El caso del ex director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, de agresión machista contra su esposa, vuelve a colocar en la agenda política, la importancia de imponer, como requisito indispensable, la Ley 3 de 3, para ejercer un cargo dentro del servicio público y no solo para quienes desempeñan cargos de elección popular; esta es una lucha de colectivos feministas que exigen: ningún agresor en el poder.
La llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, también conocida como Ley Yadira Sandoval, en reconocimiento a la impulsora de esta reforma, plantea que ningún agresor de mujeres pueda acceder a un cargo en el servicio público; el llamado sigue siendo: Ningún Agresor en el Poder.
Aunque aún no ha sido adoptada por todos los estados del país, su objetivo es cerrar el paso a quienes ejercen violencia de género, impidiendo que lleguen al poder público, en cualquiera de los ámbitos de ejecutivo, federal, estatal, municipal, o en los poderes legislativo y judicial, ya sea por elección, designación, o concurso.
La ausencia de esta ley, como requisito para acceder al servicio público, abre la puerta a que personas con antecedentes de violencia contra las mujeres ocupen espacios de poder. Esto no solo envía un mensaje de tolerancia institucional, sino que también puede colocar a los agresores en posiciones de privilegio, desde las cuales les resulta más fácil ejercer influencia, intimidar, o mantener mecanismos de control sobre sus víctimas, así como mantenerse en la impunidad y sostenerse como amenaza de género.
El caso del ex director de Pemex, que se viralizó a través de un video, donde se observa cómo el funcionario del gobierno federal agrede a su esposa en presencia de un menor, es un claro ejemplo de que no se aplica esta ley, porque el sujeto tenía ya antecedentes (salió una ex pareja del agresor, que también fue su víctima); lo grave es que un agresor en el poder tiene más dominio; por esta razón, hoy los colectivos feministas siguen de cerca este caso exigiendo cero impunidad.
La violencia de género no se detendrá por sí sola; se requieren consecuencias legales, sanciones efectivas, sea funcionario o no el victimario, así como capacitación, de talleres con perspectiva de derechos humanos y de las mujeres, para acotar el riesgo de reincidencia, como se hace con quienes ejercen violencia política en razón de género .
En México, actualmente se aplica esta ley, por las autoridades electorales, para quienes compiten por cargos de elección popular y aun así, existen en los Congresos, en las Cámaras, hombres con este tipo de antecedentes; en Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, siendo Senador del Partido Acción Nacional (ahora es diputado local), cometió violencia digital, al compartir imágenes de una joven, con comentarios misóginos; es decir, ahí está un ejemplo que no se cumple la ley, peor aún, con un blindaje para cometer este tipo de delitos impunemente.
A nivel nacional la activista Yadira Sandoval, sigue luchando porque esta ley se aplique en todos los estados y en todos los poderes; actualmente en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Chihuahua, ya han armonizado esta reforma para que no llegue ningún agresor al poder público, pero también hay que decirlo, no se cumple, pues el caso del ex Director de Pemex, es más que evidente.
En Tamaulipas, se tiene ya la iniciativa muy avanzada, para que llegue al Congreso del Estado y se apruebe esta reforma, que es parte fundamental para avanzar hacia la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer y que entre en vigor, para exigir a todos los servidores públicos, por designación, la carta de no deudores alimentario, de no antecedentes de agresión sexual, ni de violencia familiar.
El abuso nace del poder, la impunidad y el silencio también; es urgente instrumentar la ley 3 de 3 en todo el país; en todo el gobierno y en todos los poderes, acabar con esta otra parte que cobija al agresor y romper con las estructuras machistas que aún prevalecen en el sector público.
¡Ningún agresor en el poder!, es la demanda feminista, la lucha de las mujeres que defienden sus derechos; el estado mexicano debe tener no solo leyes, sino voluntad política para que en efecto, no exista ningún agresor en el poder.
