Por. Cynthia Gallardo
La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aunque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no exige certificaciones para el ejercicio de la litigación, sí demanda que los profesionales del derecho cuenten con conocimientos especializados para garantizar la adecuada protección de grupos vulnerables, afirmó María de los Ángeles Rojano Zavalza, magistrada de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Al asistir al diplomado “Litigación Oral – Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: La Nueva Era Procesal en Tamaulipas”, la magistrada explicó que en distintas partes del país se ofrecen certificaciones y cursos derivados del interés de los abogados por prepararse ante la implementación de la nueva legislación.
“En todo el país tenemos la necesidad de educar en el ámbito del derecho y nosotros, con esa hambre de conocimiento, queremos adelantarnos y conocer. No se trata de fraudes, se trata del interés”
Dijo que las certificaciones no constituyen un requisito legal para litigar; sin embargo, consideró indispensable que quienes intervengan en procedimientos relacionados con grupos vulnerables posean la experiencia y sensibilidad necesarias.
“Yo no dejaría la defensa de la infancia, niñas, niños y adolescentes en las manos de cualquiera. Necesitamos alguien que realmente tenga el conocimiento, sensibilidad y experticia para poder llevar a cabo esos procedimientos”
Rojano Zavalza expresó que uno de los objetivos del nuevo código es homologar criterios y garantizar una interpretación uniforme de las normas jurídicas en todo el país, evitando aplicaciones incorrectas o imprecisas de la ley.
Asimismo, explicó que la nueva legislación fortalece las medidas de acompañamiento y asesoría para personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros sectores que requieren protección especial de sus derechos.
“Si bien es cierto no se requiere una certificación, sí tenemos que tener los conocimientos, la experticia y la necesidad de poder designar esas personas que nos lleven ese acompañamiento”
La magistrada expresó que jueces y magistrados tendrán la responsabilidad de vigilar que dichos grupos cuenten con asesoría adecuada y con mecanismos efectivos de protección durante los procedimientos judiciales.
“Tenemos que vigilar que esa vulnerabilidad que esté presentando alguno de los grupos esté asesorada, acompañada y protegida en sus derechos humanos de manera adecuada”, concluyó.
