El primero de julio de 2026 fue una fecha significativa para la historia económica de México. Estados Unidos decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá -TMEC- por dieciséis años adicionales, como lo habrían preferido sus dos socios comerciales. En su lugar activó el mecanismo de revisiones anuales contemplado en el propio acuerdo, lo que mantiene el T-MEC vigente hasta 2036 pero bajo una nube de incertidumbre permanente: cada año los tres países se sentarán a renegociar los términos de su convivencia comercial.
Las repercusiones de esta decisión están por verse y es posible que sean significativas. La primera renegociación anual se dará a partir del próximo 20 de julio y sabemos que el interés de Estados Unidos incluye cambios de fondo.
Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no cambia casi nada: el tratado sigue en pie, ninguna de las partes anunció su retiro, y el mercado ya había descontado este escenario. Otros analistas son menos tranquilizadores. Señalan que sustituir un horizonte de dieciséis años por revisiones anuales introduce una incertidumbre estructural en las decisiones de inversión de mediano y largo plazo — el tipo de inversión que México necesita para crecer—. Y algunos van más lejos: si el libre comercio se encuentra en agonía, como ha diagnosticado el secretario Ebrard, el T-MEC bajo revisión anual y con un interlocutor errático en Washington podría estar entrando a una sala de cuidados intensivos.
Las exportaciones de México representan alrededor del cuarenta por ciento de su Producto Interno Bruto, y cerca del ochenta por ciento de esas exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. En términos prácticos, esto significa que una fracción sustancial de la actividad económica del país depende de lo que ocurra en la relación comercial con un solo socio. Ningún otro país del mundo tiene una dependencia comparable con una sola economía extranjera; esto implica una alta vulnerabilidad.
La gran promesa del presidente Trump es reindustrializar Estados Unidos y recuperar los empleos manufactureros bien pagados que sus propios conglomerados industriales trasladaron a otros países. Si esta es su perspectiva de renegociación puede tener como consecuencia agravar las tendencias negativas de la economía mexicana.
La inversión fija bruta en México acumula diecinueve meses consecutivos de contracción. En marzo de 2026 cayó 3.1 por ciento respecto al año anterior. La inversión privada retrocedió casi cinco por ciento en el mismo período. Una renegociación anual no brinda certidumbre suficiente para inversiones de largo plazo. El daño no será súbito sino que se manifestará como ausencia; inversiones que no llegan, desaceleración del dinamismo de un sector que hasta este momento se muestra exitoso pero que puede dejar de compensar la evolución negativa de los sectores que no crecen o incluso retroceden.
Ebrard tiene razón: el libre comercio internacional está en agonía y el nuevo orden comercial lo determina la geopolítica. No cabe competir con ilusiones de libre comercio, hemos entrado a la era del comercio administrado dirigido desde el poder público. Estados Unidos lo hace de manera implacable: aranceles, sanciones, acuerdos paralelos, advertencias e incluso demostraciones de fuerza.
El T-MEC —como antes el TLCAN— fue diseñado para promover las exportaciones del sector globalizado de la economía mexicana. Tuvo un momento de relativo éxito en 1995-2000, cuando la devaluación de finales de 1994 abarató de golpe la producción mexicana, la volvió instantáneamente competitiva y la exportación de manufacturas se disparó a un ritmo incluso superior al de las exportaciones chinas de entonces. De entonces a la fecha la obsesión a favor del fortalecimiento del peso deterioró la competitividad y nos sumió en el estancamiento económico. Peso fuerte y libre comercio son una combinación letal.
Mientras la atención pública se concentra en la manufactura de exportación, otra parte de la economía lleva años en franca retirada. El Indicador Mensual de la Actividad Industrial del INEGI muestra que entre marzo de 2018 y marzo de 2026 las industrias manufactureras en su conjunto crecieron apenas 4.8 por ciento en ocho años. Pero esa cifra agrega realidades muy distintas. La producción para el consumo interno ha sufrido fuertes deterioros en producción y empleo. Se debilita el subsuelo económico y social.
Durante décadas el éxito exportador disimuló la destrucción de la producción orientada al mercado interno. Ahora la posibilidad de que la renegociación del TMEC debilite al sector globalizado coloca al país entero ante un riesgo de crisis económica y social. El golpe de la incertidumbre puede traducirse en presiones cambiarias, inflación importada y deterioro del empleo formal. Preverlo y adelantarse es posible. Pero requiere un giro en la estrategia que vaya más allá de defender lo que existe.
La negociación anual que arranca el 20 de julio no debe limitarse a defender las condiciones de acceso al mercado estadounidense para la manufactura de exportación. Eso sería negociar solo la mitad del problema.
Hay temas que México debe poner sobre la mesa con la misma firmeza con que defiende las reglas de origen automotrices. El campo mexicano necesita espacios de protección explícitos en la renegociación. Recuperar la capacidad de decidir debe ser prioritaria.
La competitividad de las exportaciones mexicanas depende en gran medida del valor del peso frente al dólar, y hoy ese valor es determinado desde el exterior por flujos de capital que México no controla. La experiencia más contundente es que fue el peso competitivo de 1995-2000, más que el TLCAN, lo que disparó las exportaciones mexicanas por encima incluso del ritmo chino. Desde entonces la obsesión por un peso fuerte —refugio del capital financiero, y no de la producción— erosionó esa ventaja y nos instaló en el estancamiento.
Una política de tipo de cambio competitivo, administrada y no caótica, sería más poderosa para atraer inversión manufacturera y reactivar la producción interna que cualquier cláusula del tratado. Se requiere soberanía sobre el flujo de capitales: capacidad de regular su entrada y salida de manera que la paridad no sea rehén de decisiones tomadas en mercados financieros ajenos al interés productivo del país. Abandonar el dogma del peso fuerte es la condición previa de cualquier estrategia productiva seria.
La negociación anual ofrece, paradójicamente, una oportunidad. Si cada año se revisarán las condiciones del comercio, cada año habrá espacio para plantear no solo lo que México concede sino lo que México necesita: plazos para la reconversión industrial, protecciones transitorias para sectores en recuperación, reconocimiento de que la integración de cadenas de abasto internas, sustituyendo insumos importados de Asia, es una mejor respuesta que deshacer la integración productiva, pero demanda certidumbre y plazos realistas.
La tarea es doble. Integrar la exportación a cadenas de abasto internas y conectar la demanda nacional a proveedores mexicanos. Es precisamente lo que Estados Unidos pide cuando exige mayor contenido regional. Hay que negociar con precisión quién captura ese contenido adicional entre los tres países y al interior de México. En este último caso, si solo las plantas transnacionales ya instaladas, o también los proveedores medianos y pequeños que el modelo anterior dejó afuera.
Sumados un peso competitivo y una demanda administrada serían la plataforma de reactivación de un crecimiento integral de capacidades productivas y de incorporación de la población al bienestar.
