Hasta esta semana la fecha límite para registrar la línea telefónica era el 30 de junio, pero la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo mediante un nuevo calendario escalonado para el registro por último dígito del número, se extiende de agosto a diciembre del presente año. Este registro surgió de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2025 así como los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación cuyo fin es la seguridad pública mediante la eliminación del anonimato de los titulares de las líneas telefónicas. Pero ¿realmente nos protegerá o nos vulnerará?
El objetivo de esta medida es reducir la extorsión, el fraude y la usurpación de identidad, sin embargo, en la práctica puede potenciarlos, pues abrirá la puerta al SIM swapping -el fraude en el que un ciberdelincuente se hace pasar por el titular ante la compañía telefónica con el fin de duplicar su SIM, robar su información personal y vaciar sus cuentas bancarias-. También alimentará el mercado negro de SIM, pues la obligación de identificar cada línea creará una demanda de tarjetas anónimas y un incentivo para darlas de alta con identidades robadas.
Al Jazeera señaló en 2023 que en Filipinas se capturó a vendedores de SIM pre-registradas hasta 50 veces más caras que una sin registrar, y otro país afectado fue Indonesia, donde The Diplomat reportó en 2022 que alrededor de 1,300 millones de datos de registro de tarjetas SIM fueron puestos a la venta, ambos países tienen en común por ley el registro de las líneas telefónicas. En cuanto a México, tuvimos el RENAUT en el 2009 para frenar la extorsión y el secuestro, durante ese periodo la extorsión aumentó un 40%, hoy el panorama es aún más delicado porque la IA se utiliza para delinquir.
Ahora, respecto a los derechos vulnerados, el primero es la privacidad puesto que al ligar tu identidad al número, el registro revela quién eres, con quién te comunicas y en donde te encuentras, dando pauta a una vigilancia masiva. El segundo es la protección de datos personales, en razón de que impone un consentimiento forzado bajo la presión de entregar los datos personales o perder la línea. A lo anterior se añade el incumplimiento de varios de los principios rectores, entre ellos los de lealtad, información, proporcionalidad y consentimiento consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Otra realidad que tampoco se ha resuelto es la exclusión digital en las zonas rurales e indígenas, donde uno de los requisitos que solicitan algunas plataformas de registro es la validación de identidad, ya sea mediante selfie o escaneo de la identificación oficial, lo que imposibilita el trámite por la falta de conectividad. Nuestros derechos a la privacidad y a la protección de datos personales no son negociables, como sociedad, debemos exigir que tanto quienes recopilan nuestra información como las instituciones garantes los protejan con altos estándares internacionales.
Grecia Navarro
Click & Law
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