Por Raúl López García
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Diez nuevos parques de energía eólica y solar llegarán a Tamaulipas con una promesa que antes no existía: que esta vez el Estado vigilará los contratos, los pagos a ejidatarios y los beneficios para las comunidades. La advertencia implícita es reveladora — porque admite, de paso, que en los proyectos anteriores nadie lo hizo.
La Secretaría de Desarrollo Energético confirmó la autorización de diez proyectos que aportarán más de 3 mil 200 megawatts de capacidad instalada en municipios como Reynosa, Matamoros, San Fernando, San Carlos, Casas, Tula y Altamira. Cuatro ya tienen autorización formal; el resto avanzará conforme se cumplan procesos regulatorios. La mayoría de los parques eólicos iniciaría operaciones durante 2028, mientras que varios fotovoltaicos podrían generar energía desde finales de 2027.
Detrás del dinero hay nombres que reflejan el peso del proyecto: empresas de Canadá, Noruega, Alemania, China, Estados Unidos y Chile han manifestado interés.
«Hay canadienses, noruegos, alemanes, chinos, estadounidenses, chilenos; hay de todo», señaló el secretario Walter Julián Ángel Jiménez. La inversión es, según confirmó la dependencia, «prácticamente al cien por ciento privada». El gobierno estatal no aportará recursos directos; su función será gestionar permisos, derechos de vía y coordinación institucional.
Hasta aquí, el panorama luce prometedor. El problema está en lo que el funcionario dejó dicho entre líneas.
Lo que salió mal — y lo que quedó en tribunales
El anuncio no llega en el vacío. Ejidatarios de Tamaulipas mantienen hoy una batalla legal activa para revisar contratos firmados con empresas eólicas de la primera generación, acuerdos que consideran desventajosos y en los que, según reconoció el propio secretario, se modificaron condiciones originalmente pactadas. «Esto no se hizo antes, por eso el problema», afirmó Ángel Jiménez al referirse a la falta de vigilancia sobre los mecanismos de contraprestación.
La declaración es contundente porque viene de adentro. No es una denuncia de ejidatarios, ni una crítica de organizaciones civiles: es el mismo funcionario del gobierno estatal reconociendo que la supervisión falló y que eso derivó en conflictos que hoy siguen sin resolverse por completo en los tribunales agrarios.
Las nuevas reglas — y lo que falta por ver
Para esta segunda ola, la Secretaría prepara lineamientos que establecerán condiciones claras desde el inicio: pagos transparentes por arrendamiento, información accesible para las comunidades y compromisos adicionales de las empresas con las regiones donde se instalen. «Las empresas se puedan comprometer a obras emblemáticas y a apoyos directamente a las comunidades», indicó el secretario.
También descartó que los nuevos desarrollos impliquen pérdida de tierras. «Ninguna, en ningún lado», respondió al ser cuestionado sobre el punto, asegurando que todos los proyectos se realizarán mediante acuerdos de arrendamiento negociados. La promesa de que los ejidatarios podrán «seguir disfrutando también de las tierras» es, a la vez, una garantía y un recordatorio de que en el pasado eso no siempre ocurrió.
Lo que todavía no existe es una cifra oficial sobre el monto total de inversión que llegará con esta nueva etapa. Especialistas estiman que podría alcanzar varios miles de millones de pesos cuando todos los proyectos entren en construcción, aunque sin datos duros la proyección permanece en el terreno de la expectativa.
El reto real para el gobierno tamaulipeco no es atraer inversión — eso, al parecer, ya está resuelto. El reto es demostrar que esta vez los productores rurales que ceden sus tierras al viento y al sol recibirán lo que les corresponde, sin necesidad de recurrir a un juez para exigirlo.
