Por. Juan Carlos López Aceves
Publicado esta semana, el informe mensual sobre la incidencia delictiva del fuero local, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dirige MARCELA FIGUEROA FRANCO, presenta la cifra actualizada de Tamaulipas sobre los incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, correspondiente al mes de mayo.
El dato es importante, porque el incumplimiento de estas obligaciones está tipificado como un delito, en el artículo 295 del Código Penal de Tamaulipas, con la siguiente redacción:
“Comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias, el que sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus descendientes, o a quienes está obligado a dotar los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia”.
A quien cometa este delito, se le impondrá una sanción de un año a seis años de prisión, y multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia.
Dicho lo anterior, me remito a la cifra del informe del SESNSP actualizada al mes de mayo de 2026, en donde los infractores de este delito suman 720 en los primeros cuatro meses del año.
Un promedio mensual de 144. Que supera el promedio mensual observado durante el año pasado, que fue de 130. Y superior hasta el momento, al de 2024 que fue de 125. Y por debajo de los 152, alcanzado en 2023.
Subrayo que, los 720 delitos de incumplimiento de obligaciones alimenticias, colocaron a Tamaulipas en el cuarto lugar del ranking nacional.
Viene a cuento lo anterior, para destacar la importancia que tiene la iniciativa suscrita por la diputada, EVA ARACELY REYES GONZÁLEZ, de la bancada de MORENA, para reducir este delito.
Presentada durante la sesión celebrada el pasado 20 de abril, la iniciativa en comento propone adicionar los artículos 299 bis, 299 ter y 299 cuater, al texto del Código Penal de Tamaulipas.
De acuerdo a la diputada REYES GONZÁLEZ, el problema no se encuentra en la tipificación del delito o en las sanciones a imponer, sino en “la brecha que se genera entre la sentencia condenatoria y su cumplimiento real, pues con frecuencia el sentenciado evade, difiere o incumple sistemáticamente la obligación alimentaria”. Lo cual provoca vulnerabilidad y apuros económicos, a quienes dependen de dicha prestación.
Tomando en cuenta el daño que provoca el incumplimiento de obligaciones alimenticias a las niñas y niños de Tamaulipas, y que la propuesta es clara y sencilla de entender, llama la atención que la iniciativa de la diputada REYES GONZÁLEZ, se encuentre congelada desde el 30 de abril pasado.
Hace más de mes y medio que se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera. Lo cual genera una pregunta para quienes las presiden, los diputados ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ y CLAUDIO DE LEIJA HINOJOSA: ¿Por qué no se ha dictaminado?
Parece que estamos nuevamente, frente un tema que incomoda a la 4T de Tamaulipas. Como el del Decreto 66-358, sobre los “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género”, ECOSIG, expedido el 17 de junio de 2025 y publicado apenas este 23 de junio de 2026.
Un año después, sin explicación alguna, la comunidad LGBTTTIQ+ celebra la entrada en vigor de esta acción legislativa, a partir de este miércoles.
