Nora Marianela García Rodríguez
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Cuando el chapopote alcanzó las costas tamaulipecas a principios de 2026, arrastrado por una fuga que Petróleos Mexicanos tardó semanas en reconocer, el episodio pareció un accidente aislado, sin embargo, era la expresión más visible de un pasivo que el suelo del estado carga desde hace generaciones, de modo que el daño ambiental en Tamaulipas no empieza en el litoral ni termina con una playa limpia, sino que se acumula tierra adentro, capa sobre capa, hasta colocar a la entidad en el segundo lugar nacional de contaminación.
El dato proviene del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026- 2030, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Diario Oficial de la Federación, donde Tamaulipas concentra alrededor del 13% de los mil 114 sitios contaminados identificados en todo el país, una posición que solo cede ante Veracruz y que ningún gobierno suele exhibir, porque hablar de suelo dañado es hablar de aquello que no se ve, no se mide a diario y rara vez aparece en un informe de obra.
La fotografía nacional ayuda a dimensionar el problema, pues en México existen mil 114 sitios contaminados reconocidos oficialmente, donde predominan los daños por hidrocarburos con mil 15 puntos, seguidos de metales y metaloides, una proporción que confirma que la huella ambiental del país está marcada, antes que nada, por el petróleo y su larga cadena de extracción, transporte, refinación y distribución.
Donde hay petróleo, hay daño
Los hidrocarburos no se quedan donde caen, porque en estados de planicie costera como Tamaulipas los contaminantes migran con facilidad hacia el subsuelo y los mantos freáticos a través del drenaje natural del terreno, con lo cual un derrame en tierra firme puede terminar, semanas después, en el agua que abastece a una comunidad, lo que convierte cada sitio dañado en un riesgo sanitario de largo alcance y no solo en una mancha sobre el paisaje.
Medido por superficie, el peso de Tamaulipas resulta todavía más severo, pues el Inventario Nacional de Sitios Contaminados estimó una extensión dañada de 10 millones 778 mil metros cuadrados en el territorio nacional, de los cuales Chihuahua aporta 30.6%, Tamaulipas 28.9% con 3 millones 118 mil metros cuadrados, y Veracruz 18%, con lo que apenas tres estados concentran las tres cuartas partes del suelo herido del país.
El número de sitios también creció, de ahí que la tendencia preocupe incluso más que la posición, porque mientras en 2019 se contabilizaron 913 áreas con esta carga de efectos nocivos, para 2023 la cifra subió a mil 114, un aumento que la propia Semarnat atribuye a la falta de políticas sustentables y a la limitada capacidad técnica y económica de los estados para remediar su entorno.
Por número de puntos, Tamaulipas figura solo detrás de Veracruz, que registró 329 sitios, mientras la entidad acumuló 142 y Tabasco 70, de manera que el corredor del Golfo de México vuelve a aparecer como el epicentro del problema, no por casualidad, sino porque ahí se concentran las instalaciones que extraen, transforman y mueven la mayor parte del petróleo nacional.
El contraste con el resto del país resulta revelador, porque mientras algunas entidades sin tradición industrial registran apenas un puñado de sitios, los estados del Golfo acumulan décadas de infraestructura energética sobre su suelo, con ello la geografía de la contaminación en México coincide, casi punto por punto, con la geografía del petróleo, lo que confirma que el problema es estructural y no producto del azar de una administración.
En Tamaulipas, el origen del daño tiene nombre y geografía, ya que se concentra en derrames de hidrocarburos, actividad industrial, residuos peligrosos y accidentes carreteros, una combinación que no es casual, sino el resultado de un estado atravesado por ductos, refinerías, un corredor petroquímico y una de las redes de carga más transitadas del país por su condición de frontera con Estados Unidos.
El factor carretero suele pasar inadvertido, no obstante, pesa, porque las volcaduras de tractocamiones que transportan combustibles y químicos se convierten con frecuencia en derrames que contaminan cunetas, suelos y escurrimientos, de modo que la misma red logística que sostiene el comercio exterior tamaulipeco funciona, al mismo tiempo, como una fuente difusa y constante de contaminación que rara vez se contabiliza con precisión.
El hilo de Pemex
La conexión con Petróleos Mexicanos es el hilo que ordena buena parte del problema, pues entre 2020 y 2025 la empresa registró 3 mil 951 derrames que impactaron a 29 de las 32 entidades del país, con 76% de los eventos concentrados en el corredor del Golfo de México, donde Veracruz, Tabasco y Tamaulipas conviven con ductos, refinerías y plataformas a un costado de humedales, manglares y sistemas marinos.
