Por Antonio Hernández Mandujano
Expreso – La Razón
El alcalde Eduardo Gattás Báez, destituyó ayer al director operativo de Tránsito y Vialidad, José Luis Arroyo Negrete, tras acumular más de 15 quejas ciudadanas por presuntos abusos de autoridad cometidos durante operativos antialcohol.
La salida fue inmediata, sin agotar el procedimiento ordinario ante la Comisión de Honor y Justicia, y deja abierta una investigación que podría extenderse a otros funcionarios de la corporación.
La decisión se produjo luego de que el propio alcalde recibiera directamente las denuncias de ciudadanos que señalaron conductas de prepotencia, extralimitación de funciones y posibles violaciones a garantías individuales durante los retenes nocturnos. La acumulación de expedientes fue considerada suficiente para actuar sin esperar una resolución formal.
“En este momento estamos dando de baja al director operativo de Tránsito, Arroyo. Ya se le notificó por escrito y queda separado del cargo por pérdida de confianza”, declaró Gattás Báez ante los medios de comunicación.
Uno de los flancos más delicados que dejó al descubierto la crisis en Tránsito es el funcionamiento del alcoholímetro utilizado en los retenes.
El alcalde anunció que buscará reunirse con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la dependencia que suministra y certifica estos equipos, para verificar que su operación en Ciudad Victoria se ajuste a la normatividad vigente y descartar posibles manipulaciones en las mediciones.
La duda sobre la calibración o el uso correcto del dispositivo añade una dimensión más grave al caso: si se confirma alguna irregularidad en la operación del equipo, las quejas ciudadanas dejarían de ser solo señalamientos por conducta y podrían derivar en responsabilidades de mayor alcance.
Gattás Báez sostuvo ya una reunión con representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con quienes acordó dar seguimiento puntual a las denuncias y establecer un mecanismo de vigilancia sobre los operativos viales.
El acuerdo contempla supervisiones sorpresivas a los retenes antialcohol para verificar que no se cometan abusos y que los conductores no sean sometidos a procedimientos que vulneren sus garantías constitucionales. La presencia del organismo autónomo como observador externo representa una señal de que el Ayuntamiento reconoce que el problema rebasó el control interno.
El próximo lunes está programada una reunión entre personal del Ayuntamiento y la Comisión de Derechos Humanos para revisar carpetas de investigación, quejas formales y denuncias relacionadas con la autoridad vial.
En esa sesión también se evaluará si existen señalamientos contra otros funcionarios municipales que pudieran derivar en nuevas acciones disciplinarias o penales.
Por ahora no hay resolución formal sobre responsabilidades administrativas o penales del exdirector operativo, pero el propio alcalde reconoció que el volumen de señalamientos fue determinante para removerlo sin esperar ese proceso. Lo que se supo ayer es que hay expedientes y denuncias, pero aún no culpables formales.
El caso Arroyo Negrete pone bajo reflector el funcionamiento general de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, una corporación cuya operación cotidiana —los retenes, la aplicación de multas, el trato al conductor— rara vez es objeto de rendición de cuentas pública.
El alcalde aclaró que no está en contra de los operativos antialcohol como política de prevención de accidentes, sino de cualquier conducta que los desvíe hacia el abuso o la extorsión.
Los operativos nocturnos seguirán, pero ahora con un escenario distinto: supervisión externa, revisión del equipo, expedientes abiertos y la posibilidad de que más funcionarios sean señalados en los próximos días.
Lo que ocurra el lunes dirá si la destitución fue el inicio de una depuración o el gesto suficiente para contener una crisis.
