Por Staff
Expreso-La Razón
La Ley de Identidad de Género permanece sin aprobarse en el Congreso de Tamaulipas, pese a que la entidad reconoció en 2025 el derecho a la identidad de género en una ley específica, una omisión que mantiene a las personas trans en la vía del amparo para modificar su acta de nacimiento.
La iniciativa, presentada en junio de 2025, plantea permitir el cambio de nombre y sexo en el acta mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin evaluaciones médicas ni juicio, el mismo procedimiento que ya opera en la mayoría de las entidades del país.
El estado registra avances recientes en la materia, aprobó el matrimonio igualitario en 2022 al reformar el artículo 132 del Código Civil, expidió en mayo de 2025 la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI+, y este junio reformó la Ley de Salud y el Código Penal durante el mes del orgullo.
La Ley de Reconocimiento obliga a los 3 poderes y a los municipios a diseñar políticas de inclusión en salud, educación y trabajo, mientras la reforma sanitaria manda a instituciones públicas y privadas garantizar atención sin discriminación, disposiciones que el gobierno estatal integró a su agenda de igualdad.
En el terreno electoral el Instituto Electoral de Tamaulipas aplica acciones afirmativas que obligan a los partidos a postular a personas de la diversidad sexual para regidurías y diputaciones, una medida que abrió espacios de representación aunque no resuelve el reconocimiento documental.
A esas medidas se suma la instalación del COESIDA estatal en Ciudad Victoria y el reforzamiento de los CAPASITS, las clínicas que atienden a personas con VIH, según los acuerdos de las mesas interinstitucionales celebradas entre autoridades y colectivos a principios de año.
Pese a ese marco la Ley de Identidad de Género no ha llegado al pleno, de modo que las organizaciones estiman en más de 650 las personas trans que han debido recurrir al amparo o trasladarse a otro estado para que su identidad sea reconocida en documentos oficiales.
De manera proporcional los colectivos calculan entre 9 mil y 10 mil las personas trans, no binarias o de género fluido en Tamaulipas, la mayoría con documentos que no corresponden a su identidad, según las estimaciones que manejan las asociaciones civiles del estado.
Reconocimiento en la ley, amparo en la práctica
La ley vigente reconoce el derecho a la identidad de género, pero no establece el procedimiento para ejercerlo, por lo que el reconocimiento queda enunciado en la norma sin una vía administrativa que lo haga efectivo en la ventanilla del Registro Civil.
El amparo, la única vía disponible, requiere representación legal, varios meses de trámite y un costo que no toda persona puede cubrir, lo que en los hechos limita el reconocimiento a quienes disponen de recursos para litigarlo, advierten las organizaciones.
A ello se añade, según los colectivos, la exigencia de exponer la propia identidad ante una autoridad judicial, un requisito que las asociaciones consideran innecesario frente a un trámite que en otras entidades se resuelve en una oficina del Registro Civil.
El antecedente más cercano es el matrimonio igualitario, para el que se promovieron más de 140 amparos antes de su aprobación legislativa, un patrón que, de acuerdo con los colectivos, se repite ahora con la identidad de género, primero el litigio individual y después la ley.
La vía judicial contradice el criterio de la Suprema Corte, que ha establecido que exigir un juicio para reconocer la identidad de género resulta discriminatorio, y en febrero de 2026 la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados exhortó a Tamaulipas, junto con otros 7 estados, a legislar en la materia.
En el comparativo nacional, la mayoría de las entidades ya permite el cambio de acta por la vía administrativa o por una resolución judicial general, mientras Tamaulipas permanece en el grupo que conserva el requisito del amparo individual para cada solicitante.
Una población joven, subregistrada y excluida
Los datos oficiales dimensionan a la población, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI contabiliza 87 mil 614 personas LGBTI+ en Tamaulipas, 3.3% de la población adulta, el porcentaje más bajo del país junto con Baja California, frente a un promedio nacional de 5.1%.
Las organizaciones civiles atribuyen ese registro no a una menor presencia de la diversidad, sino al temor a la discriminación laboral, escolar y familiar en la entidad, un contexto en el que un documento que no coincide con la identidad incrementa la exposición de quien lo porta.