La tendencia no se ha detenido, al contrario, se ha intensificado, ya que desde octubre de 2024 hasta marzo de 2026 Pemex acumuló mil 490 derrames y fugas, un volumen 56% mayor al reportado en un periodo equivalente del sexenio anterior, con Tamaulipas en el tercer sitio del corredor por número de incidentes, detrás de Veracruz y Tabasco, por ello el pasivo ambiental sigue creciendo mientras apenas se discute cómo limpiarlo.
El derrame de 2026 expuso con crudeza cómo opera la respuesta institucional, porque la fuga en un oleoducto de 36 pulgadas, conocida internamente por Pemex entre el 4 y el 17 de febrero sin hacerse pública, terminó arrojando chapopote sobre más de mil 100 kilómetros de litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas, según documentaron organizaciones civiles que exigieron sanciones, transparencia y reparación integral del daño.
La magnitud de la limpieza ofrece su propia medida, pues las autoridades federales reportaron la recolección de 915 toneladas de residuos de crudo mezclados con arena y sargazo, además de más de mil recorridos en localidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, una operación que reveló tanto la dimensión del desastre como la tardanza con que se activaron las alertas para las comunidades costeras.
El caso de 2026 dejó al descubierto un patrón difícil de ignorar, ya que el intervalo entre el inicio de la fuga y su reconocimiento público mostró que la información ambiental todavía se administra como un asunto reputacional antes que como un derecho ciudadano, en consecuencia, la opacidad no es un defecto accesorio del sistema, sino una pieza que permite que el daño crezca antes de que alguien tenga que responder por él.
La sociedad civil terminó por suplir esos vacíos de información, ya que organizaciones ambientales documentaron por su cuenta la extensión del derrame, mapearon las afectaciones y exigieron a las autoridades alertas tempranas y protocolos claros de protección a la salud, de modo que el monitoreo ciudadano operó, una vez más, como el primer filtro de alerta frente a un daño que las instituciones tardaron en reconocer.
El sur que vive del agua
Detrás de cada cifra hay un territorio que se sostiene del agua y de la costa, pues en el sur del estado la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira agrupa cerca de un millón de habitantes alrededor del río Pánuco, del sistema lagunario del Tamesí y de un puerto industrial que produce buena parte de las resinas plásticas del país, por lo que cualquier descarga se mide no solo en metros cuadrados, sino en pesca, agua potable y salud pública.
El agua es el eslabón más vulnerable de toda la cadena, porque el sistema lagunario del Tamesí constituye una de las principales reservas de agua dulce de la zona conurbada del sur, de manera que la presión industrial sobre ese cuerpo de agua no compromete únicamente a los ecosistemas, sino al abasto de cientos de miles de habitantes que dependen de él para consumo, servicios y actividad productiva.
El corredor petroquímico del sur ilustra la tensión de fondo, ya que es a la vez motor económico y foco de presión ambiental, de ahí que en 2025 diez plantas instaladas en Altamira hayan cubierto un impuesto estatal por emisiones contaminantes mientras otras 17 empresas se ampararon contra el gravamen, un episodio que muestra cómo la regulación local empieza a ponerle precio a la contaminación del aire, aunque la industria todavía discuta cuánto le corresponde pagar.
Esa industria no es nueva, por ello su huella es profunda, ya que el corredor de Altamira y Tampico se asentó desde la década de 1960 y se densificó en los años ochenta con plantas petroquímicas que hoy producen buena parte de los polímeros nacionales, por lo que el sur tamaulipeco acumula más de medio siglo de actividad química sobre un mismo suelo, con todo lo que ello implica para los acuíferos, las lagunas y el aire que respira la zona conurbada.
La refinación deja su propia firma sobre el territorio, ya que la operación de complejos como la refinería de Ciudad Madero, una de las más antiguas del sistema nacional, implica el manejo permanente de crudo, residuos y emisiones que durante décadas se han depositado sobre el mismo entorno urbano e industrial, de ahí que la huella ambiental del sur no se explique por un evento, sino por la suma sostenida de una actividad que nunca se detiene.
El aire de la zona conurbada arrastra su propio déficit, ya que históricamente el monitoreo sistemático de la calidad atmosférica en Tampico, Madero y Altamira ha sido intermitente, por lo que la población convive con emisiones de una de las concentraciones petroquímicas más grandes del país sin contar siempre con datos
públicos, oportunos y verificables sobre lo que respira todos los días.
