Por Staff
Expreso-La Razón
Las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el martes contra Óscar Guillermo Juraidini Silva y una red de nueve empresas dedicadas al contrabando de combustible están vinculadas con el caso de Carlos Eugenio Benítez Orta, ex funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detenido en Texas y extraditado a México el pasado 12 de junio.
Benítez Orta, de 46 años, se desempeñaba como jefe del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la ANAM y era responsable de la supervisión de verificadores en la Aduana de Matamoros, terminal fronteriza bajo control de las Fuerzas Armadas desde que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su militarización a principios de 2021.
Según las fuentes citadas por la Agencia Reforma, el ex funcionario facilitaba el cruce de pipas con capacidad de 55 mil litros cargadas con gasolina por el puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, a cambio de un soborno por cada unidad que lograba pasar la revisión aduanera.
La OFAC identificó a Juraidini Silva, de 41 años y originario de Matamoros, como operador financiero clave del CJNG, señalado por crear y operar empresas fachada, falsificar documentación aduanera y distribuir combustible de procedencia ilegal a una red de gasolineras.
Entre las compañías sancionadas junto con él figuran OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution, Jomadi Logistics & Cargo, OF Transportes, Ogui Fletes, Soma Transportes y Servicios, y Centro Cambiario La Peseta, todas con domicilio en Matamoros. También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65 años, a quien la dependencia estadounidense describe como contrabandista que pagaba cuotas a grupos criminales para facilitar el paso de combustible por las aduanas.
La OFAC precisó que la red generaba decenas de millones de dólares anuales para el CJNG, y describió con detalle el mecanismo empleado: empresas mexicanas con permisos formales compraban combustible a vendedores en Estados Unidos que, aprovechando relaciones con refinerías y distribuidores, lo adquirían en terminales de exportación y lo desviaban hacia una red interconectada de compañías fantasma en ambos países bajo control de organizaciones criminales.
El producto ingresaba a México en camiones cisterna, vagones de ferrocarril y embarcaciones, con frecuencia amparado en documentación aduanera falsificada. La propia dependencia citó estimaciones según las cuales entre una cuarta y una tercera parte de todo el combustible que se vende en territorio mexicano podría ser de procedencia ilícita.
El esquema documentado por la OFAC coincide, en su mecánica, con el que las fuentes atribuyen a Benítez Orta: empresas con permisos formales compraban combustible en Estados Unidos y lo introducían a México mediante documentos aduaneros falsificados —entre ellos Documentos de Operación para Despacho Aduanero, o Doda, alterados— para reportar la carga como aceite mineral u otro hidrocarburo de menor valor y evadir así el pago de impuestos correspondiente a gasolina.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió, de manera simultánea a las sanciones, una alerta complementaria dirigida al sector financiero estadounidense en la que advirtió que las empresas involucradas en el esquema lavarían fondos ilícitos mediante la adquisición de bienes de lujo, vehículos de alta gama, joyería y bienes raíces.
La acción del martes no es la primera vez que el Departamento del Tesoro dirige sanciones hacia estructuras criminales asentadas en Tamaulipas. En una acción previa, la OFAC sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por la organización que ejerce control territorial sobre la plaza de Nuevo Laredo, clasificada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera desde la administración Trump. En ese caso, la dependencia designó también al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., al que la OFAC señaló como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego, y espacio utilizado para intimidar a presuntos enemigos del cártel en sus instalaciones. La misma empresa operaba el Casino Diamante, con sucursal en Tampico, y un sitio de apuestas en línea, ambos incluidos en esa designación. Esa investigación fue coordinada entre la OFAC y un grupo de trabajo de seguridad nacional con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en sus oficinas de Laredo y San Antonio.
Tras las sanciones de esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México bloqueó las cuentas bancarias de los 11 sujetos designados —dos personas físicas y nueve empresas— y de nueve personas adicionales, tras identificar, según un comunicado de la dependencia, discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero de los involucrados.
En los últimos cuatro meses, autoridades federales y estatales han decomisado en Tamaulipas más de 3.35 millones de litros de combustible ilegal, con Reynosa como el municipio que concentra los mayores aseguramientos del estado, incluido un operativo el 29 de marzo en el que se localizaron más de dos millones de litros en un predio de esa ciudad. En abril, un cateo en Matamoros derivó en el aseguramiento de un centro de almacenamiento de hidrocarburos valuado en 8.3 millones de pesos.