Dentro de ese universo, la encuesta del INEGI ubica a 51.7% de las personas como bisexuales y a 26.5% como gays u homosexuales, un desglose en el que el sector trans y no binario es el que la legislación pendiente dejaría sin cobertura documental.
La misma encuesta ubica a esta población en un rango mayoritariamente joven, más del 67% tiene entre 15 y 29 años, un sector que ingresa a la vida laboral y a sus primeros trámites con un derecho reconocido en la ley pero aún sin mecanismo para ejercerlo.
La falta de correspondencia entre el acta y la identidad complica gestiones cotidianas como conseguir empleo formal, abrir una cuenta bancaria o acreditarse ante una dependencia, según documentan las asociaciones que acompañan estos casos en el estado.
Esa exclusión tiene un costo público, ya que una población empujada a la informalidad no cotiza ni accede a seguridad social, lo que resta contribución económica y reproduce la desigualdad que las propias leyes de reconocimiento buscan revertir, de acuerdo con especialistas en políticas de inclusión.
Crímenes de odio sin tipificar y reclamos en salud
En el plano de la seguridad las organizaciones documentan al menos 17 mujeres trans asesinadas en los últimos años en Tamaulipas, con Reynosa y Matamoros como los municipios de mayor incidencia, en hechos que describen con un grado de violencia particularmente alto.
Tan solo en el primer semestre de este año, colectivos de la zona sur reportan al menos 4 casos, cifras que se sostienen en el registro del activismo ante la ausencia de un conteo oficial de crímenes de odio en la entidad.
Entre los casos de mayor difusión, en diciembre de 2025 Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del ayuntamiento de Reynosa y abiertamente gay, fue hallado sin vida con signos de violencia, un hecho que los colectivos retoman al exigir justicia y protocolos de investigación.
Las asociaciones señalan que el Código Penal estatal aún no tipifica el crimen de odio con un protocolo que obligue a investigar la identidad o la orientación de la víctima como móvil, lo que, sostienen, dificulta distinguir estos casos en las estadísticas judiciales.
En salud persiste otro reclamo, pese al reforzamiento de los CAPASITS, en clínicas federales del IMSS y el Issste se reportan desabastos de antirretrovirales como el Biktarvy, mientras los colectivos piden derogar las disposiciones que aún criminalizan el llamado peligro de contagio del VIH.
En las mesas interinstitucionales, las autoridades han descrito el proceso como un avance con paso firme hacia la igualdad sustantiva y como el paso del discurso a los resultados, en tanto que el dictamen de identidad de género continúa sin fecha de votación.
En ese marco este domingo Ciudad Victoria celebra su sexta Marcha del Orgullo LGBT+, convocada por la asociación Diversidad y Desarrollo Armónico A.C. y dedicada a la memoria de Orlando Guillén, impulsor de la primera marcha en la capital, con el respaldo del gobierno estatal y del ayuntamiento.
En paralelo las movilizaciones del orgullo realizadas este mes en el estado mantienen como eje la demanda de una ley de identidad de género y de justicia contra los crímenes de odio, las exigencias que los colectivos colocan al frente de su agenda legislativa.
En el diálogo con el gobierno participan la Comisión de Derechos Humanos del Estado y colectivos con trayectoria en la entidad, entre ellos Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, que preside Ana Karen López Quintana, y Tendremos Alas, que encabeza Celso Pérez Ruiz.
A la identidad de género se suman, en la agenda de los colectivos, la derogación de la criminalización del VIH, un cupo laboral trans y la adopción homoparental, derechos que, señalan, permanecen reconocidos de manera parcial o frenados por trabas administrativas.
Las organizaciones recuerdan que la demanda no es nueva, desde la aprobación del matrimonio igualitario advirtieron que sería el primer paso de una agenda que incluía la identidad de género, el cupo laboral y los protocolos de atención, pendientes que el calendario legislativo no ha completado.
Mientras el dictamen no se vote, el reconocimiento del derecho a la identidad de género en Tamaulipas seguirá dependiendo de la vía judicial, una situación que las organizaciones resumen en una exigencia, que la ley no solo reconozca la identidad, sino que también permita ejercerla.