El costo en cuerpos y oficios
En la franja costera el daño se traduce en vidas concretas, ya que pescadores y prestadores de servicios turísticos resienten de inmediato cualquier presencia de hidrocarburos en el agua, que reduce capturas, ahuyenta visitantes y deja sin ingreso a familias que dependen del mar, de modo que un derrame no solo mancha una playa, sino que interrumpe una economía local que ya operaba al límite.
La salud pública es la frontera final de todo este recuento, ya que la exposición prolongada a hidrocarburos y a residuos peligrosos se asocia con afectaciones respiratorias, dermatológicas y de mayor gravedad cuando el contacto es sostenido, por ello el costo de un suelo o de un agua contaminados no se liquida con la limpieza visible, sino que se prolonga en consultas, padecimientos y gasto sanitario que pocas veces se suma a la cuenta del daño ambiental.
Aquí aparece una de las grietas más serias del problema, porque medir la contaminación depende de inventarios que se actualizan con lentitud, de monitoreo que no siempre es sistemático y de responsables que no siempre se identifican, razón por la cual la cifra oficial de sitios contaminados probablemente sea un piso y no un techo, ya que solo se registra aquello que alguien documentó, denunció o no pudo ocultar.
El derecho a saber está reconocido, aunque rara vez se ejerce con plenitud, porque la legislación ambiental obliga a las autoridades a generar y difundir información sobre la calidad del entorno, mientras en los hechos los inventarios se publican con rezago, el monitoreo se interrumpe y las comunidades se enteran del riesgo cuando el daño ya es visible, de modo que la transparencia ambiental sigue siendo una promesa de cumplimiento desigual.
La ley es clara en el papel, no obstante, se cumple a medias, porque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga a quien contamina a remediar el daño, mientras la práctica muestra expedientes que avanzan despacio, empresas que litigan sanciones y sitios localizados desde hace años que siguen sin atención, de manera que el principio de quien contamina paga se queda, con frecuencia, en mero enunciado.
Una vigilancia federal
Buena parte de la vigilancia ambiental escapa al ámbito estatal, ya que la regulación de los hidrocarburos recae en instancias federales como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Profepa y la propia Semarnat, de tal forma que cuando el contaminante es Petróleos Mexicanos o un ducto bajo jurisdicción federal, los estados quedan con un margen estrecho de acción y dependen de que la federación investigue, sancione y obligue a remediar.
La capacidad de sanción existe, aunque su alcance es limitado, ya que la Profepa ha clausurado en distintos momentos empresas del corredor sur por exceder los límites de emisiones a la atmósfera o por irregularidades en el manejo de residuos peligrosos, sin embargo, esas medidas atienden casos puntuales y no revierten el pasivo acumulado, que exige recursos, tecnología y plazos muy superiores a los de una clausura administrativa.
El propio diagnóstico federal reconoce el rezago, toda vez que la Semarnat se comprometió a actualizar el inventario nacional, a dar seguimiento a los responsables y a integrar cuencas y zonas prioritarias dentro de su estrategia 2026-2030, un reconocimiento que equivale a admitir que durante años el país acumuló pasivos ambientales sin un mecanismo eficaz para cerrarlos, y que revertir ese deterioro será un proceso largo y costoso.
La jerarquía de prioridades federales agrega un riesgo adicional para Tamaulipas, porque el plan nacional concentra su atención más urgente en el saneamiento de ríos del centro del país, como el Atoyac, integrado al listado de compromisos presidenciales, por lo que las entidades del Golfo, pese a encabezar las estadísticas de contaminación, podrían quedar en un segundo plano dentro de una estrategia que reparte recursos escasos entre demasiados frentes.
El horizonte que fija la federación llega hasta 2030, no obstante, las metas todavía suenan a intención más que a calendario, porque actualizar inventarios, identificar responsables y remediar miles de sitios exige una coordinación entre federación, estados y empresas que históricamente ha fallado, de modo que el plazo corre mientras el pasivo permanece y el costo de no actuar se acumula en silencio.
La economía de la remediación es el dato más duro de todo el balance, porque limpiar un sitio contaminado por hidrocarburos puede costar varias veces más que prevenir el derrame que lo originó, y cuando el responsable desaparece, quiebra o no se identifica, el costo recae en el erario, con lo que cada pasivo huérfano se transforma en una factura pública que compite con escuelas, hospitales y caminos por el mismo presupuesto limitado.
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