Por Staff
Expreso-La Razón
El gobierno de Tamaulipas mantiene abiertas 41 investigaciones administrativas contra igual número de notarías, derivadas de quejas ciudadanas por irregularidades que van desde cobros indebidos hasta despojos de propiedades con respaldo de la fe pública.
La Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales ejecutó cerca de 200 inspecciones en el estado, de los 325 fiats notariales existentes, 278 están en operación, y sobre ese universo se acumularon las denuncias, según la Secretaría General de Gobierno.
Las sanciones ya ejecutadas incluyen la cancelación de seis fiats y diez patentes notariales, además de renuncias voluntarias de titulares que prefirieron retirarse antes de enfrentar resolución formal, ninguno de los 41 expedientes activos tiene sentencia definitiva hasta la fecha.
El Poder Judicial del Estado confirmó la revocación de al menos una patente por fraude en procesos de dominio de bienes inmuebles, detectado por el Registro Catastral y Registral de Tamaulipas, y la Fiscalía General de Justicia mantiene carpetas de investigación abiertas por denuncias de particulares afectados.
La irregularidad de mayor impacto social es el despojo inmobiliario mediante escrituración fraudulenta, propietarios que se ausentaron de sus predios los encontraron transferidos a terceros sin haber celebrado ninguna compraventa, con escrituras formalizadas por notarios que avalaron la operación.
La Subsecretaría de Legalidad documentó ese patrón desde 2017 en Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y la zona conurbada del sur del estado, en todos los casos los dueños reales no participaron. en las operaciones que los privaron de su patrimonio.
La suplantación de identidad es el mecanismo técnico que hace posibles esos despojos, identificaciones falsas, poderes apócrifos y firmas usurpadas se presentan ante el fedatario público, quien da fe sin verificar la identidad real de quienes comparecen ante él.
En Reynosa se detectó la circulación de poderes notariales tramitados supuestamente ante un fedatario de Linares, Nuevo León, ya fallecido, con credenciales de elector con fotografías falsas, el Colegio de Notarios emitió alertas internas al gremio sobre esa modalidad de fraude.
La falsificación de sentencias judiciales representa la variante más sofisticada del fraude notarial, el Registro Catastral detectó casos en que documentos apócrifos de resoluciones judiciales se presentaron
ante notarios para acreditar dominio de inmuebles y escriturarlos a nombre de terceros.
El Poder Judicial respondió con un sistema de verificación mediante código QR que entró en vigor el 30 de marzo de 2026, las sentencias del tribunal pueden autenticarse en tiempo real antes de que el notario formalice cualquier acto dentro de su competencia.
Los cobros indebidos y la retención deliberada de trámites son las irregularidades más frecuentes en el volumen de quejas ciudadanas, escrituras retenidas, libertades de gravamen demoradas y honorarios superiores al arancel legal se repiten en notarías de varios municipios del estado.
El caso de mayor dimensión institucional involucra al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien entre el 7 y el 13 de septiembre de 2022, a días de concluir su mandato, entregó 28 fiats
y 48 patentes de aspirantes sin exámenes, sin expedientes completos y sin verificación de conocimientos.
La coordinadora jurídica del gobierno estatal documentó las anomalías de manera detallada: «No hubo exámenes, no había expedientes completos, tampoco había verificación de los conocimientos necesarios»,
cerca de 60 beneficiarios renunciaron voluntariamente a su fiat al reconocer las irregularidades.
El primer fiat cancelado fue el de la Notaría 170, otorgado a Alfredo Treviño Salinas mediante gestión. de la diputada panista Myrna Edith Flores Cantú, sin examen ni fundamento legal, entre los investigados figuran también Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado Félix Fernando García Aguiar, y Víctor Manuel Sáenz Martínez, exjefe de la Oficina del gobernador.
La investigación derivó en denuncia penal contra el exgobernador García Cabeza de Vaca, el exsecretario general Gerardo Peña Flores y la diputada Flores Cantú por el posible delito de tráfico de influencias, cuatro notarios beneficiados presentaron amparo para defender su situación.
En Reynosa, la Fiscalía General de Justicia abrió la carpeta NUC 33/2024 contra 15 notarios públicos, elementos de la Policía Ministerial Investigadora apostaron en el exterior de cuatro notarías.
mientras se extrajeron protocolos, folios, libros y apéndices correspondientes al período 2020-2024.
La documentación fue trasladada a la Dirección General de Notarías en Ciudad Victoria para su análisis, los delitos investigados no han sido revelados públicamente, los nombres de los implicados tampoco han sido difundidos, y la carpeta permanece activa sin resolución hasta la fecha.
NOTARIO DE VICTORIA ACUMULA QUEJAS
En Ciudad Victoria, el Lic. Carlos Hinojosa Cantú, titular de la Notaría 71, acumula quejas. por cobros indebidos, suplantación de identidad y retraso de trámites, y figura como demandado en el expediente civil 533/2024 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil.
En la zona sur, las notarías 125 de Ciudad Madero, a cargo de Rubén Solís Villalobos, la 277 de Tampico, encabezada por Elías Ernesto Sibaja, y la 193 bajo la titularidad de Héctor Álvaro Domínguez, fueron identificadas con riesgo de revocación desde febrero de 2025.
La crisis notarial tiene un componente estructural que trasciende las administraciones, la Ley del Notariado otorga al gobernador en turno facultad casi irrestricta para asignar patentes, sin contrapeso institucional efectivo ni padrón de acceso público actualizado.
La Comisión Federal de Competencia Económica ha señalado que ese modelo limita artificialmente la oferta del servicio notarial y favorece condiciones para la colusión, sin que los congresos locales hayan modificado las leyes en respuesta a esa advertencia.
La Ley del Notariado de Tamaulipas fue reformada el 29 de abril de 2026, 110 notarios operan ya en la plataforma de trámites telemáticos con firma electrónica, y el gobierno estatal prevé incorporar papel seguro y códigos QR en los documentos notariales como medidas adicionales de control.
