La herencia de los cargos políticos en el país es una práctica común, en todos los partidos políticos, que llegó a normalizarse; incluso familias enteras construyeron un gigantesco patrimonio familiar desde los cargos de elección popular: hermanos, primos, esposa, el primo de la prima, y en las boletas electorales los apellidos no cambiaban; le llamaban cacicazgos políticos; hoy la ley antinepotismo, parece que cambia las reglas para no ver las mismas caras en estos cargos que elige la ciudadanía.
Algo que gracias a los consensos en el Congreso Local, bajo el liderazgo de Humberto Prieto Herrera, no va a tener que esperar hasta el 2030, como sí sucede a nivel nacional con las elecciones federales.
Las restricciones principales de la reforma electoral, en el tema de heredar los cargos, es que los funcionarios o funcionarias postulen a familiares para sucederlos en el mismo cargo de elección popular, pero además, ahí sí emplazados para el 2030, impide la reelección consecutiva, para los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
A raíz de eso se ha generado incluso al interior de Morena, una corriente anti ley nepotismo, de quienes sus proyectos políticos alcanzaban a toda su descendencia.
Esta reforma iniciada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, elevada a rango constitucional, tiene la clara intención de sacar de los cargos de elección popular a familias que han transitado por décadas en los puestos; también quitar los cacicazgos y abrir la posibilidad a ciudadanos con mérito y capacidad a participar, en los procesos electorales.
En Tamaulipas, tenemos el más claro ejemplo de nepotismo en el caso Reynosa, con Maki Ortiz, actualmente Senadora, ex alcaldesa de “su municipio”, que dejó el mismo cargo su hijo, Carlos Peña Ortiz, actual presidente municipal de esa ciudad; familia que militaba en el pasado dentro del Partido Acción Nacional; se fueron al Partido Verde y Morena, en busca de los cargos; desde luego que no es la única familia: está el clan de los Verastegui, tanto Vicente como César, quienes han estado intercambiando cargos, se han heredado la alcaldía de Xicoténcatl -a donde también han llevado cónyuge y pretendían seguir con los hijos-, así como diputaciones locales y federales, pero además, la otra familia es los Cabeza de Vaca, que han hecho del servicio público un empleo más que bien remunerado.
El relevo generacional, de la clase política, ha estado en la familia, no en la sociedad; las candidaturas independientes, tuvieron esa intención, de que surgieran nuevos cuadros de políticos y políticas, de darle a la ciudadanía otras opciones, fuera de los mismos grupos de siempre, pero también los partidos políticos las arrebataron y volvieron a colocar las mismas caras.
La verdad es que al ver estas familias en un cargo, que luego se van a otro, y cada elección “caen parados” en los puestos, es inevitable preguntarse si el objetivo principal es servir a la sociedad, o preservar un proyecto familiar de poder. Si tuvieran un verdadero compromiso con las causas sociales, lo podrían hacer sin cargo, como los hacen cientos de activistas y voluntarios y voluntarias que están en organizaciones civiles en Tamaulipas y lo hacen fuera de espacios de la política electoral, solo por ayudar a un cambio en la sociedad.
Se espera que esta ley represente el fin del nepotismo en los cargos de elección popular, pero en realidad no lo elimina por completo. Su aplicación es temporal: durante los tres años posteriores a que una persona deje el cargo, ningún familiar con parentesco hasta el cuarto grado podrá postularse para sucederla. Sin embargo, una vez transcurrido ese plazo, sí podrá buscar la candidatura independientemente de que, como quiera, la puerta permanece abierta para la postulación a otros cargos. Es decir, la reforma frena la sucesión inmediata, pero no impide que, con el paso del tiempo, las mismas familias de siempre vuelvan a disputar el poder.
El nepotismo está tan arraigado en la política mexicana que una ley, por sí sola, difícilmente acabará con él. Durante años se han construido estructuras dentro de los partidos que han permitido a ciertas familias mantenerse cerca del poder. Por eso, el verdadero cambio no dependerá únicamente de una reforma, sino también de una ciudadanía dispuesta a dejar de votar por los mismos apellidos de siempre. Quizá cuando los cargos públicos dejen de ser vistos como un botín político y una vía de acceso a privilegios y recursos, disminuya también el interés por heredarlos entre familiares. Mientras eso no ocurra, ninguna ley será suficiente para erradicar una práctica que va más allá de las normas y forma parte de una cultura política que aún persiste.
