En los peores años de la narcoviolencia en Tamaulipas, las calles y carreteras eran dominadas por caravanas de camionetas con ocupantes encapuchados. Por las ventanillas de las Suburban y Tahoe asomaban rifles AR-15 y AK-47, y cuando paraban, descendían sicarios con cartucheras de alto calibre, granadas en los bolsillos y escoltas armadas con Barrett .50, fusiles capaces de partir blindajes y cuerpos por igual.
Fueron días en que la gobernabilidad se perdió y las bandas criminales habían acorralado al poder del Estado. Hoy subsisten, aunque se desplazan en el sigilo; los boletines de las fuerzas armadas y de las policías nacional y estatal consignan información que repite los patrones de los últimos años: los “monstruos”, tanquetas improvisadas equipadas con armamento de alto calibre, construidas en talleres clandestinos con acero, soldadura y armas que cruzaron la frontera norte con discreción y sin mayor obstáculo.
Esas armas llegan a México desde Estados Unidos y no proceden del contrabando ni de redes clandestinas, sino de tiendas con licencia, casas de empeño y ferias de armas en estados fronterizos donde la regulación es tan laxa que comprar un rifle de asalto requiere menos trámite que renovar una licencia de manejo. Y sin embargo, cada vez que el problema explota, Washington voltea al sur y pronuncia las palabras de siempre.
Lo inauguró Nixon en 1971 cuando declaró la guerra contra las drogas y convirtió la frontera sur en el frente favorito de su retórica. Lo institucionalizó el Congreso en 1986 con el proceso de certificación antinarcóticos, un mecanismo anual por el cual Washington calificaba la cooperación de México, con consecuencias arancelarias y diplomáticas.
El detonador fue el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, un crimen que sacudió a la opinión pública estadounidense y ameritaba respuesta. Pero el instrumento que se construyó sobre ese dolor duró dieciséis años y nunca contempló la afirmación evidente: los consumidores que financiaban a los cárteles vivían todos al norte de la frontera.
En 2008 llegó la Iniciativa Mérida con lenguaje de corresponsabilidad y la promesa de atacar también el flujo de armas y dinero ilícito. Tres años después se reveló que el propio gobierno norteamericano había permitido el tráfico deliberado de miles de armas hacia México en la operación Rápido y Furioso, diseñada para rastrear rutas criminales, que terminó armando a los cárteles que decía combatir. La corresponsabilidad tenía sus límites muy bien definidos.
Trump llegó al extremo que el libreto tenía reservado para alguien sin inhibiciones diplomáticas. En febrero de 2025 formalizó la designación de ocho organizaciones criminales mexicanas como terroristas extranjeras, y en agosto firmó una orden secreta instruyendo al Pentágono a preparar opciones de fuerza militar en territorio mexicano, incluyendo fuerzas especiales y selección de blancos. El vecino incómodo estaba a punto de convertirse en teatro de operaciones.
Lo que ese discurso omite es lo que los datos registran sin ambigüedad. Tres de cada cuatro armas decomisadas a criminales en México entre 2019 y 2024 provenían de Estados Unidos, y la mayoría fueron compradas con licencia en tiendas del lado norte. El mercado minorista de drogas en ese país genera 146 mil millones de dólares al año, cifra que explica por qué los cárteles existen, se expanden y se rearman, con independencia de cuántos líderes sean capturados o extraditados.
El dinero que ganan los distribuidores de la droga en EU se lava, circula y reinvierte en su mayor parte dentro de territorio estadounidense, sin que exista una campaña federal estructurada para desmantelar las redes de distribución con la misma energía con que se exigen resultados a México. Es el negocio perfecto: se venden las armas, se compra la droga, se lava el dinero y se le cobra al vecino incómodo la factura de la violencia.
