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MÉXICO.- La Fiscalía General de la República detuvo este viernes a Héctor Taurino Landa Cabrera, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, mediante una operación ejecutada en Xalapa, Veracruz.
Landa Cabrera ocupó entre 2011 y 2018 el cargo de Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, la unidad responsable de fiscalizar a las empresas de mayor volumen tributario del país.
La investigación se originó en agosto de 2018, cuando la Secretaría de Hacienda detectó que la empresa Arrendadora Franllutti, integrante de una red de 324 factureras, entregó al funcionario una residencia en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos.
El inmueble fue cedido como pago por un contrato de prestación de servicios que, según la FGR, nunca fue ejecutado, y Landa Cabrera no lo reportó ante la Secretaría de la Función Pública, obligación que le imponía su condición de servidor público federal.
La Fiscalía documentó que adquirió tres propiedades en la Ciudad de México sin justificar su origen, por un monto de 21.9 millones de pesos, cifra que superaba sus ingresos acumulados como empleado federal, lo que llevó a la acusación formal por 50.5 millones de pesos.
Landa Cabrera operó bajo la conducción de dos jefes del SAT: Aristóteles Núñez Sánchez, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, y Osvaldo Santín Quiroz, de septiembre de 2016 a noviembre de 2018, ambos designados bajo la Secretaría de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El expediente acumula seis años de litigio: acusación formal en 2020, vinculación a proceso por un tribunal penal capitalino en 2021, amparo negado por la Suprema Corte en 2023, y suspensión del juicio de extinción de dominio en 2024, tras la alegación de un trastorno psiquiátrico del imputado.
Con la captura ejecutada este viernes por la Agencia de Investigación Criminal, el caso ingresa a la etapa de definición judicial, en la que un juez federal deberá resolver la situación legal de Landa Cabrera conforme a los plazos que establece la ley.
