Por Staff
Expreso-La Razón
Será el próximo miércoles 1 de julio, cuando la Jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz, determine la vinculación o no a proceso de la ex Secretaria del Bienestar, identificada con las iniciales de su nombre YAC.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a la ex funcionaria estatal del delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, al autorizar 985.2 millones de pesos, para la adquisición de 2 millones 400 mil despensas.
Durante la audiencia que duró casi nueve horas, la juzgadora determinó la prisión preventiva justificada para la ex funcionaria estatal, quien en cinco ocasiones logró aplazar la audiencia inicial.
Primero la defensa presentó justificantes médicos para explicar la ausencia de YAC, señalando diversos problemas de salud, mientras que en la anterior audiencia, acudió sin abogados.
Pese a la medida cautelar dictada por la jueza, YAC mantiene vigente un amparo (105/2026) que la protege para no pisar la prisión en este caso radicado en la carpeta 733/2025, por lo que continuará su proceso en libertad.
Durante la audiencia que inició poco después de las 17:00 horas del jueves, YAC acusó a la Fiscalía Anticorrupción de perseguirla políticamente, por lo que la defensa solicitó que la audiencia fuera privada, lo que le fue negado.
El ministerio público presentó como pruebas de la acusación que realizan, facturas, requisiciones, comprobantes de pagos, entre otros documentos que presuntamente implican a YAC como la gestora de los contratos para la compra de despensas.
Fue la entonces Secretaria de Biestar Social, Verónica Aguirre de los Santos, quien interpuso la denuncia por hechos que habrían iniciado 12 de noviembre de 2021, cuando la imputada se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar Social.
El ministerio público presentó como prueba los contratos con las empresas JD Abarrotes y Perecederos SA de CV, y Aldecón SA de CV, que sumaron 985.2 millones de pesos.
Señalaron que la entonces Secretaria de Bienestar, habría solicitado al titular de Administración, autorizar una adquisición directa, lo que no correspondía, ya que esto se acredita para compras de hasta 6.5 millones.
Los contratos a los que se refiere el ministerio público se celebraron el 14 de diciembre de 2021 para la compra de 400 mil despensas por 99 millones 500 mil pesos.
Otro más el 26 de enero de 2022 por 99 millones 995,520 pesos; un tercero el 8 de marzo de 2022 por 119 millones 994,624pesos para 480 mil despensas; y un cuarto contrato el 14 de marzo de 2022 por 385 millones 200 mil pesos para un millón 440 mil despensas.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, por los montos, se requería una licitación pública para obtener las mejores opciones de compra, lo que no ocurrió, provocando un quebranto al erario público.
La defensa de YAC argumentó que la responsabilidad de la contratación solo correspondía a la Secretaría de Administración, ya que ella solo hacía el requerimiento.
Durante la audiencia, la ex titular de Sebien decidió defenderse solo a través de sus abogados, limitándose a señalar a la juez, cuando le dio la oportunidad de hacerlo, expresnado únicamente, “es mi deseo guardar silencio”.
La continuidad de la audiencia iniciar se llevará a cabo el 1 de julio a las 13:00 horas, de manera presencial, luego que la jueza negó a la defensa que la misma se celebrara vía Zoom.
Durante la misma, la defensa tiene la oportunidad de presentar pruebas para desacreditar la acusación del ministerio público y la Jueza determinará si vincula o no a YAC.
