Cuando Andrés Manuel López Obrador decidió liquidar el Seguro Popular, en la Secretaría de Salud de Tamaulipas todavía no se imaginaban lo qué vendría después. El INSABI apareció en enero de 2020 como respuesta al compromiso de universalizar la atención médica y nunca terminó de construir su propia estructura. Tres años después lo enterraron sin funerales.
En su lugar crearon el IMSS-Bienestar, que absorbió los restos del INSABI, un organismo que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Con esa nueva reestructuración, en Tamaulipas quedó una Secretaría de Salud reducida en sus funciones: entregó sus hospitales y pasó a ser una simple observadora de los problemas que antes atendía desde dentro, cuando aún contaba con los recursos, la infraestructura y las facultades para resolverlos.
El convenio que firmó en 2023 transfirió 367 unidades médicas al organismo federal: diecinueve hospitales y más de trescientos centros de salud. La secretaría retuvo funciones de rectoría, vigilancia epidemiológica y campañas preventivas. Conservó el nombre y perdió los instrumentos. La federalización manoseada en los discursos, nunca resolvió los problemas que sirvieron de pretexto para quitar a los estados el control del sistema de salud pública.
Los médicos especialistas siguieron escaseando. Los equipos hospitalarios con años de rezago siguieron sin reponerse y el desabasto de medicamentos, que el nuevo modelo debía corregir, se convirtió en la evidencia más contundente del problema.
Para dimensionar el tamaño del problema no hacen falta estadísticas. Bastan contar tres historias, todas ubicadas en el tiempo en 2025 y en hospitales de Ciudad Victoria.
Resulta que la hija de un amigo necesitaba una cirugía de vesícula y urgía la evaluación de un gastroenterólogo, pero no había un especialista disponible. A pesar de ser derechohabiente del IPSSET, tuvo que pagar de su bolsillo un estudio de CPRE. Cuando llegó el momento de realizarse la tomografía, en el Hospital de Alta Especialidad le notificaron por escrito que el tomógrafo estaba fuera de servicio y que permanecería así durante un tiempo prolongado. El estudio terminó haciéndoselo en el Hospital Providencia, también pagado de su bolsillo. De regreso al hospital le informaron que tampoco existían las condiciones para practicar la cirugía y finalmente la operación se realizó en Medical Norte, nuevamente con recursos propios, pese a ser derechohabiente.
Otro caso dramático: una maestra ingresó al ISSSTE con un problema hepático severo y no había hepatólogo ni gastroenterólogo disponible. Después de largos días de espera, la respuesta fue que no se podía hacer nada. La familia decidió viajar a Monterrey y atenderla en el Centro del Hígado del Hospital Universitario. El delegado del ISSSTE se desentendió del caso. El entonces secretario de salud Vicente Joel Hernández Navarro intentó resolver el problema pero lo más que pudo hacer fue pedir una disculpa y, a título personal, recomendar a la paciente con un amigo suyo en aquel hospital.
Por esos mismos días un neurólogo del IMSS diagnosticó en una consulta como particular un tumor craneal que requería cirugía inmediata. El costo era de 500 mil pesos que la familia tendría que cubrir, porque en el hospital del IMSS no se podía operar. La paciente estuvo encamada durante semanas sin respuesta ni apoyo institucional y finalmente alguien la canalizó a la clínica regional del IMSS en Nuevo León, donde tras intentos fallidos por llevarla al quirófano, la intervinieron semanas después en un hospital saturado de casos similares.
Tres historias en tres instituciones distintas, —Hospital General, IMSS e ISSSTE— el mismo resultado: la familia tuvo que resolver sola lo que el sistema no fue capaz de enfrentar.
Los trabajadores tampoco encontraron la estabilidad que se les ofreció. La transferencia al IMSS-Bienestar quedó en suspenso porque el organismo federal no tenía presupuesto para absorber salarios y prestaciones. El sindicato documentó estímulos atrasados desde 2024, vacantes sin cubrir y personal en basificación que no avanzaba.
El padrón oficial de IMSS-Bienestar registró en 2025 poco menos de doscientos cuarenta y cinco mil beneficiarios activos en Tamaulipas, el 24 por ciento de la población sin seguridad social. El resto, más de setecientas cincuenta mil personas, sigue sin cobertura. Ese número explica el hacinamiento en urgencias y los tiempos de espera que se miden en meses para una cirugía programada.
La delegación del IMSS-Bienestar en Tamaulipas es un organismo disfuncional cuyo titular, Marggid Avendaño, tiene documentada su irresponsabilidad. Su pasión es el senderismo y suele pasar los días entre la sierra tomando fotografías mientras la atención en la delegación que encabeza es desastrosa. En las oficinas centrales se empeñan en mantenerlo porque sostenerlo es una forma de proyectar poder desde la federación.
En menos de cuatro meses la Secretaría de Salud del estado tuvo dos titulares. El primero salió entre señalamientos por desórdenes administrativos. La segunda duró noventa días y se fue el 30 de junio sin que el gobierno emitiera una sola línea de explicación.
Veremos que pasa ahora, con la llegada del doctor Ricardo Guerrero, un gran amigo del gobernador, de toda su confianza, el más cercano se sus colaboradores. Por lo pronto se que lo extrañarán en las oficinas principales de Palacio pero vale la pena que corresponda a su amigo y colega haciendo todo lo necesario para que los servicios de salud estén a la altura de las expectativas de los ciudadanos y de sus jefe.
