Por. Josué Sánchez Nieto
La reciente iniciativa presentada en Aguascalientes para expedir una ley de protección, inclusión y atención a la neurodiversidad abrió una conversación que vale la pena traer a Tamaulipas.
Y no porque debamos replicar todo lo que ocurre en otros estados, sino porque esta propuesta nos obliga a cuestionarnos si nuestro marco jurídico responde y atiende esta realidad social.
Durante los últimos años, muchas entidades federativas han construido leyes relacionadas con el autismo; Tamaulipas no es la excepción. Contamos con una Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo. Es decir, no partimos de cero: existe una base legal y un reconocimiento institucional de una realidad antes ignorada.
El problema es que, en buena parte del país, estas leyes nacieron bajo una mirada y una perspectiva muy limitada: preponderantemente atender el autismo, proteger derechos mínimos y ordenar algunas acciones de salud, educación y asistencia.
Efectivamente, todo eso es importante, pero, en la actualidad, ya no es suficiente. La discusión pública avanzó, la realidad de las familias cambió y las personas neurodivergentes exigen una respuesta más amplia que una ley pensada solo desde la atención clínica o asistencial.
Partimos de una premisa muy simple, pero en gran medida desconocida para muchos: la neurodivergencia no se reduce únicamente al autismo; Incluye distintas formas de procesar información, aprender, comunicarse, regular emociones y relacionarse con el entorno.
Muchas personas viven con TDAH, dislexia, dispraxia, discalculia, síndrome de Tourette, altas capacidades u otras condiciones que, sin comprensión adecuada, terminan convirtiéndose en exclusión, burla, rezago escolar, discriminación laboral o abandono institucional.
Por eso, es importante que este debate no sea abordado desde el prejuicio; hay que decirlo como es: no se trata de atender “chiflazones”, modas o etiquetas pasajeras. Se trata de reconocer que no todas las personas aprenden igual, trabajan igual, se comunican igual o enfrentan el mundo de la misma manera.
Entonces, un Estado que se presume humanista e incluyente no puede exigirle a la ciudadanía que se adapte a instituciones rígidas o diseñadas para un solo tipo de persona.
En Tamaulipas, el reto es pasar de una ley centrada en la atención y la protección, hacia un modelo que garantice accesibilidad, ajustes razonables, participación plena, entornos incluyentes y eliminación de barreras.
Esto implica mirar más allá del diagnóstico y preguntarnos qué pasa en la escuela, el trabajo, los hospitales, el transporte, la cultura, la justicia, la seguridad pública y la vida comunitaria.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿la legislación vigente en Tamaulipas alcanza para eso? La respuesta exige honestidad. Nuestra ley representa un avance, pero requiere una revisión integral.
No basta con agregar conceptos modernos a una norma si las instituciones siguen funcionando igual; tampoco basta con cambiarle el nombre si no se crean obligaciones claras, presupuesto, capacitación, coordinación, evaluación y participación directa de las personas neurodivergentes y sus familias.
Una reforma seria tendría que asumir un enfoque de derechos humanos, no de caridad. Tendría que reconocer la neurodivergencia como parte de la diversidad humana, sin negar que muchas personas enfrentan barreras reales que deben ser atendidas. Tendría que obligar a las autoridades a diseñar políticas públicas transversales, medibles y verificables. Y, sobre todo, tendría que escuchar a quienes viven estas realidades todos los días.
Aguascalientes puso el tema sobre la mesa nacional. Tamaulipas tiene la oportunidad de discutirlo con madurez, sin ocurrencias y sin prejuicios. La inclusión no se decreta con buenas intenciones; se construye con leyes útiles, instituciones sensibles y condiciones reales para ejercer derechos.
Porque hablar de neurodivergencia no es hablar de excepciones: es hablar de dignidad, igualdad y respeto.
