Oral – Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: La Nueva Era Procesal en Tamaulipas”, el especialista señaló que en este tipo de asuntos debe prevalecer el interés superior de la niñez por encima de cualquier interés mediático o particular.
“Hay que privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El hecho de que se expongan datos personales afecta su vida privada; ahorita son muy pequeños todavía, pero en algún momento esa huella queda digitalmente registrada para el futuro”
Indicó que los jueces cuentan con facultades para intervenir cuando alguna de las partes difunde información confidencial que pueda perjudicar a menores involucrados en procesos judiciales.
“Los jueces tienen plenamente facultad de inhibir estas conductas y apercibir a las partes con sanciones posibles, como medidas de apremio, en caso de que revelen datos confidenciales que pueden afectar a esos niños”
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas, José Isabel Luna, consideró que la difusión masiva de conflictos familiares puede generar consecuencias sociales y emocionales duraderas para los menores.
“Imagínate, estás casado, tienes dos hijos y de repente tu caso se hace viral. Tus hijos van a ser tildados por la sociedad. Esa es la afectación, una de tantas que puede pasarle a un asunto viral”
Indicó que existen casos en los que la exposición pública termina marcando la vida de las infancias involucradas, al quedar asociadas de manera permanente a conflictos familiares que fueron ampliamente difundidos.
Asimismo, criticó la práctica de acudir a los medios de comunicación o a las redes sociales para intentar influir en procedimientos judiciales.
“Estamos en contra de que, si el juez no te da la razón, vayas a los medios a ver quién te la da. Eso no es correcto. Ya salir con tu cliente para presionar al juez son cosas que caen en excesos”
Becerril de la Llata explicó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación nacional está prevista para el 1 de abril de 2027, se sustenta en tres ejes principales: la oralidad, el uso de tecnologías de la información para la digitalización de los procedimientos judiciales y los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación.
Dijo que estos cambios buscan modernizar la impartición de justicia y fortalecer la protección de los derechos de los grupos vulnerables, particularmente de niñas, niños y adolescentes.
