Por Staff
Expreso-La Razón
En 2021, Ahavat Logistics Solution, empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió 28 millones de pesos a una compañía implicada en una red de contrabando de combustible que ha sido cliente de las firmas estadounidenses que despacharon hacia México los cargamentos de los buques huachicoleros Challenge Procyon y Torm Agnes.
El pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a 2 ciudadanos mexicanos y 9 entidades vinculadas al contrabando de combustible relacionado con el CJNG, entre ellas Ahavat Logistics Solution, S.A. de CV.
Un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas señala que en octubre de 2024, la dependencia estatal solicitó a la empresa importadora JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. aclarar la procedencia de 100 depósitos a su favor emitidos por Ahavat Logistics Solution en 2021. Los pagos suman un total de 28 millones 221 mil 500 pesos.
JSC Servicios Aduanales fue notificada de las inconsistencias a través de su representante legal, Janeth Suhei López Campero. Sin embargo no se encontraron registros de que la empresa haya resuelto los señalamientos del gobierno de Tamaulipas.
JSC Servicios Aduanales es identificada como presunta socia comercial de Ikon Midstream en México, encargada de importar productos petrolíferos de la comercializadora estadounidense.
La compañía texana fue la responsable de despachar el cargamento del buque Torm Agnes, el cual introdujo ilegalmente 11 millones de litros de diésel a través de los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California, en marzo de 2025.
El esquema de contrabando consistía en ingresar el combustible simulando que se trataba de aceites y lubricantes. Así se elude el impuesto correspondiente en territorio mexicano.
En la plataforma de información sobre comercio exterior Veritrade, JSC Servicios Aduanales figura como importadora de productos provenientes principalmente de Estados Unidos y Colombia, con importaciones por un valor de 74.5 millones de dólares entre 2020 y 2023, así como exportaciones que ascienden a 297 mil 500 dólares en ese mismo periodo, siendo su principal producto importado los aditivos para aceites lubricantes, procedentes de Estados Unidos.
Según los registros de Veritrade, JSC Servicios Aduanales fue también uno de los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada de enviar a México la carga del buque Challenge Procyon, del cual en marzo de 2025 el gobierno mexicano decomisó 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, el aseguramiento más grande de huachicol en el país.
Ese mismo mes, en otro operativo en tierra, se aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, 3 camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo, entre otros materiales.
El decomiso histórico derivó en la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, señalados de liderar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, y la revelación de una red de huachicol de la que formaban parte otros elementos de la Marina mexicana.
Pese a que las autoridades judiciales mexicanas no han informado públicamente una investigación o acciones en contra de JSC Servicios Aduanales, el permiso de importación de la compañía fue “revocado totalmente” en junio de 2024, según el registro de contribuyentes suspendidos por Autoridad en el Padrón de Importadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Las causas de la revocación, según el documento, fueron: no presentar las declaraciones de los impuestos federales, no haber cumplido con alguna otra obligación fiscal, no contar con documentación que ampare las operaciones de comercio exterior y no atender los requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.
Permiso hasta abril de 2026
La extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió un permiso el 26 de junio del 2020 en favor de Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. para llevar a cabo la comercialización de petrolíferos (diésel y gasolinas) al interior del país. La vigencia de la autorización se estableció por un periodo de 30 años.
De acuerdo con el permiso expedido, entre las obligaciones que debía cumplir la empresa está presentar información sobre los precios y volúmenes de comercialización de combustible de acuerdo con los reportes que solicite la comisión para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión.
El acuerdo de resolución que autorizó otorgarle el permiso a la empresa, que ahora está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, fue firmado por los entonces comisionados Hermilo Ceja Lucas, José Alberto Celestino Isaacs, Norma Leticia Campos Aragón, Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata, Luis Guillermo Pineda Bernal y el entonces presidente de la Comisión, Leopoldo Vicente Melchi García.
En los registros de la actual Comisión Nacional de Energía (sucesora de la CRE), Ahavat Logistcs Solution todavía mantenía vigente su permiso de comercialización de combustible hasta abril del presente año.
Complicidad en Aduana de Matamoros
Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva —sancionado el pasado 30 de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una red de contrabando de combustible—, funge actualmente como funcionaria de la Aduana de Matamoros, terminal por la que, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), habrían ingresado ilegalmente al país millones de litros de huachicol fiscal.
De acuerdo con información de los portales Nómina Transparente y Declaranet citada por MCCI, Juraidini Silva labora desde agosto de 2019 como Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros. Se trata del mismo cargo que, según sus propias declaraciones patrimoniales, ocupó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, quien de acuerdo con fuentes consultadas por Grupo Reforma facilitaba desde esa misma aduana el cruce de pipas cargadas de combustible de contrabando pertenecientes a la red de Óscar Juraidini, a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. Benítez Orta fue detenido en Texas y extraditado a México a inicios de junio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó el 30 de junio a Óscar Juraidini Silva y a varias empresas transportistas bajo su control en la lista de sancionados, al señalarlo como parte de una red de huachicol fiscal que generó ganancias por decenas de millones de dólares para el CJNG en los últimos años. La dependencia estadounidense lo describe como la mente maestra detrás de varias de las operaciones financieras del cártel. Fuentes consultadas por MCCI sostienen, adicionalmente, que Juraidini Silva controlaba los puentes fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en Matamoros.
De acuerdo con declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021 revisadas por MCCI, Analee Juraidini Silva llegó a tener bajo su control, dentro de esa misma aduana, la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), utilizado por las autoridades aduaneras para registrar y dar seguimiento al estatus legal y destino final de las mercancías embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La funcionaria aparece en la última nómina vigente publicada en el portal Nómina Transparente, correspondiente al 15 de junio, con un sueldo bruto mensual de 30 mil 890 pesos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado, en documentos previos sobre estructuras de huachicol fiscal, que los cárteles destinan parte de las ganancias de ese contrabando a financiar campañas de políticos dispuestos a ceder puestos administrativos clave dentro del gobierno que faciliten sus operaciones.
Benítez Orta, por su parte, laboró desde 2008 en el SAT y, a partir de 2024, en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), donde se desempeñó como Jefe de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros —el mismo cargo que ocupa actualmente la hermana de Óscar Juraidini— y, desde 2023, como Subdirector con funciones de supervisión de verificadores para el reconocimiento aduanero y la elaboración de actas de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), documento mediante el cual la autoridad formaliza el embargo de mercancías cuando detecta irregularidades en importaciones y exportaciones. Pese a haber sido detenido el 12 de junio, Benítez Orta continuaba apareciendo en nómina al momento de la publicación de la investigación de MCCI, con el cargo de Subadministrador de Operación Aduanera y un sueldo bruto mensual de casi 45 mil pesos.
MCCI documentó que no es la primera vez que familiares de presuntos integrantes de estructuras de crimen organizado ocupan cargos dentro del sistema aduanero mexicano. Julio César Carmona Angulo, hermano de Sergio Carmona Angulo —identificado en su momento como «el Rey del Huachicol» y posteriormente asesinado—, fue nombrado administrador de la Aduana de Reynosa en 2019, al inicio del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La organización publicó, un día antes de esta investigación, que el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, una de las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero vinculada al huachicol fiscal del CJNG, y por la cual fueron sancionados tanto J. Refugio Ruiz Villagómez como Óscar Guillermo Juraidini Silva.
La investigación de MCCI documenta, además, dos procesos judiciales previos relacionados con Óscar Juraidini. El 13 de marzo de 2025, presentó una demanda de amparo para exigir la devolución de dos tractocamiones y dos semirremolques cargados con combustible, incautados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo realizado el 15 de febrero de ese año en el municipio de China, Nuevo León, en el que además fueron detenidas dos personas. Por esos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo. Un juez de control calificó como ilegal la detención de ambas personas el 18 de febrero y, días después, dictó auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento total de la causa; el expediente público disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Órgano de Administración Judicial no detalla los motivos de esa determinación ni el rol de los detenidos. Acreditada la propiedad de los vehículos y del combustible, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Nuevo León concedió el amparo y ordenó a la FGR la devolución de las unidades a Juraidini.
En enero de este año, Óscar Juraidini presentó una segunda demanda de amparo, en este caso contra una orden de aprehensión en su contra. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León admitió el recurso y solicitó a Juraidini precisar con exactitud los hechos y las autoridades a las que atribuía dicha orden; ante la falta de respuesta, la demanda fue desechada.
